El equipo de reducción de costos de Elon Musk anunció una serie de recortes en el Departamento de Educación de Estados Unidos por más de 900 millones de dólares, informa hoy el diario estadounidense The New York Times.
Los recortes, indica el medio, aparentemente buscan debilitar la rama de investigación del departamento, el Instituto de Ciencias de la Educación.
El presidente Donald Trump puso a Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus acrónimo en inglés), con el objetivo de que reduzca gastos del gobierno. El equipo de Musk dijo el lunes en las redes sociales que el Departamento de Educación había “rescindido” 89 contratos, así como 29 subvenciones relacionadas con la formación en diversidad y equidad.
La mayoría de los recortes, si no todos, afectan a la cartera del Instituto de Ciencias de la Educación, incluidas las subvenciones a la Innovación e Investigación Educativa y los proyectos de revisión asociados con el What Works Clearinghouse, que produce y conserva investigaciones sobre las mejores prácticas en la educación, señaló el Times, con base en información de personas enteradas de las decisiones.
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Musk defendió este martes los recortes federales. “Tenemos un déficit de 2 billones de dólares y si no hacemos algo al respecto, el país irá a la quiebra", dijo en una inusual conferencia junto al presidente Trump.
A pesar de las preocupaciones de que está acumulando un enorme poder con poca transparencia, Musk se describió a sí mismo como un libro abierto. Bromeó diciendo que el escrutinio del que es objeto era como someterse a un “examen de proctología a diario”.
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Trump firmó en el evento una orden ejecutiva para continuar reduciendo la fuerza laboral federal y dar más poder a Musk.
El documento indica que "las agencias llevarán a cabo planes para reducciones masivas de personal y determinarán qué componentes de la agencia (o las agencias mismas) pueden ser eliminados o combinados porque sus funciones no son requeridas por la ley".
También menciona que las dependencias deberán “contratar a no más de un empleado por cada cuatro que se retiren del servicio federal”. Hay planes para excepciones en lo que respecta a inmigración, el orden público y la seguridad pública.
Las acciones del DOGE, que incluyen el desmantelamiento de algunas agencias estadounidenses, la expulsión de decenas de miles de funcionarios y el acceso a algunos de los sistemas de pago más sensibles del Gobierno federal, han provocado demandas y generado caos.
Como parte de su ofensiva para reducir gastos, el DOGE ha desmantelado de facto la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008, con el cierre de sus oficinas e incertidumbre sobre el futuro de sus empleados.
Trump y Musk están presionando a los trabajadores federales para que renuncien a cambio de incentivos financieros, aunque su plan se encuentra actualmente suspendido debido a que un juez evalúa su legalidad. El programa de renuncia diferida, comúnmente descrito como un paquete de liquidación, permitiría a los empleados renunciar y seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre. Funcionarios del gobierno dijeron que más de 65 mil trabajadores han aceptado la oferta.
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