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Chile anunció el jueves la construcción de su segunda cárcel de alta seguridad como parte de una nueva estrategia contra el crimen organizado, tras una inusual ola de violencia que desde el fin de semana ha dejado 16 muertos sólo en Santiago.
"He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad que permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas", dijo el presidente de izquierda Gabriel Boric.
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Con un costo de casi 100 millones de dólares, el nuevo presidio albergará a 500 reclusos y se levantará la Región Metropolitana de Santiago, azotada por un brote de inseguridad que las autoridades vinculan con el crimen organizado.
El gobierno enviará en los próximos días un proyecto al Congreso para acelerar la construcción del nuevo penal, cuya vigilancia estará a cargo de una fuerza especializada de gendarmes.
Boric busca endurecer la política anticrimen tras incremento de violencia
Aunque Chile es uno de los países más seguros de América Latina -la región con la tasa de homicidios más alta en el mundo según la ONU-, estudios de opinión ubican la inseguridad como la principal preocupación de sus ciudadanos.
Esto a raíz del incremento de delitos violentos que involucran a bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano y cuyas acciones -asesinatos y extorsiones principalmente- se han extendido a varios países.
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Boric decidió endurecer la política anticrimen tras una serie de homicidios que estremecieron a Santiago entre el viernes y martes.
Solo en un tiroteo murieron cuatro hombres y una mujer, y seis personas resultaron heridas -al parecer todos extranjeros-, que participaban en una fiesta en las afueras de la capital.
Ante la presión que enfrenta por el aumento de la criminalidad, Boric decidió suspender su asistencia a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio.
Megacárcel en Chile pero no al estilo Bukele
Durante el anuncio de su nueva estrategia, el mandatario sostuvo que no permitirá "lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado".
"En Chile eso no va a suceder", remarcó. Sin embargo, aclaró que no "seguirá el modelo" de El Salvador, donde decenas de miles de presos están recluidos en una megacárcel bajo la vigilancia de policías y militares. Señalados de pertenecer a las pandillas, duermen en literas de láminas de acero, sin colchón ni almohada.
En América Latina, países como Honduras, Ecuador o Argentina han mostrado interés en tomar como referencia la política del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.
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Según el analista Cristián Riego, de la Universidad Diego Portales, el plan de Boric contra el crimen organizado "está bien orientado".
"Es importante tener una cárcel más moderna y segura", pero lo "principal" es ejercer un "control efectivo", añadió Riego, al evocar las peleas que han protagonizado miembros del Tren de Aragua en la única cárcel chilena de alta seguridad ubicada en la capital.
Rechazan estado de sitio en Chile sin descartar presencia de militares
El gobierno también prevé reforzar el aparato estatal de inteligencia con policía, fiscalía y Gendarmería (cuerpo a cargo de las prisiones), y reasignar efectivos que cumplían labores administrativas a tareas de vigilancia. Un contingente de 500 policías recién egresados serán destinados a Santiago.
"El año pasado, los homicidios disminuyeron 6%. Sin embargo, esto no es suficiente, en particular en la región metropolitana", dijo Boric.
Entre 2014 y 2023, los homicidios aumentaron un 60% en Chile, un 46% las agresiones sexuales y un 11% los robos con violencia, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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Parlamentarios de la oposición y algunos oficialistas piden al gobierno que decrete el estado de sitio, bajo el cual podría enviar militares a las calles y restringir el derecho de reunión o autorizar el arresto de personas dentro de sus domicilios.
"El gobierno debe decretar estado de sitio en la Región Metropolitana", solicitó el senador oficialista José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos.
La delincuencia "se puede ir naturalizando y, si eso ocurre, entraremos en zona de no retorno", añadió. La última vez que se decretó el estado de sitio en Santiago fue en 1986, luego de un atentado contra del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad, rechazó el estado de sitio, pero aseguró que la "participación de militares no se descarta".
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