Miami. La iniciativa republicana en el Congreso de Estados Unidos que propone imponer un gravamen del 5% a las remesas enviadas desde la Unión Americana al extranjero, ha sido presentada como un instrumento para reforzar la seguridad fronteriza y financiar recortes fiscales permanentes. Pero bajo ese barniz de política económica se esconde una medida con implicaciones directas y desproporcionadas para una sola comunidad, la de los inmigrantes indocumentados, y otra con implicaciones criminales, en beneficio del narco.
La propuesta, incluida dentro del paquete fiscal conocido como “El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley”, establece que toda persona que no sea ciudadano o nacional estadounidense pagará un impuesto del 5% sobre el monto total que envíe fuera del país, sin importar si su estatus migratorio es legal o no. A primera vista, parece un gravamen universal. Sin embargo, “el diseño mismo de la deducción fiscal asociada revela que el verdadero objetivo es castigar económicamente a los indocumentados” dice a EL UNIVERSAL el economista Ivan Jímenez.
“El impuesto se puede deducir de los impuestos federales, pero sólo si tienes un número de Seguro Social”, explicó el congresista Drew Ferguson (Republicano por Georgia), uno de los patrocinadores del proyecto. “Queremos asegurarnos de que quienes están contribuyendo legalmente al sistema no se vean afectados negativamente. Esta deducción está diseñada específicamente para ellos”.
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En otras palabras, “las personas con residencia legal, visas temporales y permisos válidos para trabajar” en Estados Unidos “podrán recuperar el impuesto al momento de presentar su declaración de impuestos o fiscal; para ellos, el 5% se comporta más como una retención temporal”, explica Jiménez.
Pero los inmigrantes indocumentados, que en su mayoría usan un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), no califican para esta deducción. Y como los ITIN no cuentan con los mismos beneficios fiscales que un número de seguridad social, el impuesto se convierte en una pérdida definitiva. “La propuesta castiga directamente a quienes más dependen de las remesas como vínculo familiar y económico con sus países de origen. No es una medida de seguridad ni de eficiencia fiscal, es una sanción con nombre y apellido: ‘Indocumentado’”, advierte Julio Ricardo Varela, analista de política migratoria.
Según cifras del Pew Research Center, más del 75% de las remesas enviadas desde Estados Unidos a América Latina son realizadas por inmigrantes sin ciudadanía estadounidense y, al menos 40% de ellas, por personas sin estatus migratorio legal. En 2023, las remesas totales enviadas desde Estados Unidos a México rebasaron los 63 mil millones de dólares y en 2024 los 64 mil millones de dólares, lo que representa más del 4% del PIB mexicano. Lo mismo ocurre en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, donde muchas familias dependen literalmente de esos envíos para subsistir.
Si la medida se aprueba, tendrá consecuencias inmediatas, no solo económicas, sino también sociales y criminales. “Lo que va a pasar es que muchos buscarán alternativas por fuera del sistema financiero formal. Eso ya ocurre en pequeñas comunidades donde se recurre a ‘viajeros de confianza’ o intermediarios informales que llevan dinero en efectivo a los pueblos”, explica Jennifer R. Smith, investigadora de flujos ilícitos en la Universidad de Georgetown.
Este fenómeno no es nuevo. Las transferencias informales o el uso de servicios ilegales para mover dinero, que comúnmente se denomina mercado negro de remesas, se han documentado en regiones rurales de Chiapas, Oaxaca y el altiplano guatemalteco. El incentivo para usar esos canales crecería exponencialmente si el costo formal sube artificialmente en un 5%.
El riesgo no es solo que se pierda trazabilidad: “La informalización de las remesas implica mayor exposición a fraudes, extorsiones y hasta reclutamiento por parte de redes delictivas. Hay grupos que ya han comenzado a ofrecer ‘paquetes’ para enviar dinero sin pagar impuestos, lo que claramente abre la puerta al lavado de dinero y a prácticas criminales asociadas”, denuncia a este diario Juan Carlos Ruiz, abogado de inmigración en Houston y miembro del Texas Organizing Project.
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Según datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más del 13% de las transferencias monetarias realizadas sin intermediarios bancarios ya presentan signos de operaciones sospechosas. Ese porcentaje podría dispararse si el volumen legal de remesas cae debido a este nuevo gravamen, empujando el dinero hacia las sombras.
“El narcotráfico lleva décadas buscando rutas para legitimar ingresos. Las remesas informales, sin trazabilidad, representan una oportunidad de oro para ellos”, alerta Jennifer R. Smith; “si alguien ofrece enviar tu dinero a El Salvador, Honduras o México sin cobrarte el 5% y, además en efectivo, ¿quién se negará? Es el escenario perfecto para lavar dinero entre verdaderos envíos familiares”.
Desde 2020, el repunte explosivo de remesas hacia México, que pasaron de $40 mil millones de dólares a más de $64 mil millones en cuatro años, ha llamado la atención incluso del Banco de México, que en informes internos ha reconocido inconsistencias estadísticas que dificultan rastrear el origen de ciertos fondos. A ello se suman reportes de organizaciones como Insight Crime, que han documentado cómo grupos delictivos han comenzado a ofrecer “servicios” de envío de dinero aprovechando las lagunas regulatorias y la creciente dependencia de las familias rurales de este recurso.
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“El mercado negro de remesas no es una ficción. Ya existe. Lo que haría este impuesto es institucionalizar su expansión”, explica Manuel Orozco, director de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano. “Se crearían estructuras paralelas, controladas por actores criminales que ofrecen el servicio sin el impuesto, pero a cambio de control territorial o acceso a lavado”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de estados Unidos ha manifestado su preocupación por esta situación en comunicaciones internas. Un reporte de 2024 advierte que “las políticas migratorias y fiscales que empujan a los inmigrantes fuera del sistema bancario generan un ecosistema ideal para el crimen financiero transnacional, especialmente en la frontera sur y los estados con alta población migrante como California, Texas y Georgia”.
Un ejemplo de cómo podría operar este sistema emergente lo explica a EL UNIVERSAL Santiago, indocumentado originario de Guerrero y radicado en Houston, quien actualmente envía dinero cada dos semanas a su madre. “Yo ya no uso Western Union. Hay un señor en mi trabajo que se lo lleva en efectivo al pueblo y cobra solo 2%. Le confío porque es amigo de mi patrón”, dice. “Y sé que hay otros que lo hacen para mucha gente”.
Así, la informalización de los flujos de remesas podría derivar en un sistema de “mensajeros” o “coyotes financieros” que cruzan fronteras con dinero en efectivo, sin regulaciones, sin monitoreo y cada vez más cerca de redes criminales que ya controlan rutas de contrabando.
“La combinación de política migratoria restrictiva, criminalización económica de los indocumentados y una red de crimen organizado que domina las rutas desde Texas hasta Michoacán, crea un coctel explosivo”, alerta el sociólogo Roberto Zepeda, experto en seguridad transfronteriza de la Universidad Nacional Autónoma de México. “No es exagerado prever que el narcotráfico comience a usar envíos familiares reales como vehículos para camuflar dinero ilícito en volumen pequeño, pero constante”.
En 2023, un informe del Departamento del Tesoro estimó que más de 6 mil millones de dólares en efectivo no bancarizado salieron de Estados Unidos hacia América Latina sin registro financiero alguno, lo que dificulta distinguir entre remesas legítimas e ingresos delictivos. “Con una política fiscal mal diseñada, ese número podría duplicarse”, concluye el informe.
“Si me obligan a escoger entre pagar ese impuesto y alimentar a mi mamá, no lo voy a pensar mucho”, resume Natalia a este diario, una trabajadora de limpieza en Florida sin papeles, que envía cada mes 300 dólares a Tegucigalpa; “y si el único camino es uno que no le gusta al gobierno, que sepan que son ellos quienes nos están empujando”.
Desde el Congreso, la oposición demócrata ha señalado lo discriminatorio del proyecto. La representante Veronica Escobar (Demócrata por Texas) acusó a los republicanos de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios fiscales. “Este impuesto no tiene otro fin que castigar a quienes trabajan, pagan impuestos con ITIN y cuidan a sus familias aquí y allá. Es inmoral, es ineficaz y es racista”.
Ramiro Díaz, un obrero mexicano indocumentado que vive en Bakersfield, California, desde hace 12 años, no oculta su molestia. “Yo pago mis impuestos, tengo ITIN, no recibo ayuda, mando dinero para que mis hijos estudien. Ahora quieren quitarme parte de eso solo porque no tengo papeles. ¿Entonces mi trabajo sí vale, pero mi dinero no?”, cuestiona, en declaraciones a este diario.