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Guatemala elige este domingo a su nuevo presidente en unas elecciones atípicas, envueltas en polémica y en un claro ambiente de incertidumbre sobre qué pasará tras conocerse al ganador.
Y no se debe precisamente a la dureza que pueden haber mostrado en sus mensajes de campaña los dos candidatos que compiten en esta segunda vuelta: Sandra Torres y Bernardo Arévalo, quien parte como favorito según las últimas encuestas.
Exprimera dama del país, Torres es vista como la fórmula continuista del gobierno actual tras haber transitado de la socialdemocracia a un mayor conservadurismo.
Hijo del expresidente Juan José Arévalo, el progresista Bernardo Arévalo se presenta en cambio como “el candidato anticorrupción” que trata de romper con la clase política tradicional que lideró los últimos dos ejecutivos. Su victoria supondría un notable giro a la izquierda en el país.
A lo que se debe principalmente la tensión actual en el país centroamericano es a las decisiones del Poder Judicial.
Tras haber ya pasado la primera vuelta, la Fiscalía estuvo a punto de dejar fuera a Movimiento Semilla —el partido de Arévalo— por presuntas irregularidades en su formación, lo que llevó a que miles de guatemaltecos salieran a protestar a las calles.
Tras ese inesperado segundo puesto logrado por Arévalo, justo por delante del candidato del partido del actual presidente, Alejandro Giammattei, la Fiscalía impulsó investigaciones que ordenaron suspender la candidatura de Semilla y que incluso se temió que pusieran en riesgo la continuidad de todo el proceso electoral.
Los jueces se han convertido así en un actor clave en estas elecciones presidenciales —tanto o más que los propios candidatos—, por lo que la población guatemalteca sigue muy de cerca las decisiones que salen de los tribunales y que se teme podrían seguir afectando al proceso incluso después de las elecciones del domingo, dado que las pesquisas siguen en marcha.
“Esta elección es atípica por la embestida que se le ha venido dando desde el mismo Ministerio Público (Fiscalía), que es algo completamente excepcional en los procesos electorales anteriores”, asegura la politóloga guatemalteca Gabriela Carrera.
“La estrategia no es nueva, tras la criminalización que hemos visto en los últimos años a periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Pero esta vez la criminalización se trasladó a ser persecución política, en lo que el organismo judicial ha tenido un papel clave al actuar contra una opción diferente a la de los dos últimos gobiernos”, le dice a BBC Mundo.
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El polémico proceso judicial
Después de que las autoridades electorales prohibieran por motivos técnicos la participación en estas elecciones de varios precandidatos de perfil alejado al conservadurismo oficialista, la polémica continuó cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó no oficializar los resultados de la primera vuelta hasta realizar un nuevo cotejo de las actas.
La medida, puesta en marcha tras el reclamo de nueve partidos entre los que se encontraban la UNE de Sandra Torres y el oficialista VAMOS, provocó fuertes críticas de organismos internacionales, pero el recuento no arrojó cambios sobre los resultados.
Fue entonces cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche —incluido al igual que la fiscal general, Consuelo Porras, en la lista Engels del Departamento de Estado de EE.UU. de “actores corruptos y antidemocráticos”—anunció la suspensión de Movimiento Semilla por un presunto uso de firmas fraudulentas para su formación como partido. Arévalo calificó esta decisión de “golpe de Estado técnico”.
La CC, sin embargo, frenó la orden judicial basándose en que ningún partido político puede ser cancelado en el transcurso de un proceso electoral, lo que dio de nuevo luz verde a la participación del candidato en segunda vuelta.
Pese a ello, la policía y agentes de la Fiscalía allanaron las oficinas de Semilla en busca de documentación como parte de su investigación.
También fue allanada en varias ocasiones la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el que la Fiscalía mantiene al menos otras 13 investigaciones penales para verificar el papel de las juntas electorales a cargo de las mesas de votación en primera vuelta y la veracidad de los resultados.
El organismo pidió protección a la CC ante el temor de que estas acciones de las autoridades pudieran vulnerar el proceso electoral y la democracia en el país.
“En Guatemala no hay ningún ámbito que no sea sujeto de amparos, y siempre hemos tenido procesos electorales con grados muy altos de hiperjudicialización que se han intentado manipular a través de esa figura. Pero ahora pareciera que el Ministerio Público ha tenido una especie de dedicación en sacar a candidatos incómodos del proceso”, dice Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala.
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¿Qué pasará tras la elección?
Está por ver cómo la victoria de uno u otro candidato afectaría al cuestionado Poder Judicial actual del país. Mientras que Torres respaldó abiertamente la labor de la fiscal general Porras, Arévalo avanzó que pediría su renuncia en caso de llegar a la presidencia.
El candidato de Semilla llega a la cita electoral del domingo tras una campaña en la que ha prometido sacar a los corruptos del poder y cambiar el país.
Torres apostó por un discurso más conservador que nunca. Muchos de sus seguidores acabaron calificando a Arévalo de “comunista” que querría expropiar tierras a los más ricos —algo que nunca dijo—, y criticaron su apoyo a la población LGBT argumentando que podría acabar con el modelo de “familia tradicional”, de gran peso en una sociedad como la guatemalteca.
Las encuestas demostraron en primera vuelta su poca fiabilidad al no haber contemplado nunca a Arévalo como uno de los más votados, pero según dos estudios publicados por Cid-Gallup y el diario Prensa Libre el 16 y 17 de agosto, respectivamente, el candidato de Semilla se proclamaría ganador al recibir entre un 22% y 30% de votos más que Torres.
Pero esta hipotética victoria podría no ser el final del proceso electoral, dado que las investigaciones a Semilla siguen su curso y hay un largo plazo hasta que el nuevo presidente de Guatemala asuma su cargo el 14 de enero de 2024.
“Pareciera que esto no acabará el domingo sino que probablemente continuaremos viendo a actores intentando manipular el proceso electoral”, pronostica el analista político Dabroy en entrevista con BBC Mundo.
Este mismo jueves, el fiscal Curruchiche aseguró que, en el marco de la investigación de Semilla, no se descartan más allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio —la retirada de inmunidad a funcionarios públicos frente a detenciones o procedimientos penales— después del domingo.
“Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político” Semilla, insistió nuevamente, tras lo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por persistirse en “judicializar el proceso electoral”.
Solo un día después, la Corte Suprema otorgó una medida cautelar permanente a Semilla que bloquea la orden de suspensión, aunque la medida puede ser recurrida ante la Corte de Constitucionalidad.
En toda esta batalla judicial, otro escenario a tener en cuenta según la politóloga Carrera es que de materializarse la anulación de Semilla, a sus diputados —el partido obtuvo solo 23 congresistas electos en primera vuelta de un total de 160, por detrás del oficialista VAMOS y la UNE— se les negaría ser parte de un partido y por lo tanto ser presidentes de comisiones legislativas, lo que limitaría su influencia en el Congreso.
“No podemos descartar más sorpresas porque nos las están dando desde el primer día de este proceso electoral. Independientemente de quién gane el domingo, estoy segura de que va a haber muchas personas insatisfechas y el panorama puede ser complicado”, concluye la directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar.
