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San Antonio. Un mexicano está entre los ocho migrantes que, de acuerdo con abogados, podrían haber sido deportados a Sudán del Sur. La Casa Blanca ha evitado decir el destino final de estas personas, pero alega que sus países de origen no quisieron recibirlos.
Jesús Muñoz Gutiérrez está en el grupo de siete extranjeros condenados por “crímenes graves” a los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó. Fue condenado en Estados Unidos por asesinato en segundo grado y cumplía sentencia de cadena perpetua.
Además de Muñoz, fueron deportados Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania, Tuan Thanh Phan, de Vietnam, y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.
En una conferencia de prensa en Washington, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó la salida del vuelo desde Texas, pero ocultó el "destino final" de estas personas por motivos de "seguridad" y aseguró que siguen en custodia del Gobierno estadounidense.
"Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos (...) pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales", dijo McLaughlin a reporteros en Washington.
Presentan recurso de emergencia ante tribunal en Massachussets
La noche del martes, varias organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante un tribunal en Massachussets para que interviniera y denunciaron que al menos dos de sus clientes iban a ser enviados a Sudán del Sur. Otros podrían haber sido enviados a Myanmar.
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Sudán, al este de África, está envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no visitarlo y retiró a inicios de mayo al personal no esencial del Gobierno estadounidense allí.
El juez federal Brian Murphy ordenó al gobierno mantener la custodia de los migrantes y asegurarse que puedan ser devueltos a Estados Unidos si la corte encuentra que las expulsiones fueron "ilegales".
En una audiencia de urgencia, el juez Murphy señaló que el gobierno podría haber violado una orden de su tribunal que prohíbe las deportaciones de migrantes a terceros países donde puedan estar en riesgo sin la posibilidad de defender sus casos en las cortes, según informó el diario The New York Times.
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"No recibieron oportunidad de objetar deportación"
El magistrado acusó que los ocho migrantes a bordo del avión no recibieron una oportunidad adecuada de objetar que la deportación podría ponerlos en peligro. Minutos antes de la audiencia, funcionarios de la administración acusaron a “jueces activistas” de abogar por la liberación de criminales peligrosos.
El grupo fue sacado de Estados Unidos apenas horas después de ser notificado, sin tener la oportunidad de contactar a abogados para que pudieran denunciar la medida en los tribunales.
Abogados del gobierno argumentaron que los hombres tenían prontuario en el sistema migratorio y que ya antes habían tenido oportunidad de expresar temor a ser deportados a un país que no sea el suyo. Añadieron que las autoridades migratorias posiblemente entendieron mal la orden porque el juez no especificó cuánto tiempo debe pasar entre la notificación y la deportación.
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Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señaló que los migrantes deportados el martes “representan verdaderas amenazas a la seguridad nacional”.
El vuelo de ayer representa el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno de Trump y el poder judicial, en torno a las medidas cada vez más agresivas para cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
Gobierno de Trump ignora el debido proceso, acusan
Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno estar ignorando el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una "crisis constitucional".
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Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados del país.
A mediados de marzo, Estados Unidos envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
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ss/mcc
