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El Departamento estadounidense de Estado publicó este viernes su reporte anual sobre Clima de Inversión en el mundo y, en el caso de México, criticó la reforma judicial por el impacto que puede tener en la inversión extranjera, la disolución de organismos autónomos e incluyó la corrupción como una de sus principales preocupaciones.
“Las reformas judiciales de 2024 podrían impactar aún más el panorama legal para los inversionistas extranjeros, al afectar la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales, así como la reciprocidad en la resolución de disputas”, señala el reporte, que constituye la primera evaluación que hace la administración del presidente Donald Trump sobre el panorama de inversión en México.
También dice que la reforma judicial, al establecer “la elección pública de todos los jueces, incluidos los jueces laborales, que amenaza con politizar la selección de jueces y socavar su profesionalización tras años de inversión de fondos del T-MEC".
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Recuerda que en los últimos años, “empresas estadounidenses han informado de la presentación de cargos penales contra directivos de la empresa y partes relacionadas derivados de disputas contractuales o comerciales, con dos casos de este tipo solo en los tres primeros meses de 2025”. En un contexto así, añade, “las reformas judiciales de 2024 pueden afectar aún más al panorama jurídico para los inversores extranjeros, al influir en la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales, así como en la reciprocidad de la resolución de disputas”.
Incluye a la corrupción como su tercera preocupación
Si en su reporte del año pasado mencionaba como principales preocupaciones de los inversionistas la falta de acceso confiable a energía, la inseguridad y la incertidumbre regulatoria, este año incluye el factor corrupción como tercera gran preocupación, desbancando al cuarto lugar la incertidumbre regulatoria.
El reporte retoma evaluaciones del World Justice Project (WJP) y la Unidad de Inteligencia que señalan que “la corrupción existe en muchas formas en la sociedad mexicana, incluyendo el sector público [por ejemplo, la exigencia de sobornos o comisiones ilegales por parte de funcionarios públicos] y el sector privado [por ejemplo, fraude, falsificación de reclamaciones] y recuerda que en 2024, el WJP situó a México en el puesto 135 de 142 en su índice de ausencia de corrupción.
Entre las denuncias más comunes que menciona por corrupción oficial en México están: funcionarios públicos que roban de las arcas públicas, crean empresas ficticias para desviar fondos públicos o exigen sobornos a cambio de no perseguir actividades delictivas o adjudicar contratos públicos.
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Aunque reconoce que el gobierno mexicano apoyó reformas contra la corrupción, subraya que desde la sociedad civil se exige a las autoridades “adoptar medidas más sistemáticas, eficaces y frecuentes para abordar la corrupción a nivel institucional”.
El reporte expresa su preocupación por la desaparición de organismos reguladores autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia (COFECE).
“Los críticos advierten que la consolidación podría socavar la independencia y la transparencia regulatoria, abriendo la puerta a decisiones regulatorias motivadas políticamente que podrían perjudicar al sector privado en comparación con las empresas estatales y favorecer a las empresas mexicanas frente a sus competidores estadounidenses y otros competidores extranjeros”, advierte el documento, que señala que “los informes sugieren que la corrupción sigue afectando a la aplicación equitativa de algunas regulaciones”.
Alertan efectos de la política de austeridad
El reporte alerta sobre los efectos de la política de austeridad del gobierno mexicano. "Tras 4 años de importantes compromisos financieros para apoyar su implementación, México dio marcha atrás en 2025 e implementó recortes significativos al presupuesto federal... para instituciones clave de reforma laboral en particular el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El presupuesto también recortó los fondos destinados a apoyar a las instituciones locales de reforma”.
El informe incluye el tema de la seguridad y recuerda que, el pasado 20 de febrero, la administración Trump designó a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
“Las empresas han informado de que las preocupaciones en materia de seguridad siguen siendo un problema para quienes desean invertir” en México, señala el informe, que destaca que en 2024 la Cámara de Comercio Americana en México “informó que los gastos relacionados con la seguridad suponían para las empresas hasta un 5% de sus presupuestos operativos”.
El Departamento de Estado alude a la “violencia política sin precedentes” que, afirma, vivió México en su proceso electoral 2024, “con más de 30 candidatos políticos —locales, alcaldes y gobernadores— asesinados. Se cree que muchos, si no todos, de estos asesinatos están relacionados con grupos del crimen organizado que buscan influir en la política local y controlar territorios”.
Este aumento de violencia, explica, “suscitó preocupación por la seguridad de la participación política y los procesos democráticos. Según el Observatorio de Datos Cívicos de México (Data Cívica), el ciclo electoral de 2024 fue uno de los más violentos de la historia moderna de México”.
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