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Manila. El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes por la Policía del país asiático después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto, acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas, afirmó una fuente oficial.
Duterte fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto.
El propio exmandatario se refirió en Hong Kong a las especulaciones de que podría ser detenido, al señalar que "la noticia es que hay una orden de detención". "Si este es mi destino, está bien, lo aceptaré", dijo Duterte, que el pasado noviembre ya retó a la CPI a acelerar las pesquisas.
La detención se produjo después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden en la que lo acusa de crímenes contra la humanidad en su guerra contra las drogas en la que, según grupos de derechos humanos, decenas de miles de filipinos fueron ejecutados sumariamente.
Duterte y sus acompañantes llegaron al aeropuerto a las 9:20 hora local (1:20 GMT), momento en que el Fiscal General del país asiático presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, y el expresidente fue escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto.
Según el comunicado de la oficina presidencial, el político de 79 años de edad goza de buena salud y fue examinado por un equipo médico tras ser detenido.
El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron seis mil personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30 mil
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
Una comisión del Senado filipino interrogó a Duterte en octubre de 2024, como parte de una investigación de las muertes en la campaña antidrogas de su gobierno.
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En su comparecencia, Duterte reconoció que durante su largo mandato como alcalde de Davao, antes de dirigir el gobierno del país, mantuvo un escuadrón de la muerte de siete “gangsters” para encargarse de otros criminales.
“Puedo hacer la confesión ahora si quieren”, dijo Duterte. “Tenía un escuadrón de la muerte de siete, pero no eran policías, también eran gangsters”.
Duterte dijo que asumiría toda la responsabilidad por las muertes ocurridas mientras él era presidente entre 2016 y 2022. Pero aseguró que nunca había ordenado a sus jefes de la policía nacional, que también estaban presentes, que hicieran ejecuciones extrajudiciales.
Duterte, uno de los líderes contemporáneos menos ortodoxos, puso fin a su accidentado mandato de seis años en junio de 2022, tras más de tres décadas en la política a menudo tempestuosa del país, en la que se ganó una reputación por sus exabruptos salpicados de lenguaje malsonante y su desdén por los derechos humanos y Occidente, y se acercó a China y Rusia.
Los activistas le veían como “una calamidad para los derechos humanos”, no solo por el alto número de muertes durante su llamada guerra contra la droga, sino por sus ataques directos a medios críticos, la dominante Iglesia católica y la oposición política.
El propio exmandatario se refirió en Hong Kong a las especulaciones de que podría ser detenido, al señalar que "la noticia es que hay una orden de detención". "Si este es mi destino, está bien, lo aceptaré", dijo Duterte, que el pasado noviembre ya retó a la CPI a acelerar las pesquisas.
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Duterte llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6 mil personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30 mil.
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
El gobierno de Duterte intentó suspender la investigación de la CPI a finales de 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, y alegando que el tribunal no tenía jurisdicción.
En julio de 2023, jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. La corte, con sede en La Haya, puede intervenir cuando los países no están dispuestos o son incapaces de procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El presidente Ferdinand Marcos Jr., quien sucedió a Duterte en 2022 y se enfrascó en una amarga disputa política con el expresidente, ha decidido no reincorporarse al tribunal global. Sin embargo, el gobierno de Marcos ha declarado que cooperaría si la CPI le solicita a la Interpol que detenga a Duterte a través de una notificación roja, una solicitud para que las agencias policiales en todo el mundo localicen y arresten temporalmente a un sospechoso de un delito.
mgm
