Miami.— La Laken Riley Act se ha convertido en una de las propuestas legislativas más controvertidas en el panorama político actual de Estados Unidos, previo al inicio de la nueva presidencia de Donald Trump. Activistas han encendido las alertas sobre el alcance de una iniciativa que clasifican como “de odio”.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 7 de enero, con 264 votos a favor —incluyendo 48 demócratas— y 159 en contra; ahora, pasa al Senado, donde se prevé sea debatida este viernes. Los republicanos, que controlan 53 escaños en la Cámara Alta, necesitan el apoyo de al menos siete demócratas para poder aprobarlo.
La Laken Riley Act, llamada así en honor a la joven de 22 años asesinada por un migrante venezolano que, se descubrió después, tenía antecedentes por robo, amplía las categorías de delitos por los cuales los indocumentados pueden ser detenidos, para incluir el robo, hurto y otros relacionados con la propiedad, lo que exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detenga a las personas acusadas, independientemente de su estatus migratorio.
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Aunque la ley está diseñada para aplicarse principalmente a indocumentados, los críticos han señalado que su redacción podría dar lugar a la detención de residentes permanentes legales (green card holders) que hayan sido acusados o condenados por ciertos delitos. Esto genera preocupaciones sobre un posible trato injusto hacia quienes ya tienen estatus legal en la Unión Americana. Actualmente, “las autoridades tienen cierta discrecionalidad para decidir si detener o no a un individuo mientras su caso está pendiente; pero la Laken Riley eliminaría esta discrecionalidad, lo que podría llevar a detenciones prolongadas sin revisión judicial inmediata”, explica Jorge Mario Cabrera, director de Comunicación de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), a EL UNIVERSAL. La ley utiliza términos amplios como “delitos relacionados con el robo, lo que podría interpretarse de manera muy extensa, incluyendo delitos menores o no violentos”, comenta.
La iniciativa permite a los fiscales generales estatales demandar al gobierno federal si consideran que las políticas migratorias han perjudicado a sus estados. En otras palabras, les da una herramienta legal para desafiar la autoridad federal en asuntos de inmigración, algo que podría intensificar las disputas entre estados conservadores y progresistas. Además, propone medidas para garantizar que las agencias locales de aplicación de la ley cooperen plenamente con el DHS. “La administración Trump está preparando el terreno para asegurarse de tener mayor acceso a más migrantes que pueda detener, encarcelar y deportar; ese es el gran peligro”, subraya Cabrera.
Ante la posibilidad de que la ley sea aprobada en el Senado, organizaciones como United We Dream, American Civil Liberties Union (ACLU) y CHIRLA han intensificado sus campañas, lanzado talleres informativos, guías legales y redes de apoyo para los inmigrantes.
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Angélica Salas, directora de CHIRLA, dijo a este diario que “este odioso proyecto de ley es el primer intento de lo que podemos esperar que sea un ataque total por parte de la administración entrante de Trump contra las familias inmigrantes y trabajadoras en Estados Unidos. El proyecto de ley manipula y explota una tragedia para criminalizar y demonizar a las comunidades inmigrantes”.
Para Salas, “es claramente un proyecto que busca convertir en chivos expiatorios y perfilar racialmente a los inmigrantes, con consecuencias devastadoras. Este proyecto de ley separará a las familias e invitará a más caos a un sistema de inmigración ya politizado”.
Un vocero de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijo a este medio que “este proyecto de ley tira por la ventana el debido proceso, convierte la discriminación racial en ley y viola principios constitucionales fundamentales”. Agregó que “esta medida podría generar fragmentación en la aplicación de las leyes de inmigración y dar lugar a litigios costosos y prolongados que desviarían recursos de problemas más apremiantes. Como quiera, nos veremos en las cortes”.
Paralelamente, abogados de derechos civiles están preparando litigios, alertando del riesgo de discriminación y perfil racial. Subrayan que las detenciones basadas en acusaciones y no en condenas generan un riesgo de que personas inocentes sean privadas de su libertad debido a errores en bases de datos o denuncias malintencionadas.
También están en riesgo ciudades “santuario” como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y San Francisco, que protegen migrantes incluso limitando su cooperación con las autoridades federales de migración. La iniciativa podría socavar la autonomía de estos estados y contempla sanciones económicas, incluida la retención de fondos federales.