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Buenos Aires. El decreto del presidente argentino Javier Milei que designa a dos jueces como nuevos miembros de la Corte Suprema ha sido recibido con una lluvia de críticas y denuncias por "inconstitucional".
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que la medida socava la independencia judicial.
Milei designó el miércoles por decreto al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla como integrantes del más alto tribunal argentino.
El presidente argentino llevaba meses tratando de lograr la mayoría de dos tercios del Senado necesaria para cubrir las vacantes. Al no conseguirlo, optó por firmar el decreto, en lo que expertos han descrito como "dudosa" interpretación de la Constitución argentina.
"Nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia”, advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “El Senado debería estar a la altura de las circunstancias y garantizar que no se realicen nombramientos irregulares en la Corte Suprema”.
Cuestionan historial de jueces
Además de cuestionar la legalidad del decreto, organizaciones de derechos humanos y expertos han alertado sobre el historial de Lijo como juez federal y sobre las posturas de García-Mansilla en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Lijo, recordó HRW, tiene cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a jueces federales. Además, enfrentó 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados. Algunos de ellos señalaban que Lijo retrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción.
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), una asociación civil, solicitó que se declare la nulidad del polémico decreto que designó a Lijo y García-Mansilla, así como una medida cautelar para que se suspendan sus efectos.
El expediente recayó en el juzgado federal a cargo del juez Alberto Recondo de la ciudad de La Plata, a las afueras de Buenos Aires.
CEPIS argumentó que el decreto “se dispuso con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta... violentando las disposiciones constitucionales, así como tratados internacionales que garantizan la independencia del Poder Judicial”.
Gobierno de Milei defiende designaciones; "cumplió todos los requisitos"
El portavoz presidencial Manuel Adorni defendió la medida en una rueda de prensa y sostuvo que "es la decisión del presidente de avanzar y que la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, tenga a todos sus miembros después de casi un año sin que esto avance como corresponde en el Senado”.
El funcionario recalcó que el Ejecutivo cumplió con todos los requisitos normativos y demostró “la idoneidad” de Lijo y García-Mansilla.
Sectores de la oposición, incluidos los aliados circunstanciales del gobierno, han subrayado especialmente la supuesta falta de idoneidad profesional e independencia de Lijo, quien rechaza las acusaciones en su contra y alega que siempre se ha sometido voluntariamente a investigaciones que no derivaron en sanciones.
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El expresidente Mauricio Macri, cuyo apoyo fue clave en el triunfo de Milei pero de quien se ha distanciado en los últimos meses, criticó el decreto.
"La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo", señaló.
El gobierno afirma que está respaldado por la Constitución, que habilita al Poder Ejecutivo a “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión”.
En la teoría, la designación vía decreto se extenderá por nueve meses hasta el fin del año parlamentario. Una vez cumplido ese plazo, Lijo y García-Mansilla tienen que ser ratificados por el Senado para continuar en el máximo tribunal.
mcc
