Mientras millones de madres festejan este 10 de Mayo rodeadas de regalos, abrazos y mucho amor, existe otra realidad en varios países de Latinoamérica en donde muchas harán lo que llevan haciendo por meses o incluso años: buscar a sus hijos desaparecidos. En muchos casos, a sabiendas de que han muerto, lo hacen con la desesperación de querer encontrar al menos un hueso o un cuerpo al cual llorar. Y con el reclamo de justicia en la boca.
Para ellas no hay festejo. Sólo dolor y enojo.
Perú, Chile, Argentina, México, Colombia y Guatemala adolecen de lo mismo: mujeres que han tenido que salir a buscar a sus seres queridos que un día salieron… pero ya no regresaron.
Fue entre la década de los 60 y 70 cuando las desapariciones forzadas se convirtieron en un delito generalizado en la región, principalmente como parte de una ola de represión por parte de los gobiernos y dictaduras militares a fin de callar a aquellas personas incómodas y contrarias a los regímenes políticos. Pero ahora, a 50 años de distancia, es el crimen organizado el que más lo comete.
Uno de los casos más sonados de Colombia es el de Nydia Erika Bautista, desaparecida y asesinada por el Ejército en 1987. Su hermana Yanette inició una batalla legal para dar con los responsables y exigir justicia. En 1999 Yanette creó la Fundación Nydia Erika Bautista, que busca visibilizar desapariciones forzadas de niñas y mujeres bajo el conflicto armado que azotó al país. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado en 2022, 200 mil personas desaparecieron entre 1985 y 2016.
Otro país también afectado por las desapariciones forzadas es Guatemala, en donde su conflicto armado interno duró 36 años. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hasta el momento se contabilizan hasta 40 mil desaparecidos. Tras este hecho, surgió la Fundación de Antropología Forense, que ayuda desde 1997 a familias.
En Argentina, de acuerdo con cifras oficiales, durante el periodo de régimen militar entre 1976 y 1983, se contabilizan 30 mil desaparecidos y unos 500 bebés que nacieron en prisiones y campos de concentración fueron separados de sus madres y adoptados ilegalmente.
En Perú, según el Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el país registró el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo entre 1987 y 1990.
Sandra Lorenzano, directora del Centro de Estudios Mexicanos México-Cuba de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que las desapariciones forzadas “son una estrategia de poder para sembrar el terror porque el hecho de provocar la desaparición de una persona hace que permanente está presente la esperanza de encontrar a esas persona con vida (...) Hay una imposición del terror del miedo; ante la posibilidad de que cualquiera de nosotros puede ser víctima de desaparición forzada crea un ambiente de miedo”.
Para la especialista el que una mujer tenga que salir a buscar a sus familiares es un hecho que atraviesa a Latinoamérica desde el último siglo. Las familias no sólo quedan heridas y en algunos casos desintegradas, también se ven desprovistas de herramientas para dar con el paradero, o los restos. “¿Cómo no salir a buscar lo que sea y por dónde sea? Si ves que tus seres queridos no están volviendo a casa y son víctimas de desaparición forzada. Parece que nuestras madres son las Antígonas latinoamericanas y ni se cuestionan si pueden o no pueden salir: salen y se acabó. Ni se cuestionan si tienen o no tienen el apoyo gubernamental, salen a buscarlos con sus manos y esto sucede en todos nuestros países”, lamenta. Lorenzano, quien vive de carne propia esa situación al tener un familiar desaparecido, subraya que la herida por un padre, un hijo, una madre, un hermano desaparecido no se cierra jamás, porque no permite llorar la pérdida y cerrar el duelo. Destaca que entre las buscadoras de la región, al compartir esta herida de buscar a sus seres queridos, entre ellas se van transmitiendo experiencias y formas de trabajo.
“Lo que hicieron las abuelas de la Plaza de Mayo es transmitir esa experiencia o cualquier otro colectivo es eso… lo que hay es un camino ya recorrido, lo que hay es una transmisión de conocimientos y experiencias”, destaca en entrevista.
Su rol de cuidado se extiende
Cuando las mujeres se convierten en buscadoras su vida cambia completamente ya que dedican su tiempo, esfuerzo y energía para encontrar a sus seres amados, afirma Camilo Vargas, encargado de campañas de Amnistía Internacional en Colombia. Eso las pone en una situación vulnerable y llena de complejidades; incluso son revicitimizadas no sólo por las mismas autoridades e instituciones, sino también por la misma sociedad. Además, se suma la violencia institucional. A decir de Vargas, son principalmente las mujeres quienes salen a dar con el paradero de sus seres queridos ya que tiene que ver con el papel histórico de sus roles de cuidado al ser madres, esposas, hijas o hermanas. “Cuando un ser querido desaparece, tiende con el paso del tiempo a quedar esa función de buscar por parte de las mujeres como una extensión de sus roles de cuidado. Terminan siendo ellas y sus familias las encargadas de hacerlo, pero ellas por más que estén cuidando a la familia, ahora tienen que echarse al hombro la tarea de buscar. Por una mezcla de distintos tipos de situaciones, terminan siendo mujeres las que buscan y termina siendo una carga más que la sociedad les impone”, asegura. “Algo que es muy usual es ver que una mujer buscadora no sólo busca a su ser querido, sino que en el camino se va convirtiendo en el soporte de otras mujeres buscadoras y hay muchos ejemplos de algunas que no encuentran a sus seres queridos, pero sí que ayudan a muchas otras a encontrar y se convierten en redes y organizaciones, se convierten en verdaderas defensoras de derechos humanos”, precisa.
Entre trabas del gobierno y protocolos tardíos
Averiguar el paradero de sus seres queridos las vuelve víctimas: deben lidiar con las trabas y obstáculos burocráticos por parte del Estado y las condena al exilio. “Muchas lo hacen con o sin ayuda del Estado, esperan que las autoridades las ayuden pero tampoco se quedan sentadas esperando. Salen a buscar información, a recuperar datos, a visitar cárceles”, dice Vargas.
Cecibel Jiménez, abogada del Centro de la Mujer peruana Flora Tristán, que ayuda a litigar casos y exigir que autoridades den con el paradero de cientos de mujeres desaparecidas, destaca que aunque gobiernos cuenten con protocolos o haya instituciones especializadas en la búsqueda de desaparecidos, la realidad es que al acudir a interponer la denuncia se topan con barreras como la revictimización. “En Perú a partir de 2018 cuenta con normas que establecen medidas para la atención de los casos de desapariciones vulnerables que contempla a mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas y adultos mayores, pero no todos [los gobiernos] tienen marcos así… Lo que se observa mucho, que en realidad se denuncia mucho, es la falta de vía de diligencia de las autoridades”, asevera. Además, el tema no está dentro de la agenda pública y política.
La desaparición de personas es, además, un fenómeno ligado a otros delitos como feminicidios, homicidios, trata de personas, violencia y explotación sexual. Hoy, el Estado trata de invisibilizarlas; en el menor de los casos, las ignora. Ellas seguirán saliendo a las calles a buscar. Por eso, para las miles de buscadoras de toda la región no es un feliz 10 de Mayo.
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