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En la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, el presidente Gustavo Petro presentó la nueva política de drogas de Colombia, que presenta un giro en la forma de enfrentar el problema, para dejar atrás la guerra contra las drogas.
“Esta guerra ha fracasado”, sostuvo el Presidente colombiano, al decir que enfrentar el fenómeno sólo desde lo militar no ha sido efectivo.
Por ese motivo, la nueva estrategia de Colombia, que tiene como horizonte de aplicación los próximos 10 años, se articula bajo 8 ejes que incluyen acciones de transformación de las regiones, de salud pública, de regulación de sustancias y también de persecución de grandes organizaciones criminales.
Con estas se busca llegar a metas como reducir, para 2026, 90 mil hectáreas de coca de uso ilícito, lo que según el gobierno se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína.
Se señala de las 90 mil hectáreas menos de coca, 69 mil se erradicarían de forma voluntaria, cuando los cultivadores transiten a actividades legítimas; y 23 mil se eliminarían forzosamente en grandes cultivos de organizaciones ilegales. De acuerdo con el Gobierno, esto impactaría las finanzas de las organizaciones criminales en entre 55 y 86 billones de dólares en pérdidas.
El gobierno asegura que su nueva política posibilitará que cerca de 50 mil familias, de las casi 115 mil que actualmente dependen de la coca como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales en los 3 años que le quedan al Presidente.
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Los ejes de la nueva estrategia frente a las drogas
La nueva política de drogas fue construida por el Ministerio de Justicia, y su primer eje es la transformación territorial bajo un ‘Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas’, con el cual se busca eliminar progresivamente la dependencia de las comunidades y de los territorios a las economías ilícitas relacionadas con drogas.
Aquí se habla de que la estrategia se inicia con la contención de la expansión de los cultivos de uso ilícito –otorgando un tratamiento diferencial a los pequeños agricultores– y continúa con una serie de intervenciones para llevar bienes y servicios públicos y crear alternativas económicas legales en las regiones.
Para esa contención de la expansión de los cultivos se requiere que los cultivadores se comprometan a no expandir las áreas sembradas, y allí se priorizará la erradicación voluntaria. Del otro lado, la erradicación forzosa se aplicará solo en los cultivos que no sean de “pequeño cultivador”, a los que amplíen su área después de la publicación de esta política o que sean sembrados después de esta fecha; así mismo, a los que tengan infraestructura para la producción de cocaína, o incumplan compromisos de sustitución.
El segundo eje de la política es sobre el cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas. En este se habla de mitigar y corregir los impactos ambientales por la producción ilegal de drogas y de las estrategias para enfrentar el narcotráfico. En ese sentido, se impulsarán acciones como el manejo forestal sostenible y la economía regenerativa.
El tercer eje se llama ‘Atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas’, e incluye como acciones estratégicas, entre otras, prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías de las drogas; y promover medidas sancionatorias diferenciales para personas vulnerables en contextos urbanos que hayan cometido delitos relacionadas con drogas.
En cuarto lugar, la política presenta medidas frente al ‘Consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos’. En ese punto se habla de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en especial en niños.
También se plantean estrategias para las personas con dependencia a las drogas, para quienes se garantizaría atención con una ampliación de la oferta de servicios, incluso se habla de usar bienes extinguidos al narcotráfico para tener salas de consumo supervisado. Así mismo, se incluyen estrategias de reducción de riesgos y daños por consumo, como el testeo de drogas.
El quinto eje es ‘Afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico’ e incluye medidas para que la Fuerza Pública genere condiciones de seguridad para la transformación territorial mediante el desmantelamiento de laboratorios, el aumento de la interdicción, el control de insumos y precursores químicos, afectación del lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Esto por cuanto la política de drogas reconoce que el proceso de tránsito a economías lícitas debe ir acompañado de una estrategia de seguridad y paz territorial.
El sexto componente de la política es ‘Regulación justa y responsable’, y en ese se habla de avanzar en la regulación de usos terapéuticos, científicos, nutraceúticos, médicos, y demás fines lícitos de la planta de coca. Para evitar que esto genere un crecimiento de los cultivos, se plantea comenzar “con iniciativas controladas por el Estado, en articulación con comunidades que manifiesten su voluntad de transitar a la legalidad y cuyos cultivos sean anteriores a la publicación de esta política”.
El séptimo eje tiene que ver con una transformación para cambiar los imaginarios sobre las drogas promoviendo información basada en evidencia, herramientas culturales y artísticas, la reivindicación de los territorios más afectados por el narcotráfico, entre otros.
Finalmente, el último eje de la política se titula ‘Diplomacia internacional para el cambio’, y habla de promover nuevas discusiones globales sobre las drogas, y plantear la revisión del marco jurídico internacional al respecto.
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