Miami.— La detención, el sábado, de un activista palestino que ayudó a organizar protestas universitarias por la guerra en Gaza ha suscitado interrogantes sobre si los estudiantes extranjeros y los titulares de tarjetas de residencia están protegidos de ser deportados de Estados Unidos.
Mahmoud Khalil se encuentra detenido en un centro de inmigración en Louisiana, esperando una audiencia para determinar si será deportado. Según las leyes migratorias de EU, la revocación de su residencia permanente podría llevar a su deportación si las autoridades logran justificar legalmente las acusaciones en su contra.
Sin embargo, el proceso suele ser prolongado porque Khalil tiene derecho a apelar y a un juicio justo. Su equipo legal, encabezado por la abogada Amy E. Greer, ha argumentado que las acusaciones carecen de fundamento y que su detención viola sus derechos constitucionales.
Khalil, nacido en un campamento de refugiados en Siria en 1995, tiene ciudadanía argelina y un historial marcado por el activismo político desde sus días como estudiante en la Universidad de Columbia. Se destacó por su trabajo en favor de los refugiados palestinos. Fue arrestado bajo la acusación de tener vínculos con Hamas, una organización designada como terrorista en EU.
Las autoridades no han presentado evidencia. Sus defensores argumentan que su detención obedece más a su activismo.
Un estudiante de Columbia que participó en las manifestaciones en su defensa comentó a EL UNIVERSAL que su detención “es un ataque directo a nuestra libertad de expresión y al derecho a protestar pacíficamente. Si pueden detener a Mah- moud por alzar la voz, ¿quién será el siguiente?”, se cuestiona.
Khalil completó su maestría en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en diciembre de 2024. Profesores y estudiantes han denunciado su detención como un ataque a la libertad de expresión. La universidad ha mantenido un silencio oficial sobre el caso, lo que ha sido criticado por algunos como una falta de apoyo. Este silencio también podría estar relacionado con las amenazas de la administración Trump de retirar fondos federales a universidades que permitan protestas consideradas “ilegales”.
Trump calificó este arresto como “el primero de muchos”, en el contexto de medidas destinadas a “proteger la seguridad nacional”.
“Citar la seguridad nacional no le da a la administración un cheque en blanco para violar los derechos de los estadounidenses”, advirtió Brian Hauss, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Ezra Levin, cofundador del grupo de defensa progresista Indivisible, dijo: “La administración está utilizando las leyes de inmigración como un arma contra la disidencia política”.
La esposa de Khalil realizó un llamado urgente por la liberación de su esposo. “Esas palabras reflejan el costo humano del activismo político, especialmente en un clima político donde las libertades civiles se sienten amenazadas”, comenta a este medio un estudiante de la Universidad de Columbia.
Estudiantes y académicos han denunciado que estas acciones gubernamentales buscan intimidar. No obstante, el caso también ha impulsado a los activistas a organizar protestas masivas en Nueva York, Washington DC, Chicago y Los Ángeles. “Las manos fuera de nuestros estudiantes y nuestros campus”, coreaban manifestantes en una marcha en la capital estadounidense.
En redes, hashtags como #FreeMahmoudKhalil y #JusticeForKhalil han generado un eco de resonancia social importante.
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Un punto crítico es la falta de pruebas concretas que respalden las acusaciones contra Khalil, lo que ha alimentado el debate sobre el uso indebido de leyes de seguridad para justificar detenciones que podrían violar la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, reunión y petición.
Adam Cox, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, señala que este caso podría sentar un precedente preocupante, “si permitimos que el gobierno detenga activistas con acusaciones infundadas, estamos dando un paso peligroso hacia la criminalización del disenso político”, advierte.
El caso de Khalil pone en tensión dos conjuntos de leyes: por un lado, las leyes de seguridad nacional, como la Ley Patriota, que otorgan amplios poderes a las autoridades para detener a sospechosos de terrorismo. Por otro, la Primera Enmienda protege a los activistas políticos de represalias gubernamentales, siempre que sus actividades sean pacíficas y legales. Hasta ahora, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos no ha emitido declaraciones sobre el caso.
Pero organizaciones internacionales han condenado el arresto, calificándolo de intento de silenciar las voces críticas y de establecer un precedente peligroso para la libertad de expresión en Occidente. Un portavoz de Amnistía Internacional advirtió que “la criminalización del activismo político en democracias como EU sienta un precedente alarmante para el derecho a la protesta en todo el mundo”. El caso representa un campo de batalla entre la seguridad nacional y las libertades civiles. “Hoy es Mahmoud, mañana podríamos ser nosotros”, señaló uno de los estudiantes.