Miami. Desde que Donald Trump anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) y puso a Elon Musk a cargo, la política estadounidense ha entrado en un territorio inexplorado. No es inusual que un presidente se rodee de empresarios en su equipo de trabajo, pero nunca antes un CEO privado había obtenido tanto poder, tanto acceso sin regulación alguna a las decisiones del Estado.
Musk no es un funcionario electo, ni ha sido confirmado por el Senado. A pesar de esto, su influencia en la reestructuración del gobierno federal ha sido más profunda y rápida que la de cualquier asesor en la historia reciente. Desde su nuevo rol en el DOGE, ha promovido despidos masivos, automatización extrema de funciones estatales y una privatización encubierta de agencias clave.
Aunque Trump lo llama “visionario”, una “buena persona” que transformará la burocracia en un modelo más eficiente, sus críticos advierten que su poder sobre el gobierno es peligroso, al no estar sujeto a regulaciones ni mecanismos de control. Para muchos, Musk no es solo un asesor, sino un "gobernante en la sombra" con capacidad de decisión sin rendición de cuentas ante el Congreso ni el electorado.
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Musk no ocupa un puesto en el gabinete, pero ha participado en reuniones sobre infraestructura nacional, recortes de gasto y políticas de defensa, muchas veces con más influencia que los propios secretarios de Estado.
La razón por la que nadie puede frenarlo es su título: ha sido designado "empleado especial del gobierno no de carrera", una categoría que le permite operar sin el escrutinio habitual de funcionarios federales. La Casa Blanca dijo que Musk no es el jefe del DOGE; un expediente judicial de la Oficina de la Administración de la Casa Blanca lo describe como un asesor de alto rango del presidente que se desempeña como empleado de la “Oficina de la Casa Blanca”. Trump dijo que “lo llamen como quieran”, que es un “patriota”.
Esto ha generado serias preocupaciones en círculos legislativos y de seguridad nacional.
En declaraciones a EL UNIVERSAL, la analista política Jane Williams advierte que "cuando tienes a alguien que controla satélites, inteligencia artificial, redes sociales y ahora el gobierno federal, estás hablando de un nivel de poder sin precedentes en la historia moderna."
El Congreso ha intentado investigar hasta dónde llega su acceso a información clasificada, pero la Casa Blanca ha bloqueado estas solicitudes argumentando que "no está legalmente obligado a comparecer".
Entre otras acciones consideradas sumamente delicadas, el DOGE, bajo la dirección de Musk, ha solicitado acceso a los sistemas más sensibles del Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS), lo que ha generado una gran controversia. Esta solicitud incluye el acceso al Sistema Integrado de Recuperación de Datos (IDRS), que contiene información personal y financiera detallada de decenas de millones de contribuyentes estadounidenses.
El IDRS incluye datos como números de Seguro Social de Estados Unidos, información de cuentas bancarias, declaraciones de impuestos, direcciones, ingresos, deudas con el IRS y detalles sobre investigaciones fiscales o auditorías en curso. La Casa Blanca alega que este acceso es necesario para identificar y corregir el fraude y el abuso en el sistema.
Despidos masivos
Desde la entrada en vigor del DOGE, más de 45 mil empleados federales han sido despedidos de alrededor de 25 instituciones gubernamentales, afectando a agencias clave como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Justicia (DOJ).
Uno de los sectores más afectados ha sido la salud pública. En los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el despido de mil 300 empleados ha desmantelado investigaciones sobre enfermedades infecciosas y distribución de vacunas. Un exinvestigador de los CDC, entrevistado por The Washington Post, lamentó que "habíamos avanzado en estudios sobre gripe aviar con potencial pandémico. Ahora, con la mitad del equipo fuera, los estudios han sido suspendidos y los riesgos quedan en el aire".
Con la experiencia de la pandemia de Covid-19 y la continua amenaza de nuevas enfermedades infecciosas, reducir drásticamente el personal que trabaja en vigilancia epidemiológica, desarrollo de vacunas y respuesta a brotes es, en palabras de la Dra. Jennifer Nuzzo, "un suicidio sanitario."
En el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), la eliminación de mil trabajadores ha aumentado drásticamente los tiempos de espera para consultas médicas. John Keller, veterano de la guerra de Afganistán, expresó su indignación en una protesta en Washington, "nos dijeron que jamás nos dejarían atrás, y ahora eliminan nuestra atención médica como si no valiera nada".
El IRS también ha sido afectado, con 7 mil despidos que han colapsado la capacidad del gobierno para procesar impuestos y combatir la evasión fiscal.
En entrevista con CNN, Guo Xu, profesor de economía en UC Berkeley Haas, señaló que "reducir el tamaño del IRS no beneficia al trabajador promedio, sino a quienes ya tienen los recursos para evitar impuestos".
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En esta ola de despidos, señala Williams, el DOGE “también ha cometido graves errores, obligando al menos a dos agencias a recontratar a empleados despedidos tras darse cuenta de que no podían operar sin ellos”.
Uno de esos errores ocurrió nada menos que en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), que despidió a 350 empleados, lo que generó alertas dentro del Pentágono sobre la seguridad del arsenal nuclear. Bajo presión del Congreso, la mayoría fueron reincorporados en menos de 48 horas.
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Conflicto de intereses
Tesla, una de las principales empresas de Musk, depende en gran medida del mercado chino para su rentabilidad. China representa uno de los mercados más grandes y de más rápido crecimiento para los vehículos eléctricos de Tesla. Esta dependencia crea un conflicto de interés inherente, ya que Musk debe equilibrar sus intereses comerciales con su papel en el gobierno estadounidense.
Asimismo, las empresas de Musk, incluidas SpaceX y Tesla, han obtenido miles de millones de dólares en contratos federales. SpaceX, por ejemplo, ha recibido contratos lucrativos de la NASA y del Departamento de Defensa para el lanzamiento de satélites y misiones espaciales. Estos contratos plantean preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, ya que Musk, como director del DOGE, podría tener la capacidad de influir en la adjudicación de contratos y subvenciones federales a sus propias empresas.
“Todas estas situaciones anómalas ya están haciendo eco en congresistas y otros empresarios que se preguntan si DOGE es realmente un esfuerzo por mejorar la eficiencia gubernamental o se están eliminando controles que limitaban el poder de empresas privadas con conexiones en la Casa Blanca” asegura Williams.
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La posibilidad de que Musk acceda a información de su competencia agrava los temores. Sindicatos de empleados federales ya han presentado demandas legales para desafiar la constitucionalidad de las decisiones del DOGE.
Protestas masivas
Todo lo anterior ha provocado una ola de protestas en todo el país. En Nueva York, más de 10 mil personas marcharon el Día de los Presidentes con pancartas que decían "DOGE es un golpe" y "Nadie votó por Musk". En San Francisco, empleados federales despedidos protestaron frente a una sala de exhibición de Tesla. Las movilizaciones se sintieron en varias ciudades importantes de la Unión Americana.
“Todas estas protestas contra el DOGE alrededor del país demuestran que existe una fuerte oposición al intento de transformar el gobierno en una estructura corporativa” señala Williams. “La pregunta es si estas movilizaciones tendrán la fuerza para detener o revertir los despidos”.