Gobierno de EU pide confiscar más de 12 mil mdd a "El Chapo"

Washington.— El gobierno de Estados Unidos pidió formalmente la confiscación de más de 12 mil millones de dólares a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cantidad que consideran “conservadora” para calcular los beneficios que habría ganado con el negocio del narcotráfico durante su etapa como líder del Cártel de Sinaloa.

En una carta dirigida al juez Brian Cogan, encargado del proceso penal contra el sinaloense, la fiscalía hace un repaso de la cantidad de droga que, según los testigos, pudo haber traficado Guzmán Loera, actividad ilícita de la que fue declarado culpable hace cuatro meses y de la que se le dictará sentencia el próximo 17 de julio.

Hasta ahora se calculaba que los beneficios de El Chapo asociados al tráfico de drogas estarían rondando los 14 mil millones de dólares.

Sin embargo, en su cálculo específico previamente a la imposición de sentencia, la fiscalía detalló exactamente en 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares.

El cálculo del gobierno deriva de las pruebas y testimonios escuchados durante los tres meses de juicio contra El Chapo, en los que se hizo un relato minucioso sobre tres décadas de vida dedicada al narcotráfico.

En total, la fiscalía de Estados Unidos puso sobre la mesa que Guzmán traficó 528 mil 276 kilogramos de cocaína, 202 kilogramos de heroína y 423 toneladas de marihuana, cifras “conservadoras” comparadas con los montos que algunos de los testigos declararon cuando fueron llamados a declarar contra el capo.

El cálculo del valor monetario, tal y como dicen en el documento, se ha hecho “multiplicando las cantidades de droga por el precio de los narcóticos en su venta al por menor en las calles”.

Buscan propiedades derivadas del narco. Para la confiscación, el gobierno busca cualquier tipo de propiedad constituida o derivada del narcotráfico, ingresos directos o indirectos de los delitos por empresa criminal continuada y lavado de dinero, o los bienes utilizados para cometer las actividades delictivas.

Esta solicitud es la primera fase de la sentencia, en la que las partes exponen al juez su posición sobre cuál debería ser la pena aplicada al acusado declarado culpable. En los próximos días, con fecha límite el 10 de julio, las partes tienen que entregar al juez su propuesta de sentencia. El gobierno, por ejemplo, es seguro que solicitará cadena perpetua.