Miami.— El 10 de febrero pasado un tribunal estadounidense bloqueó por tercera ocasión la orden ejecutiva del presidente Trump que intenta poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de indocumentados.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo a EL UNIVERSAL que “nuestros abogados estuvieron en la corte defendiendo la ciudadanía de los bebés nacidos en este país y el juez federal se puso de nuestro lado y emitió una orden para detener las intenciones nefastas de Trump”.
Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que han desatado un choque frontal con el Poder Judicial. Mientras la Casa Blanca argumenta que estas órdenes son esenciales para restaurar la seguridad, la economía y el orden en el país, sus opositores afirman que atentan contra derechos fundamentales y exceden los límites del poder presidencial. Varias de estas órdenes ejecutivas congeladas momentáneamente tienen que ver en mucho con la población hispana en Estados Unidos.
La que restringía la ciudadanía por nacimiento queda claro que será muy difícil que sea reactivada “y va a terminar en el basurero; es un atrevimiento inmisericorde”, comenta ACLU.
Tres órdenes ejecutivas que van de la mano, que tienen que ver con la equidad de género, criticadas profundamente por los conservadores y promovidas ampliamente por los demócratas, han sido detenidas temporalmente. El 20 de enero, el mismo día que asumió la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva titulada Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal. Esta orden busca reconocer únicamente dos sexos: masculino y femenino, basados en la biología y eliminando el reconocimiento de identidades de género no binarias y transgénero en políticas federales y programas educativos.
La orden ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal debido a los desafíos legales presentados por organizaciones de derechos civiles y activistas.
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El 29 de enero, Trump firmó la orden ejecutiva titulada Proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica, que prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos de afirmación de género en menores de 19 años, incluyendo bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y cirugías de cambio de género. El 5 de febrero el presidente estadounidense firmó otra orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos en las escuelas. La orden ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal debido a los desafíos legales que argumentan que la medida es discriminatoria y viola los derechos civiles de las estudiantes transgénero. “Cualquier política o ley que discrimine a ciertos grupos de personas, como las personas transgénero o no binarias, podría ser considerada inconstitucional”, explica ACLU.
Los jueces han argumentado que las políticas que prohíben los tratamientos de afirmación de género para menores de 19 años pueden causar un daño irreparable a los jóvenes transgénero y que estas políticas no cumplen con los principios del debido proceso.
La administración intentó prohibir el uso de fondos federales para refugios destinados a personas transgénero, bajo el argumento de que esto protegería los derechos de las mujeres en espacios exclusivos. La medida fue detenida por el juez Carlton Reeves.
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El presidente Trump también intenta eliminar los programas de diversidad e inclusión en agencias gubernamentales, alegando que fomentan la discriminación inversa y perjudican la contratación basada en méritos. La jueza Tanya Chutkan, sin embargo, bloqueó la medida. Otro de los intentos más polémicos de la Casa Blanca fue la congelación de fondos federales para las llamadas ciudades santuario.
La construcción del muro fronterizo volvió al centro del debate cuando Trump firmó una orden ejecutiva para desviar fondos del Pentágono hacia el proyecto sin la aprobación del Congreso. Esto fue bloqueado por el juez Jon Tigar.
La Casa Blanca también intentó restringir el acceso de inmigrantes a beneficios sociales como Medicaid y asistencia alimentaria. La jueza Dolly Gee detuvo la implementación de la medida.
El sistema financiero tampoco quedó fuera de la agenda de desregulación de Trump. Con una orden ejecutiva, el presidente intentó debilitar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), creada tras la crisis de 2008 para evitar abusos de las instituciones bancarias. La jueza Amy Berman Jackson bloqueó la medida.
El choque de visiones continuó con la eliminación de regulaciones ambientales que limitaban la expansión de la industria energética. La administración justificó la orden argumentando que las normativas obstaculizaban el desarrollo económico. Sin embargo, el juez William Orrick bloqueó la medida.
Trump autorizó la expulsión expedita de migrantes detenidos en la frontera sin la necesidad de una audiencia judicial. El juez Emmet Sullivan bloqueó la orden: “Ningún presidente puede anular derechos fundamentales de asilo sin el proceso adecuado”. El enfrentamiento entre Trump y el Poder Judicial no muestra señales de disminuir.
Juez da 5 días al gobierno de Trump para que descongele fondos de USAID
Un juez federal ordenó a la administración de EU que suspenda temporalmente el congelamiento de fondos que paralizó la ayuda humanitaria y el trabajo de desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo, y estableció un plazo de cinco días para que el gobierno demuestre que está cumpliendo con la orden.