La junta electoral de Georgia, en el sureste de , aprobó este viernes un reglamento que obligará a sus condados a contar a mano todos los votos en las presidenciales de noviembre, una decisión que podría retrasar la publicación de resultados en un estado clave de los cómicos.

Esta medida, que recibió tres votos a favor y dos en contra, impondrá el además del recuento por máquinas.

Según el texto, el objetivo es "garantizar un conteo seguro, transparente y preciso" de los sufragios, aunque los críticos del reglamento aseguran que generará retrasos y confusión.

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La decisión es obra de una mayoría a favor del expresidente Donald Trump en la junta de Georgia, que ha realizado varios cambios en las reglas electorales durante las últimas semanas.

El republicano, candidato a la reelección frente a la demócrata Kamala Harris, sigue defendiendo casi cuatro años después de su derrota contra Joe Biden que le robó la presidencia.

De hecho, la justicia de Georgia lo imputó por presuntas presiones ejercidas en ese estado para revertir el resultado de las presidenciales de 2020.

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El propio director de la junta de Georgia, John Fervier, cuestionó la obligación del cómputo manual de los sufragios. "Iremos en contra del consejo de nuestros asesores legales si lo aprobamos", dijo antes de la votación.

"La inmensa mayoría de los funcionarios electorales que se han puesto en contacto conmigo se han opuesto a esto", añadió.

Saira Draper, congresista demócrata de la Cámara de Georgia, acusó a los promotores de la nueva norma de "intentar sembrar el caos" en el proceso electoral.

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"Estamos abocando a nuestros condados al fracaso (...). Ellos les están diciendo que no pueden aplicar estas normas con el tiempo que les queda y con los fondos que no tienen", insistió ante los miembros de la junta electoral.

Otro de los argumentos en contra apunta que hacer un recuento manual de numerosas papeletas, tras una larga jornada electoral, provocará errores humanos que alargarán el proceso.

La junta electoral de Georgia ya aprobó en agosto una norma que permite a funcionarios electorales locales exigir "indagaciones razonables" si tienen dudas sobre el resultado de unas elecciones, otra medida que, según sus críticos, podría retrasar los resultados de los comicios.

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