El pasado 20 de enero, Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, un hecho que ha desencadenado efectos económicos y políticos significativos en América Latina y el Caribe. Estos impactos, que se intensificarán en el corto y mediano plazos, afectarán especialmente a los gobiernos progresistas de la región.
A diferencia de administraciones anteriores, incluido el primer mandato de Trump, que prestaron poca atención a América Latina debido a conflictos internacionales en Medio Oriente y otras regiones, esta vez la situación es distinta. Desde su campaña, Trump dejó claro que Latinoamérica ocuparía un lugar central en su nueva visión de política exterior. Para materializar este enfoque, nombró a Marco Rubio como secretario de Estado, una figura de ascendencia cubana y conocido opositor de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como de los movimientos progresistas en general.
En el corto plazo, este renovado “interés” por la región tendrá efectos desiguales en los distintos países. México, por ejemplo, se verá particularmente afectado no sólo por compartir frontera con Estados Unidos, sino también por ser su principal socio comercial en la región. Trump ya ha cumplido su promesa de imponer aranceles de 25% —en pausa, al menos por un mes— a las exportaciones mexicanas, a lo que se suman problemas como el tráfico de fentanilo y la designación de los cárteles de droga como organizaciones terroristas, cuyas implicaciones futuras aún son inciertas. Además, el control migratorio, pilar central de su campaña, ha llevado a un aumento en las deportaciones, lo que impactará no sólo a México, sino también a otros países con fronteras sensibles al flujo migratorio. Esta política no resuelve el problema de fondo, sino que lo agrava, ya que no aborda las causas estructurales de la migración y sí genera mayores costos económicos, personales y en materia de derechos humanos. Para Trump, el tema migratorio será clave durante la primera mitad de su mandato, ya que buscará capitalizarlo políticamente de cara a las elecciones de 2026. México, consciente de la importancia de mantener una relación estable con Estados Unidos, intentará equilibrar acuerdos y concesiones para proteger sus intereses.
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Con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las relaciones serán aún más tensas. Se esperan sanciones más severas, lo que agudizará las condiciones de pobreza en estos países y, en consecuencia, aumentará los flujos migratorios. En el caso de Venezuela, la confrontación será particularmente intensa, no sólo por su condición de exportador de petróleo a Estados Unidos, sino también por la situación de Edmundo González, cuyo liderazgo parece repetir, por ahora, el caso de Juan Guaidó: más simbólico que efectivo. Las verdaderas intenciones de Trump hacia el régimen de Maduro se irán revelando con el tiempo.
Colombia ya ha experimentado un primer enfrentamiento con la administración Trump, cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir aviones militares con deportados. Este hecho marcó un hito histórico, ya que ningún gobierno colombiano anterior había rechazado una petición de Estados Unidos, habiendo mantenido tradicionalmente una relación de sumisión incondicional. Mientras Petro permanezca en el poder, las relaciones seguirán siendo tensas, y Trump, a través de Marco Rubio, buscará fortalecer alianzas con la ultraderecha colombiana. No en vano, la senadora uribista Fernanda Cabal fue invitada a la toma de posesión de Trump. El objetivo será desacreditar al gobierno actual y favorecer el regreso del uribismo en las próximas elecciones, lo que devolvería a Colombia a su papel de aliado sumiso de Washington.
Por otro lado, gobiernos como los de Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil parecen optar por una estrategia de diálogo con la nueva administración estadounidense, a la que se sumarían Honduras y Guatemala. Esta postura es comprensible, ya que estos países buscan evitar una confrontación abierta que pueda dañar sus relaciones con Estados Unidos. Entre ellos, Brasil se encuentra en una posición más favorable debido a su fuerte vínculo con los BRICS, el grupo de economías emergentes con gran potencial de crecimiento.
En el mediano plazo, la región enfrentará un año electoral clave, con comicios en Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras, países marcados por crisis económicas y fuertes tensiones políticas internas. A esto se sumarán las elecciones en Colombia en 2026. Estos procesos podrían alterar drásticamente el mapa político de la región si triunfan candidatos de derecha, lo que aumentaría la influencia estadounidense en América Latina.
La fragmentación política de la región dificulta la articulación de un bloque unido capaz de responder y negociar frente a las intervenciones que se avecinan. Es probable que el gobierno de Trump opte por diálogos bilaterales para profundizar esta división, una estrategia que ya ha comenzado a implementar Marco Rubio en su gira por varios países de Centroamérica.
En este contexto, los movimientos sociales, los sectores alternativos y los partidos progresistas tendrán un papel protagónico. A través de la movilización, deberán contrarrestar las políticas y acciones que amenazan los avances en materia de derechos sociales, políticos y culturales logrados tras décadas de lucha.
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La historia de América Latina ha sido una constante batalla por la libertad, la autonomía y la justicia. Hoy, más que nunca, es crucial resistir para evitar un retroceso al pasado y garantizar un futuro en el que prevalezcan la dignidad y la soberanía de los pueblos.
Investigador CIALC-UNAM