Bruselas.— Los primeros 100 días del presidente estadounidense, Donald Trump, en la Oficina Oval, han exacerbado las amenazas y los impactos sufridos por las personas que llegan a México soñando con cruzar hacia Estados Unidos.
Los problemas y riesgos enfrentados en el país de acogida son de tal calado que ha comenzado a disminuir el interés de las personas en movimiento por permanecer en México, aunque muchas se están quedando varadas por falta de mecanismos para un retorno seguro.
De esta manera, el Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) resume la situación de las personas en movimiento en México durante el primer trimestre del año, periodo que coincidió con el arranque del segundo mandato de Trump.
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El monitoreo de la situación en el país señala que el magnate tomó posesión el 20 de enero con una serie de órdenes ejecutivas que impactaron directamente sobre las personas en movilidad en México.
Entre otras medidas, suspendió la posibilidad de solicitar asilo a las puertas de entrada migratoria y aniquiló la aplicación CBP One como forma para programar una cita de solicitud de asilo, lo cual llevó a la cancelación de 30 mil citas en lista de espera.
“Estos cambios coincidieron con un incremento en solicitudes de asilo en México, con más de 16 mil presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en los primeros meses del año, antes de volver a bajar el interés de las personas en permanecer en México”. Durante el mismo periodo, además “se documentó un mayor interés por información sobre opciones para regresar al país de origen y persistentes barreras al retorno voluntario para las personas venezolanas”.
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El DRC trabaja en México con financiamiento de la Unión Europea y su información está basada en investigaciones y entrevistas realizadas por trabajadores humanitarios en Matamoros, Reynosa y Tapachula. “Las amenazas de protección para las personas en los movimientos migratorios mixtos en México son diversas, como son las consecuencias que estas producen para la población de interés”.
Entre las amenazas más recurrentes están la extorsión, secuestro, agresión física, violencia sexual, denegación de servicios y derechos, detención arbitraria y la devolución como instrumento de coerción. Alrededor de seis de cada 10 personas consultadas por DRC han vivido una experiencia de abuso en México y nueve de cada 10 han experimentado impactos económicos, como despojo de recursos, artículos esenciales, secuestro y extorsión. El 40% de las personas que reportaron una experiencia de abuso señaló sufrir lesiones u otros daños físicos que muchas veces requieren atención médica.
“En Tapachula, los retos para acceder a una vivienda digna y para obtener un trabajo, junto con la explotación laboral caracterizada por largas jornadas de trabajo, salarios excesivamente bajos o impagados y amenazas de ser llevados con la autoridad migratoria, refuerzan la relación entre los impactos económicos de las amenazas de protección y las afectaciones sobre el bienestar sicosocial de la población”. El 82.8% de las personas que sufrieron un abuso dijo que este provocó impactos sicosociales y 40.4% familiares y sociales. Entre otros síntomas: estrés postraumático, miedo, decaimiento, depresión, aislamiento y ansiedad. Debido a la limitada oferta institucional para afrontar las situaciones adversas, como sería el acceso a la salud o servicios de apoyo sicosocial, muchos terminan eligiendo opciones que exacerban su precaria situación.
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El 44.7% dijo haber reducido el número de comidas; 44.7% restringió sus movimientos y 36.5% pidió prestado. El informe sostiene que las medidas estadounidenses provocaron una saturación de personas en las instalaciones de la Comar en enero y febrero, seguido por una disminución significativa de la demanda en marzo, particularmente en Tapachula, Chiapas.
También dejaron a muchos “indefinidamente varados” y desorientados. “La población venezolana, que representa 30.1% de personas entrevistadas en Tapachula, manifestó mayor interés en regresar voluntariamente a su país de origen, citando los cambios en las políticas migratorias de EU.
“Sin embargo, el acceso al programa de retorno voluntario asistido de la Organización Internacional de las Migraciones fue limitado para venezolanos a nivel nacional debido a la falta de respuesta de las autoridades venezolanas para validar y acreditar los documentos de viaje”.
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Respecto al término del financiamiento de proyectos humanitarios por parte de Estados Unidos, esto ha llevado a una reducción de la capacidad de respuesta a las necesidades de las personas en movilidad en distintas partes del país.