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Miami.— El 28 de diciembre pasado estallaron en Irán protestas sociales que rápidamente trascendieron la esfera económica para convertirse en un desafío político profundo contra el régimen de la República Islámica. La respuesta del régimen: un apagón casi total de internet, diseñado para limitar severamente el flujo de información, las comunicaciones internas y la cobertura internacional de los hechos.
“La respuesta de las autoridades iraníes ha sido una represión letal y un apagón digital que pretende ocultar el verdadero alcance de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, señala Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos.
El apagón, implementado el 8 de enero, bloqueó casi por completo el acceso a la red global y a las telecomunicaciones desde y hacia Irán, así como a servicios de internet internos. Según expertos en ciberseguridad, incluso la Red Nacional de Información, una infraestructura estatal diseñada para controlar el tráfico digital interno, fue desconectada parcialmente para impedir que la información sobre la represión se filtrara al exterior.
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“Esta medida forma parte de la estrategia de secretismo que el gobierno iraní maneja de manera muy efectiva”, dice el académico e historiador Daniel Álvarez a EL UNIVERSAL. Es “una estrategia que sorprende por su capacidad de encerrarse en una especie de burbuja oscura sin que nadie pueda saber lo que pasa ahí, dentro de Irán”, añade.
La situación no sólo afectó a ciudadanos, sino también a empresas, medios de comunicación independientes y organismos humanitarios que dependían de conectividad para operar.
“La imposición de apagones de internet sumerge a la ciudadanía en la oscuridad digital, impidiendo que quienes están dentro del país reciban información confiable o puedan compartirla con el mundo exterior”, agrega White, al enfatizar el impacto inmediato en la capacidad de los iraníes para documentar hechos y comunicarse.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han destacado que este apagón constituye una violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información. “Se trata de un patrón de control observado en otros momentos históricos en Irán y en regímenes autoritarios que buscan neutralizar la difusión de evidencia sobre abusos gubernamentales contra su población”, señala Álvarez.
A la par, el régimen ha “aplastado” las protestas. Sin embargo, el “apagón digital” y el control estatal sobre la información complican el poder verificar qué es lo que está pasando, cuántas personas han perdido la vida, cuántas han sido detenidas y condenadas o, incluso, ejecutadas. La posibilidad de ejecuciones masivas llevó al gobierno de Estados Unidos a lanzar una advertencia a Teherán.
El gobierno iraní reconoce la muerte de 3 mil 117 personas en unas protestas de las que culpa a Estados Unidos e Israel, pero la ONG HRA, con sede en Estados Unidos, sitúa en 7 mil 5 los fallecidos, si bien continúa verificando más de 11 mil 600 posibles muertes, y estima 53 mil arrestos. “El número real de muertos es mucho mayor, pero la falta de transparencia del régimen iraní impide un conteo exacto”, indicó el medio, subrayando las limitaciones derivadas del apagón digital y la presión ejercida sobre testigos y familiares de las víctimas.
El enfoque del régimen no se limitó a la fuerza letal, la represión incluyó detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, juicios sumarios de manifestantes y un control estricto de la información. “Hasta donde hemos visto, la judicialización acelerada y la criminalización de las protestas han sido herramientas fundamentales para intimidar a la población y disuadir las movilizaciones”, subraya Álvarez.
El apagón de internet también implicó un costo económico significativo. Informes extraoficiales estiman pérdidas de varios millones de dólares diarios para la economía iraní debido a la paralización de la actividad digital y las restricciones sobre el comercio electrónico, los servicios financieros y la comunicación empresarial.
Algunos ciudadanos han buscado alternativas mediante servicios de internet satelital, como los provistos por Starlink, controlada por Elon Musk, aunque su uso está prohibido y la adquisición depende de canales no oficiales.
Incluso, EU suministró de forma clandestina unas 6 mil terminales de internet satelital Starlink a Irán, informó el medio The Wall Street Journal (WSJ).
El ambiente de censura ha dificultado la verificación independiente de los hechos, la identificación de víctimas y la documentación de operaciones de seguridad. “Las limitaciones no sólo afectan la cobertura interna, sino que también impiden que la comunidad internacional tenga acceso a información verificada sobre violaciones de derechos humanos”, comenta el académico.
La reacción internacional ha sido de condena y preocupación. Líderes y organismos multilaterales han señalado que los apagones digitales y la represión buscan ocultar la magnitud de la violencia estatal y obstaculizan la rendición de cuentas. Además, han exigido investigaciones independientes y el acceso irrestricto de observadores internacionales, solicitudes que el gobierno de Teherán ha rechazado o condicionado a cambios políticos considerados inaceptables por la comunidad internacional.
El régimen ha justificado su actuación catalogando a los manifestantes como vándalos y atribuido la inestabilidad a factores externos, incluyendo supuestas intervenciones de potencias extranjeras que, según las autoridades iraníes, fomentan el desorden.
El caso de Irán ha reabierto el debate global sobre el uso de apagones de internet como herramienta de un secretismo interno, de un control estatal durante crisis políticas. La situación plantea interrogantes sobre la protección del derecho humano fundamental al acceso a la información, la libertad de expresión y la posibilidad de documentar violaciones graves de derechos humanos en contextos de censura tecnológica.
Otros Estados han recurrido a restricciones de conectividad en momentos críticos, pero ninguno ha combinado represión física tan intensa con un apagón digital prolongado y casi total como el observado en Irán. Esta combinación “genera desafíos inéditos para los mecanismos internacionales de monitoreo y protección de derechos humanos, al tiempo que pone en evidencia la vulnerabilidad de las sociedades frente al control tecnológico centralizado”, advierte Álvarez.
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El conflicto demuestra que un Estado puede usar la tecnología como una palanca de poder para limitar la visibilidad de sus acciones. La violencia física y la censura digital actúan de manera complementaria, convirtiéndose en instrumentos de control que dificultan la acción humanitaria, la documentación independiente y la presión internacional efectiva.
A medida que se desarrolla la crisis, la falta de transparencia y la oscuridad digital dificultan reconstruir con precisión el alcance humano de los hechos.
Al mismo tiempo, aumentan las voces internacionales que exigen rendición de cuentas, acceso sin restricciones para observadores y la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y acceso a información pública.
Expertos en derecho internacional y derechos humanos han señalado que la combinación de violencia letal y control digital en Irán establece un precedente peligroso. “Si no se garantiza el acceso a la información en situaciones de conflicto interno, los mecanismos de protección internacional se debilitan y se facilita la impunidad de quienes cometen violaciones graves”, concluye White, insistiendo en que la respuesta internacional debe incluir supervisión directa, presión política y documentación continua.
El caso iraní también evidencia la necesidad de fortalecer normas y protocolos internacionales que regulen el uso de bloqueos digitales como herramienta de represión y que aseguren la protección de los derechos humanos en contextos de protesta social. “Esta experiencia con Irán nos ilustra cómo la combinación de represión física y control tecnológico puede convertir una crisis interna en un desafío mundial para la defensa de los derechos fundamentales”, añade Álvarez.
El secretismo a través de la tecnología, el uso de apagones y censura digital como herramienta de control no es exclusivo de Irán, explica el académico; China aplica un sistema de filtrado y restricción de internet conocido como el Gran Cortafuegos, que bloquea canales de comunicación internacionales y plataformas globales para controlar narrativas internas. Rusia ha desarrollado capacidades de “internet soberano” para aislar su red de servidores extranjeros y limitar el acceso externo durante crisis políticas. Corea del Norte mantiene a su población confinada a una intranet nacional sin acceso a la internet global, eliminando cualquier comunicación independiente.
Otros países como Siria, Cuba y Bielorrusia han empleado bloqueos. “Estas experiencias muestran que control digital es herramienta en expansión entre gobiernos que buscan minimizar visibilidad externa de sus acciones internas, especialmente cuando enfrentan conflictos sociales profundos”, concluye Álvarez.
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