Miami.— Cuando los primeros vehículos blindados atravesaron el bulevar de Santa Mónica, California, con marines armados para custodiar edificios federales, la población angelina los vio pasar con estupor. “Jamás, jamás creí que esto pudiera suceder; parece ciencia ficción, una mala película. Pero desgraciadamente es verdad, envían a nuestros marines a enfrentarnos”, comenta Gregorio Casas, estadounidense de origen mexicano en Santa Mónica, a EL UNIVERSAL.
El profesor especialista en derecho constitucional Steve Vladeck, consultado por este diario, alerta que “es un paso muy fuerte; pero por ahora, al menos, no es algo drástico y esperemos que así siga”; esta advertencia resume el corazón de un debate: ¿qué ocurre cuando los militares, sin guerra, sin insurrección ni invasión, patrullan una ciudad de EU?
La legalidad y legitimidad del despliegue han sido puestas en duda por expertos. Vladeck explica que, si bien el presidente puede invocar el Título 10 del Código de EU para federalizar la Guardia Nacional y ordenar despliegues limitados, ese poder está condicionado a circunstancias específicas. “El uso del Título 10 para protección es legal y no infringe el Posse Comitatus Act”, aclara, refiriéndose a la ley de 1878 que prohíbe que las Fuerzas Armadas actúen como policía interna. Sin embargo, agrega que “es una jugada que prepara el terreno para una intervención más agresiva si así lo deciden después”.
Elizabeth Goitein, codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, advirtió en Just Security que la sección invocada por Trump fue diseñada para casos de rebelión o invasión, no para protestas civiles. “Proteger propiedades federales no equivale a militarizar una ciudad sin consentimiento del gobierno del estado [en este caso del gobernador Gavin Newsom]”, afirma. A esta crítica se suma el fiscal General de California, Rob Bonta, quien acusó directamente a Trump de violar el principio de soberanía estatal.
El escenario legal se vuelve aún más turbio cuando se considera que ni los marines ni la Guardia Nacional, bajo mando federal, están autorizados a realizar arrestos: su presencia está limitada a funciones de protección y logística, pero la proximidad de tropas militares “ha generado una percepción de ocupación en nuestras áreas que incrementa el miedo y la desconfianza”, dice Aurora Barca, residente angelina.
Desde la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), Hina Shamsi calificó el despliegue como “un peligroso abuso de poder”. “La autoridad invocada no responde a una emergencia genuina, sino a un deseo de imponer orden desde el centro hacia las periferias rebeldes”, dice a este medio. Su análisis converge con el de Vladeck, quien advirtió que este tipo de intervención se desliza hacia lo autoritario si se normaliza.
ACLU declara que “si no se detiene este abuso de poder ahora, Los Ángeles no será el único objetivo. El presidente Trump está intentando extenderse un cheque en blanco para usar al ejército para reprimir la disidencia y silenciarnos atemorizados. Es innecesario, peligroso y está mal”. Agrega que “[los estadounidenses] debemos actuar antes de que se produzcan más daños”; y pide que envíen mensajes a sus congresistas exigiendo que obliguen al gobierno de Trump para que retire al ejército de nuestras comunidades y anule la orden de despliegue. La Guardia Nacional federalizada y los marines no deberían tener ningún papel en el control policial de las protestas en nuestras comunidades civiles”.
Subraya que los marines no tienen ni de cerca el entrenamiento necesario para controlar las protestas y respetar los derechos constitucionales; “y usar a nuestras tropas para ello pone en peligro tanto a civiles como a militares. Además, usar las fuerzas armadas contra quienes protestan contra ICE es totalmente antidemocrático y contrario a nuestros valores”.
Para Vladeck, “la militarización urbana puede provocar más violencia y erosión de normas democráticas”. “Este despliegue parece ser un preámbulo cuidadosamente calculado, un tanteo hacia una posible escalada en caso de que las protestas continúen” y señala que la presencia de soldados, “aunque inactivos en términos operativos, altera la balanza de poder entre ciudadanía y Estado (...) Hoy es Los Ángeles, pero si esto se convierte en costumbre, mañana será cualquier ciudad donde se cuestione el poder presidencial”, advierte Vladeck.