San José.— Las palabras protestar y reprimir desfilaron en sentido contrario en Estados Unidos y Cuba. Humberto Ortega, un general nicaragüense en retiro, se atrevió a cuestionar en público al gobierno de su hermano, el presidente de Nicaragua, el izquierdista Daniel Ortega, por lo que quedó castigado, recluido e incomunicado en Managua en casa por cárcel.
Expresarse en público en Venezuela con un sencillo acto de cortesía —un saludo, un abrazo, una son- risa— hacia un opositor venezolano o con un simple hecho comercial —alquilarle una lancha para que cruce un río o una habitación de una posada— fue más que suficiente motivo para ser castigado por el régimen gobernante en ese país.
Los ejemplos de los casos de este año en abril y mayo en EU y en mayo en Cuba, Nicaragua y Venezuela evidenciaron que los derechos a la libertad de expresión, en general, y a la libertad de prensa, en específico, retrocedieron en América, sin importar tendencias ideológicas.
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El bloguero canadiense Christopher Hughes, especializado en pandillas, fue detenido el 28 de mayo anterior en Trinidad y Tobago acusado de difundir reportes sediciosos, delictivos y amenazantes de pandilleros de esa isla del Caribe oriental y sería sentenciado a cinco años de cárcel.
Para enfrentar las protestas en las calles cubanas en mayo anterior por “el hambre, los apagones y la falta de libertad en Cuba”, el régimen comunista de la isla desató 360 acciones represivas en contra de la población civil, reportó este mes el (no estatal) Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), de España.
“En la misma medida en que se acrecienta el descontento popular” por las carencias de alimentos, los racionamientos de electricidad y los reclamos de libertad, “también aumenta la represión gubernamental” en Cuba, añadió.
Cuba alegó repetidamente que esos y otros actos callejeros fueron estimuladas por redes de agitación establecidas en EU y promovidas por “el imperio” estadounidense para sabotear al proceso revolucionario, que se instaló en 1959. Nicaragua eludió ofrecer explicaciones adicionales al aparente mecanismo correctivo sobre el general Ortega. Venezuela tampoco justificó las represalias comerciales que aplicó hasta por sonreírle a un opositor.
Para sofocar las protestas en las universidades estadounidenses en abril y mayo contra la guerra israelí en Palestina y el apoyo bélico de EU a Israel, un gran número de policías irrumpió a los campus a reprimir y arrestar a miles de personas. EU debatió sobre los derechos cercenados en los plantones proPalestina.
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La represión gubernamental a las diversas manifestaciones o expresiones populares también apareció este año en Chile, con ataques de fuerzas de seguridad a la etnia mapuche, el principal pueblo indígena chileno, en su añejo reclamo territorial.
El saldo de la libertad de expresión continuó en rojo en El Salvador, donde el gobierno amenazó al menos desde 2021 a medios y otros sectores que cuestionaron políticas oficialistas de combate al crimen organizado y denunciaron violaciones masivas a los derechos humanos.
En un convulso contexto hemisférico, la elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México abrió una esperanza. “Durante el próximo sexenio, [Sheinbaum] podrá asumir el desafío de acabar con la violencia contra los profesionales de los medios que asola México desde hace más de 20 años”, dijo Reporteros Sin Fronteras (RSF), instancia global no estatal de defensa de los periodistas. Sheinbaum se comprometió con RSF “a defender el periodismo” y a impulsar que “México deje de ser el país sin conflicto bélico más peligroso para los periodistas”, precisó, en un reporte del 3 de este mes.
Sheinbaum “tendrá la oportunidad histórica de poner fin a la espiral descontrolada de violencia contra los profesionales de los medios de comunicación” y el reto de promover una política “más ambiciosa de prevención y protección de los periodistas”, afirmó el periodista Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
Áreas de tensión
“Asfixia”, narró el disidente y periodista opositor cubano Reinaldo Escobar, editor jefe del diario digital 14ymedio.com (que opera en la ilegalidad en la isla). “Impunidad”, acusó la periodista nicaragüense Abigaíl Hernández, directora de La Sala, iniciativa (no estatal) de directoras de medios nicaragüenses, y exiliada en Costa Rica por la represión que el régimen de Ortega desató desde 2018 en Nicaragua.
“Intolerancia”, lamentó el abogado peruano Francisco Belaúnde, profesor de Derecho Internacional Público en la (no estatal) Universidad de Lima. “Antidemocracia y autoritarismo”, denunció el politólogo venezolano Héctor Briceño, profesor de las universidades públicas Central, de Venezuela, y Rostock, de Alemania, en democracia, elecciones, partidos y desarrollo.
En consultas por aparte con EL UNIVERSAL, Escobar, Hernández, Belaúnde y Briceño evaluaron el escenario continental de la libertad de expresión. Escobar narró que “aunque mi situación de periodista independiente, que ejerce su profesión bajo reglas de una dictadura, me lleva a defender la libertad de expresión como el más importante de todos los derechos, debo decir que tampoco debe verse como una meta en sí: es un vehículo para defender causas más elevadas y de mayor interés público (...) Lo que ocurre en Cuba no es ‘lo mismo’ que pasa en otros países, donde, pese a las restricciones, existen periódicos, radioemisoras y canales de televisión amparados por la ley. Nicaragua, que es el peor de los escenarios, aún no llega al grado de asfixia de Cuba”, subrayó.
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Al plantear que “en nombre de esa libertad de expresión se pueden enmascarar intereses oscuros”, aseveró que “racismo, xenofobia, pornografía infantil, promoción del consumo de drogas, homofobia y cualquier fundamentalismo religioso o político requiere de una saludable mordaza que limite incitar al odio y la violencia”.
Tras asegurar que las dictaduras perciben en la libertad de expresión “un enemigo ideológico”, Hernández enfatizó en que en Nicaragua se intensificó “la persecución estatal de la dictadura” a la prensa “crítica e independiente” como estrategia política “para silenciarla”. Con un “discurso único”, la corrupción estatal y empresarial y la violación a los derechos humanos “son ocultadas para los enriquecimientos ilícitos”, por lo que el plan de Ortega contra periodistas y prensa independiente recurrió al “uso arbitrario de instancias jurídicas, judiciales y distintos poderes del Estado como armas de control e intimidación”.
La práctica de Ortega se convirtió “en escuela para otros gobiernos en Centroamérica” e impulsó el diseño de impunidad, enriquecimiento ilícito y autoritarismo para “aniquilar la libertad de expresión y pensamiento para obtener un control absoluto de los países”, precisó.
A juicio de Belaúnde, “en América están ocurriendo ataques contra la libertad de expresión. Pareciera una ofensiva contra la libertad de expresión obviamente en Cuba, Venezuela, Nicaragua. También en El Salvador, pero todavía tiene espacios”. “El problema en las universidades de EU es confundir antisemitismo con crítica a lo que hace Israel en Gaza. Sí hay antisemitismo, pero a veces se amalgama ambas cosas y, por esa ruta, se estaría atentando contra la libertad de expresión”, agregó.
“Hay tentaciones para restringir la libertad de expresión del que piensa distinto y esa menor tolerancia a las opiniones distintas es subproducto de la polarización. Esto preocupa a los que amamos la libertad de expresión y tenemos que estar vigilantes para que se mantenga esa libertad esencial”, recalcó.
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Briceño explicó que “todos estos líderes autoritarios que coartan la libertad de expresión divergen en sus ideologías y en propuestas y proyectos políticos, pero todos convergen en su antidemocracia, en sus sentimientos y políticas antidemocráticas o autoritarias. Es uno de sus mínimos denominadores comunes”.
“Los enemigos de la democracia y de la libertad en América y el resto del mundo provienen de diversas propuestas ideológicas. Coinciden en ser líderes populistas que se visualizan como la representación del pueblo”, alegó Briceño, asesor del (no estatal) Observatorio global de Comunicación y Democracia, de Caracas. “Las políticas [de esos líderes] contra la libertad de expresión buscan callar las voces que ejerzan control institucional y promuevan el libre pensamiento y que la gente reflexione independientemente sobre la política pública. Eso no lo permiten (...) Se sienten atacados por cualquier persona que levante una voz distinta a las de ellos y, en su populismo, interpretan que esas voces van contra el pueblo. Se sienten los únicos representantes del pueblo y, a cualquiera que los contradiga, lo consideran enemigo del pueblo”. Así, protestar y reprimir coincidieron en muchas calles de América.