Miami.— En este segundo gobierno de Donald Trump gobernar se ha convertido en sinónimo de despedir. Más de 200 mil empleados federales, en una combinación de despidos masivos y renuncias forzadas, han abandonado el servicio público desde que Trump regresó a la Casa Blanca, el 20 de enero. Con la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, la administración ha implementado una purga sin precedentes, respaldada por una narrativa de eficiencia, ahorro y disciplina presupuestaria.
“Hay que ver: lo que el gobierno federal presenta como una manera de optimizar, otros lo ven como un desmontaje. Y lo que algunos celebran como valentía ejecutiva, otros lo denuncian como atropello”, dice a EL UNIVERSAL la socióloga Cecilia Castañeda.
La orden inicial fue clara. A través de un correo electrónico enviado por Musk a decenas de miles de empleados federales, se exigió que justificaran en pocas líneas por qué su puesto era esencial. “Elon Musk violó la ley con su exigencia de que los empleados federales expliquen sus logros o se arriesguen a ser despedidos”, alegó el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), que presentó una demanda ante la Oficina de Administración de Personal. Para el presidente, sin embargo, la medida era visionaria: “Un plan genial”, dijo Trump ante periodistas, reafirmando su compromiso con la reducción del gasto federal.
Los efectos se han sentido como un sismo. La Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias clave vieron disminuir abruptamente su plantilla. Se estima que hasta el momento han sido cesados entre 100 mil y 150 mil trabajadores, mientras que otros 75 mil han aceptado ofertas de renuncia voluntaria. A pesar de que algunas de estas decisiones fueron revocadas por tribunales federales (al menos 17 mil trabajadores fueron reinstalados por orden judicial), el impacto estructural ya es irreversible.
Nina Olson, directora del Centro de Derechos del Contribuyente, testificó en el Congreso que las llamadas “renuncias diferidas” eran en realidad “ceses coaccionados” que estaban causando “una fuga de cerebros” en el IRS. La reducción de expertos fiscales y analistas de datos compromete la eficiencia del sistema tributario, justo en el momento en que se exigen mayores ingresos para financiar los proyectos del nuevo gobierno.
Trump afirma que con los despidos, Estados Unidos ahorrará millones. De acuerdo con un análisis de Oxford Economics, esos despidos significan la pérdida de 22 mil millones de dólares en salarios federales en todo el país este año. La capital estadounidense será la más afectada.
Además de un aumento del desempleo, los expertos alertan por otro lado: los despidos en el Departamento de Salud se producen en medio del peor brote de sarampión en años en Estados Unidos.
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La reacción ciudadana crece. El 26 de marzo, empleados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) salieron a protestar en ciudades como Boston y Washington. “¿Cómo se deletrea corrupción? E-L-O-N”, se leía en una de las pancartas. “Muévete, DOGE, sal del camino”, indicaba otra.
Entre los más golpeados por los despidos están, paradójicamente, quienes más confiaron en Trump. Nathan Hooven, veterano discapacitado de la Fuerza Aérea, votó por Trump en noviembre. Fue despedido en febrero de un centro médico para veteranos en Virginia. “Creo que muchos otros veteranos votaron de la misma manera y hemos sido traicionados”, dijo. James Stancil, otro veterano despedido del hospital de Asuntos de Veteranos en Milwaukee, lo describió así: “Me sentí como si me hubieran disparado y arrojado de un helicóptero”. Michael Graugnard, exempleado federal y votante republicano, dijo sin rodeos que “esperaba que mejorara la economía y bajaran los precios, no perder mi trabajo por el que serví durante años”.
Las consecuencias también han alcanzado la política exterior. El DOGE desmanteló 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que afectó a más de 5 mil 200 iniciativas en América Latina y el Caribe. Sólo en México se congelaron fondos por 10 millones de dólares destinados a proyectos comunitarios. La comunidad diplomática habla de un daño estructural a la cooperación regional que tardará años en ser reparado.
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Elon Musk se mantiene desafiante. En entrevista con Fox News, aseguró que “prácticamente nadie ha sido despedido”, una afirmación que contrasta con la evidencia documental de miles de ceses. Prometió que los verdaderos beneficiarios de la Seguridad Social recibirán más dinero como resultado de las reformas.
Mientras tanto, The New York Times reveló que el DOGE cometió errores en sus informes financieros, confundiendo 8 millones con 8 mil millones de dólares en supuestos ahorros.
“Detrás de las acciones del DOGE de Musk, las sospechas de conflictos de intereses se acumulan”, escribió la revista Wired, citando a auditores federales que calificaron el nuevo sistema como “un atraco, robando una vasta cantidad de datos gubernamentales”.
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En el Senado, la oposición ha sido bipartidista en algunos casos. Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand condenaron los recortes al programa de salud para víctimas del 9-11; “estos recortes perjudicarán a los más de 130 mil beneficiarios al retrasar tratamientos necesarios por exposición a materiales tóxicos”, dijeron en una carta conjunta dirigida al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Lo que se vive hoy en el gobierno federal no es simplemente un reajuste presupuestario; analistas consultados coinciden en que todo esto es una reconfiguración ideológica del papel del Estado en la vida estadounidense. La narrativa de la eficiencia ha desplazado el concepto de servicio público. En esa tensión se encuentran miles de hombres y mujeres, algunos de los cuales votaron por quien ahora los deja sin empleo. “Es paradójico ver cómo el gobierno que prometió salvar a América parece estar comenzando por desmontar a quienes la hacían funcionar”, señala Castañeda.
Comparar la expulsión de migrantes con la de empleados públicos despedidos podría parecer provocador, pero la magnitud de las cifras y la narrativa de “purificación estatal” que acompaña a ambas acciones permite hacer el paralelismo. En su primer mes de gobierno, ICE reportó 37 mil 660 deportaciones, una cifra inferior al promedio mensual de la administración Joe Biden. En total, entre enero y marzo, las deportaciones rondaron los 70 mil casos, lejos de los récords de 2019 o 2014 con Barack Obama. Los despidos de la era Trump, en cambio, sí han sido masivos.
El gobierno, en su afán de recortarse, ha terminado por expulsar a los suyos a un ritmo más veloz que el de su maquinaria de inmigración. Lo que parecía una guerra contra la burocracia terminó por ser una retirada desordenada de quienes sostenían las estructuras del Estado.