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Algunos de los más de 40 excarcelados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la víspera y el día de Navidad se quedaron ayer en ascuas y a la espera de conocer las condiciones de su libertad, luego de encontrar cerrados los tribunales que llevan sus causas.
Una de las liberadas el sábado pasado, que no encontró al juez, fue la hispano-venezolana Andrea González, quien llevaba dos años y cuatro meses detenida, junto a su amiga Betty Grossi, acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.
González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García, quien indicó que sus clientes no han recibido ninguna novedad y “los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero”.
Entre sollozos, González pidió ante la prensa “un poquito de clemencia y de humanidad” para que todos los opositores al presidente Maduro que están presos recobren la libertad.
En la misma situación está Juan Miguel de Sousa, quien también es representado por García y estaba en prisión desde 2015 acusado de “terrorismo” y “asociación para delinquir”.
Otro de los liberados que pasará las fiestas sin saber sus condiciones de libertad es el dirigente estudiantil Jhosman Paredes, preso desde 2014, quien se quejó de que los tribunales no estén trabajando.
La abogada Ana Leonor Acosta, defensora de del ex alcalde opositor Alfredo Ramos, explicó que en el actual sistema que se maneja en Venezuela “el gobierno da la orden” de las liberaciones y después los ex carcelados tienen que irse “a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas” que les dieron.
A diferencia de otros ex carcelados, a Ramos el Tribunal Supremo de Justicia ya le ha ordenado que se presente cada 30 días ante una instancia judicial de Barquisimeto como medida sustitutiva de la privación de libertad.
Al asesor electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, otro de los excarcelados, se le puso un dispositivo electrónico de geolocalización en su domicilio.
La primera ronda de liberaciones fue decidida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que anunció que se aplicarán medidas sustitutivas de cárcel, no especificadas. Las liberaciones se dan en pleno diálogo entre el gobierno y la oposición, que se reunirán el 11 y el 12 de enero en República Dominicana.
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