La organización Human Rights Watch (HRW) denunció “graves violaciones a los derechos humanos” en el contexto de la creciente cooperación en materia de seguridad entre y Ecuador, y llamó al Congreso estadounidense a investigar los incidentes.

En un informe presentado este martes, titulado Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, HRW documenta abusos en una serie de operaciones realizadas por fuerzas militares ecuatorianas, en conjunto con Estados Unidos, en la comunidad de San Martín, en la frontera entre y Ecuador, entre el 1 y el 6 de marzo.

Asimismo, alude a ataques perpetrados contra dos embarcaciones pesqueras en el Pacífico, y a la desaparición sospechosa de otra.

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EU y Ecuador han fortalecido su cooperación y el país sudamericano es uno de los integrantes del llamado Escudo de las Américas, una alianza para cooperar en materia de seguridad y narcotráfico.

“La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en el reporte. “El Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras y salvaguardias efectivas antes de que se cause más daño”.

HRW explica en el reporte que, entre marzo y junio pasados, entrevistó a 62 personas, entre víctimas de abusos, abogados, testigos y miembros de las comunidades afectadas. Se analizaron más de 100 fotos y videos proporcionados por los entrevistados o publicados en redes sociales, así como imágenes satelitales.

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Lo que encontró fue que tanto EU como Ecuador “han adoptado medidas para socavar las garantías de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y han cometido actos ilegales, entre ellos desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que han intentado justificar caracterizando erróneamente la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como un conflicto armado”, señala el reporte.

Sobre las operaciones en San Martín, HRW indica que soldados ecuatorianos incendiaron tres propiedades y atacaron dos de ellas desde el aire. Cuatro trabajadores de una finca lechera fueron detenidos, según la organización, arbitrariamente, y se les sometió a torturas, según sus recuentos.

Uno de los trabajadores dijo a HRW que “me torturaron con electricidad, con un taser. Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos”. Las autoridades ecuatorianas alegaron que se trató de una operación contra el grupo armado conocido como Comandos de la Frontera y que las detenciones fueron “con fines investigativos”, por presuntos vínculos con ese grupo.

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Sin embargo, HRW subraya que en sus investigaciones no halló “evidencia creíble” de que las propiedades destruidas estuvieran ligadas a grupos criminales. En vez de ello, determinó que una de las propiedades era una finca lechera y las otras dos llevaban años abandonadas. Los detenidos no cuentan con antecedentes penales y la fiscalía no les formuló cargos porque “los militares no aportaron ninguna evidencia en su contra”.

En marzo, el diario estadounidense The New York Times había cuestionado ya el ataque, señalando que lo que se destruyó fue una finca ganadera y de producción de leche, y no un centro de operación de narcotraficantes. El Ministerio ecuatoriano de Defensa alegó que el lugar no correspondía a una granja lechera y que en la zona se “registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos”.

HRW habló también con sobrevivientes de los ataques con drones a La Negra Francisca Duarte II, el 17 de marzo, y de la operación contra Don Maca, el 26 del mismo mes, quienes afirmaron que estadounidenses armados los detuvieron y entregaron a la Guardia Costera salvadoreña. Cuatro de los tripulantes sufrieron heridas graves. Las autoridades salvadoreñas les permitieron regresar a Ecuador.

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EU rechaza haber participado en los ataques, pero HRW ve “probable” algún tipo de participación. También ve sospechosa la desaparición, el 20 de enero, de Fiorella.

“Los hallazgos de nuestra investigación ponen en evidencia los riesgos de la cooperación en seguridad que está ofreciendo Estados Unidos: sin inteligencia precisa, recurriendo al uso ilegal de la fuerza y poniendo en riesgo a la población civil. En últimas, operaciones pensadas para difundir en redes sociales, pero muy poco efectivas para combatir el crimen organizado”. dijo Goebertus a EL UNIVERSAL.

“Los gobiernos latinoamericanos deberían pensarlo dos veces antes de aceptar este tipo de cooperación del gobierno de Donald Trump en materia de seguridad”, advirtió.

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