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En un nuevo desafío a la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración, los legisladores de Texas aprobaron este martes por la noche un proyecto de ley que permitiría a la policía detener a los inmigrantes que entren ilegalmente en el país, y dejaría que los jueces locales ordenen que abandonen el país.
El proyecto de ley, que se prevé que firme el gobernador republicano, Greg Abbott, se convertiría en una de las leyes de inmigración más estrictas del país si se permite su entrada en vigor.
En un raro momento de disensión entre los republicanos, un poderoso senador estatal se opuso al proyecto de ley, al decir que va demasiado lejos. Las emociones también se desataron en la Cámara de Representantes de Texas, donde los demócratas pasaron horas condenando la propuesta, pero no consiguieron debilitarla.
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¿Qué haría la nueva ley?
Que Texas detenga a inmigrantes no es nuevo. A los seis meses de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, los policías de Texas empezaron a llegar a acuerdos con los propietarios de tierras fronterizas, y a detener a los migrantes que cruzaban sus propiedades por allanamiento de morada.
Pero la nueva ley facultaría a toda la policía de Texas -incluidos los agentes situados a cientos de millas (kilómetros) de la frontera- para detener a los migrantes sospechosos de entrar ilegalmente en el país. La infracción sería un delito menor y un juez podría ordenar al acusado que abandone el país.
Los críticos afirman que la ley podría dar lugar a la elaboración de perfiles raciales o a detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que se encuentran legalmente en el país. Los demócratas también afirman que haría que los inmigrantes víctimas de delitos tuvieran miedo de ponerse en contacto con la policía.
Uno de los republicanos que patrocina la legislación, el representante estatal David Spiller, dijo que la ley no sería aplicada en el caso de los residentes que han estado en el país por más de dos años. Defendió la medida al decir que tenía suficientes mecanismos de seguridad y que sería mayormente implementada cerca de la frontera.
"Esto no es 'detengan a todo el que esté ilegalmente y mándenlo de vuelta a México'", dijo Spiller a un comité legislativo la semana pasada.
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Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, le dijo a los congresistas que sería "casi imposible" aplicar la ley en cualquier otro condado que esté a lo largo de la frontera de 1,200 millas (1,900 kilómetros ) del estado con México, porque un agente no tendría evidencia de que el migrante ha cruzado ilegalmente.
"Sería estirar [la ley]", afirmó.
Expertos en temas legales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se han pronunciado contra la medida de Texas, por considerarla en claro conflicto con la autoridad del Gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración.
"¿Desde cuándo un estado deporta a personas?", dijo la representante estatal Victoria Neave Criado. "Ese no es un poder que los estados. Es del Gobierno federal".
Neave Criado y otros demócratas aseguran que el estado quiere que la nueva Corte Suprema, con una mayoría conservadora, revise un fallo que echó por tierra partes esenciales de la ley de inmigración de Arizona. En ese momento, el juez Anthony Kennedy dijo que Arizona podría tener "frustraciones comprensibles" con los inmigrantes que están ilegalmente en el país, pero no puede llevar a vías de hecho políticas que "socaven la ley federal".
Spiller ha negado que quiera impugnar la decisión de Arizona. Pero el proyecto de ley ha hecho reflexionar al menos a uno de sus compañeros republicanos.
El senador estatal Brian Birdwell, veterano del Ejército que resultó herido en el Pentágono durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue el único republicano que votó en contra, al alegar que la ley usurparía poderes otorgados al Gobierno federal. Fue un raro momento de oposición en el Senado de Texas, donde los republicanos suelen votar en bloque.
"Estamos sentando un terrible precedente para el futuro al invalidar nuestra obediencia y fidelidad a la Constitución”, dijo Birdwell.
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