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Este jueves, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra EU y sus aliados, como Israel.
En concreto, estas sanciones tratan de imponer restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a EU a personal de la CPI que se encuentren colaborando en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados.
Esta sentencia llega luego de que Trump se reuniera con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien fue sentenciado por el CPI con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Sin embargo, el mandatario estadounidense ya había impuesto sanciones contra la corte, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, esto durante su primera administración.
Ahora bien, la CPI también se ha visto envuelto en controversia debido a las conclusiones de algunos casos.
Resoluciones más polémicas de la CPI
Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional ha emitido diversas resoluciones que han generado controversia a nivel mundial.
Estas decisiones han puesto en el centro del debate la efectividad del tribunal, su imparcialidad y los intereses políticos que pueden influir en la justicia internacional.
Casos en África, ¿sesgo o parcialidad?
Uno de los puntos más criticados contra la CPI es su presunta focalización en crímenes cometidos en países africanos, lo que ha llevado a acusaciones de eurocentrismo y racismo.
Algunos países han denunciado que la corte no ha actuado con la misma determinación en crímenes cometidos por potencias occidentales.
Omar al-Bashir (Sudán)
En 2019, la Sala de Apelaciones de la CPI determinó que el ex presidente de Sudán, Omar al-Bashir, no tenía inmunidad personal ante acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en Darfur.
Por lo que la decisión fue calificada como un avance en la lucha contra la impunidad, aunque también generó debate sobre el impacto de la CPI en la estabilidad política de los países investigados.
Decisiones sobre Afganistán
La CPI autorizó en 2020 una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Afganistán desde 2003, incluyendo posibles delitos perpetrados por fuerzas estadounidenses.
Sin embargo, esto provocó una fuerte reacción por parte de EU, que impuso sanciones contra funcionarios de la CPI, acusando al tribunal de exceder su mandato y politizar la justicia.
Uhuru Kenyatta, se pone en duda la eficacia de la CPI
El caso contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por su presunta responsabilidad en la violencia postelectoral de 2007-2008, fue retirado por falta de pruebas en 2014.
Se alegó que testigos fueron intimidados, lo que planteó serias dudas sobre la capacidad de la CPI para garantizar la seguridad de quienes colaboran con la justicia.
Palestina: un conflicto sin fronteras
La CPI declaró en 2021 que tenía jurisdicción para investigar crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados.
La decisión generó reacciones divididas: Israel y EU la consideraron una extralimitación, mientras que grupos de derechos humanos celebraron esto como un paso crucial hacia la rendición de cuentas.
Retirada de estados y el desafío de la cooperación
Países como EU, Rusia y China han rechazado la jurisdicción de la CPI, lo que limita su capacidad para hacer cumplir sus resoluciones.
En 2002, EU promulgó la "Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense", que impide la cooperación con la corte y hasta autoriza el uso de la fuerza para liberar ciudadanos estadounidenses detenidos por la CPI.
Venezuela: impunidad y la justicia
La investigación abierta en 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela fue vista por algunos como una intervención política, mientras que otros la consideraron un paso crucial para frenar la represión del gobierno de Nicolás Maduro.
Orden de arresto contra Netanyahu
En 2024, la CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
La decisión fue respaldada por grupos de derechos humanos, pero ampliamente criticada por Israel y sus aliados, quienes la calificaron de injusta y parcial.
Tribunal en la encrucijada
Las decisiones de la CPI reflejan la difícil intersección entre la justicia internacional y la política global.
Mientras algunos ven en la corte un baluarte contra la impunidad, otros la consideran un instrumento influenciado por intereses geopolíticos.
El futuro de la CPI dependerá de su capacidad para garantizar la imparcialidad y la cooperación internacional en la lucha contra los crímenes.
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