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Washington.— Estados Unidos utilizará sus embajadas en América Latina para presionar a los gobiernos ante lo que llama “crisis de migración masiva”.
El Departamento de Estado de ese país dijo en un comunicado publicado en redes sociales que ha pedido a sus embajadas analizar aquellas políticas gubernamentales que “facilitan la migración masiva” o que “dan prioridad a los migrantes sobre los ciudadanos” y exhortar a los gobiernos de los países de la región a combatir lo que denomina como violaciones de los derechos humanos.
“Estados Unidos insta a los gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, señala el comunicado.
“La migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”, añade el mensaje. Por ello, señala, las embajadas “reportarán sobre los crímenes derivados de la migración masiva y urgirán a los gobiernos en el Hemisferio Occidental a combatir estos abusos a los derechos humanos”.
El Departamento de Estado advierte que “las organizaciones narcoterroristas que facilitan la migración masiva comúnmente se involucran en tráfico infantil, trabajo forzado, agresiones sexuales y otros abusos a los derechos humanos que amenazan a los ciudadanos de las naciones del Hemisferio Occidental y socavar el Estado de derecho”.
En ese sentido, dijo que Estados Unidos está “listo para trabajar con las naciones del hemisferio para poner fin a la crisis global de migración masiva”.
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La directiva sigue a otra similar anunciada el mes pasado, aparentemente dirigida a los aliados europeos, en la que se calificaba la migración masiva como una “amenaza existencial para la civilización occidental”.
El presidente Donald Trump incluso afirmó que Europa se enfrenta a la “desaparición de la civilización” debido a los flujos migratorios. “La migración masiva representa una amenaza para la civilización occidental”, advirtió el Departamento de Estado en su directriz de noviembre.
Sin embargo, expertos advierten que este tipo de políticas generan dudas sobre si Estados Unidos está respondiendo a preocupaciones humanitarias o si se trata de injerencia política.
“Si bien es indudablemente cierto que los aumentos considerables de la migración pueden ejercer una presión significativa, e incluso problemática, sobre la infraestructura y la capacidad de acogida de los Estados receptores, es difícil argumentar de forma creíble que, salvo en circunstancias muy excepcionales —por ejemplo, en países pobres y en desarrollo con instituciones débiles y con pocos recursos—, incluso las entradas muy importantes supongan una amenaza existencial para la supervivencia de los Estados”, señaló a la revista Newsweek Kelly Greenhill, profesora de la Universidad Tufts y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Aún se desconocen los alcances de la directriz. Podría implicar más presión diplomática sobre los países para que adopten controles fronterizos más estrictos, o para que modifiquen sus políticas domésticas en materia de migración.
La organización Human Rights Watch (HRW) ha calificado estas órdenes como una “politización de la diplomacia”. La medida se suma a otras, como la imposición de aranceles a países en “castigo” por permitir flujos de migrantes a EU.
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Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha endurecido las políticas migratorias del país, con miles de deportaciones y restricciones totales y parciales para entrar en territorio estadounidense a casi 40 países. El Departamento de Seguridad Nacional de EU destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605 mil personas que han sido deportadas y 1.9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país, aunque la Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta última cifra. Agencias
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