Miami.— Trump convirtió el cierre de gobierno en un teatro de poder. Mientras acusa a los demócratas de haberlo provocado, lo presenta como una palanca para congelar desembolsos, revisar contratos y recortar programas que define como favoritos de la oposición.
Trump ordenó revisar posibles recortes en la ayuda federal a Portland: “No financiaremos estados que permitan la anarquía”, dijo la portavoz Karoline Leavitt.
La administración Trump también retendrá 2 mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought en las redes sociales. Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18 mil millones para infraestructura.
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De acuerdo con la Casa Blanca, la maniobra se apoya en la Ley Antideficiencia (ADA) y en la Circular A-11 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), que fijan qué se apaga y qué se mantiene durante una situación como el cierre temporal del presupuesto del gobierno de Estados Unidos. La Sección 124 de la A-11 instruye a las agencias a preparar planes de cierre “cuando el Congreso no aprueba apropiaciones” y varios organismos ya publicaron sus hojas de ruta.
Pero el cierre no es un estado de excepción. Para poderes extraordinarios existe la Ley de Emergencias Nacionales (NEA), que requiere una declaración formal y, desde ahí, activar facultades específicas de otras leyes como la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). Nada de eso rige por defecto en un shutdown: en este caso operan manuales administrativos, no superpoderes presidenciales.
El borde legal de la ofensiva está en la Ley de Control de Retenciones del Gasto (ICA). “Si la Casa Blanca quiere convertir una pausa en recorte, debe enviar al Congreso un mensaje de rescisión y solo puede retener ese dinero 45 días de sesión continua mientras los legisladores deciden” explica a El Universal el economista Iván Jiménez. Así mismo, de acuerdo a un compendio del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), la ICA distingue entre diferimientos (retrasos temporales) y rescisiones (cancelaciones permanentes) y limita la capacidad del Ejecutivo para rehusar gastar lo que el Congreso ya apropió.
Algunos analistas han mencionado la “rescisión de bolsillo” (pocket rescission), pero de momento “al día de hoy no se puede aplicar porque recién comenzó el año fiscal 2026 y no hay partidas grandes que venzan dentro de los próximos 45 días” señala Jiménez; “la comprensión de lo que se discute es sumamente técnico” advierte. La propia Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) lo define con claridad, “una ‘rescisión de bolsillo’ ocurre cuando un presidente pide cancelar fondos muy cerca del fin del año fiscal”. Cada año fiscal en el gobierno federal de Estados Unidos va del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año.
Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que, si es posible aplicar la “rescisión de bolsillo” porque el 28 de agosto, antes de finalizar el año fiscal 2025 (30 de septiembre), la Casa Blanca envió un nuevo mensaje de rescisión y dijo públicamente que perseguía una estrategia de pocket rescission sobre casi 5 mil millones de dólares en ayuda exterior. “Con base en el nuevo mensaje especial de rescisión… la Casa Blanca afirma que ahora está persiguiendo tal estrategia”, resumió el CRS en una nota legal.
Desde ahí el asunto dejó de ser técnico y se volvió político. La Casa Blanca dijo que, “por primera vez en 50 años”, el presidente usó una maniobra de última hora para dejar que el dinero aprobado por el Congreso caduque (lo que en Washington llaman pocket rescission) y lo presentó como un golpe contra el gasto “despierto, armado y derrochador”. Más que un dato histórico, fue un eslogan; y justamente ese anuncio encendió las alarmas en el Capitolio y entre especialistas en presupuesto, porque sugiere ganarle al Congreso por tiempo, no por ley.
La oficina independiente que vigila que el gobierno gaste conforme a la ley (el “árbitro” del Congreso) fue tajante: esa maniobra es ilegal. Recordó el principio básico del sistema, el Congreso decide cómo se usa el dinero público (lo que en inglés llaman power of the purse, el “poder del bolso”) y el Ejecutivo solo debe ejecutar lo que la ley ordena. En palabras simples: “el presidente no puede cambiar por su cuenta un presupuesto ya votado, ni dejarlo morir en la orilla para que no se gaste” dice el economista.
Desde la academia lo explican igual de claro. Juristas como Zachary Price han escrito que la ley actual limita la posibilidad del presidente de negarse a gastar fondos ya autorizados por el Congreso. Y subrayan que el “truco” de dejar pasar los días para que el dinero expire traiciona el sentido de la norma: la famosa “ventana de 45 días” existe para que el Congreso vote si recorta o no, no para que el Ejecutivo “se coma el reloj” y mate las partidas por inanición.
Desde el lado del desarrollo y la ayuda internacional, la advertencia es directa: si el gobierno congela dinero justo al final del año fiscal, ese dinero prácticamente se pierde. Así lo resumió el Center for Global Development: “al congelar ese financiamiento ahora, la administración prácticamente asegura que el dinero no se gastará sin importar si el Congreso actúa”.
Para alcaldes y gobernadores, el golpe se ve en los listados de obras detenidas. Las “revisiones” a apoyos para Portland en Oregón vinieron acompañadas de pausas en proyectos de transporte y energía en Illinois, Nueva York, California, Washington, Colorado y Nuevo México. Es un patrón reconocible: “primero se aprieta el botón de pausa, luego se intenta convertir esa pausa en recorte permanente en el discurso político de la Casa Blanca” advierte Jiménez.
A la vez, en Washington ya se discute lo esencial, la confianza para pactar. La politóloga Molly Reynolds lo dijo públicamente, “¿cómo negocias un acuerdo de gasto a largo plazo bajo la sombra de un Poder Ejecutivo que podría no implementar las decisiones que el Congreso está tomando?”. Si los que firman no creen que el acuerdo se cumplirá, la mesa se cae.
Sobre soluciones concretas, juristas como Alan Morrison han puesto dos llaves encima de la mesa: que el Congreso cambie la ley para cerrar cualquier resquicio que permita esa táctica de dejar morir fondos al límite del calendario (la llamada rescisión de bolsillo), y que, al menos este año, suspenda las reglas exprés que facilitan aprobar recortes por la vía rápida.
Quienes defienden la maniobra citan precedentes viejos y decisiones de la Corte Suprema que, por la vía de urgencia, han permitido congelar ayudas mientras se litiga. Pero el fondo sigue igual: el presidente Trump intenta ganar por tiempo; los árbitros recuerdan que el gasto se decide por ley. Y, en paralelo, rigen las normas del cierre: la Ley Antideficiencia prohíbe gastar sin autorización, la Circular A-11 de la Oficina de Gestión y Presupuesto detalla que sólo siguen servicios esenciales y la Ley de Procedimiento Administrativo exige procesos formales. No habilitan despidos masivos automáticos ni cancelaciones definitivas sin pasar por el Congreso o por esos cauces legales.
En lo contencioso, grupos de la sociedad civil y varios estados sostienen que usar el pocket rescissions para “premiar o castigar” jurisdicciones bajo la etiqueta de “anarquía” viola la Constitución y la APA. Think tanks como el Center on Budget and Policy Priorities han confirmado que “las ‘rescisions de bolsillo’ son ilegales”; por su parte redes de defensa de la democracia han detallado cómo esta táctica intenta “congelar fondos a último minuto con la esperanza de cancelarlos permanentemente”.
Medios comienzan a describir los efectos de las intenciones de la Casa Blanca; en Illinois y Nueva York, pausas multimillonarias en transporte; en California y Washington, incertidumbre en proyectos de redes; en Oregón, revisiones que capturan titulares. Pero al centro de la crónica hay una cita vigente, “la ejecución fiel de la ley no permite que el presidente reemplace con sus prioridades las que el Congreso convirtió en ley”.
