Bruselas.— La desaparición generalizada de mujeres y niñas sigue siendo una crisis olvidada por el Gobierno de México, denuncia en una nota técnica la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
Divulgado este miércoles en París, el documento sostiene que ante la falta de respuesta de las autoridades, la complicidad de algunos funcionarios con redes criminales, la ausencia de un enfoque coordinado entre las instituciones, la superposición de marcos jurídicos y la ausencia de rigor en el tratamiento de pruebas forenses, son las familias de las víctimas y los colectivos de defensa de derechos humanos los que cargan con el peso de una crisis profundamente subestimada.
“En México, mujeres, a menudo jóvenes y de entornos socioeconómicos desfavorecidos, desaparecen sin dejar rastro, en la indiferencia y negligencia de las autoridades del país, mientras que sus familias y diversas asociaciones luchan incansablemente por encontrarlas y obtener justicia.
“Entre el silencio, la connivencia y la corrupción de las autoridades locales con el crimen organizado, el aumento alarmante de las desapariciones de mujeres y niñas en el país sigue siendo mayormente invisibilizado, eclipsado por la atención mediática centrada en la guerra contra el narcotráfico”.
El documento fue elaborado en colaboración con Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Equipo Mexicano de Antropología Forense, y forma parte de las actividades de seguimiento a dos informes publicados por la FIDH en 2023 y 2024, los cuales fueron resultado de misiones llevadas a cabo en Guerrero y el Estado de México.
Sostiene que la situación en el país es alarmante, de las 121 mil 808 personas reportadas como desaparecidas, 27 mil 819 son del sexo femenino, cerca de 23% del total.
Los índices han registrado un aumento significativo desde 2007, siendo Guerrero y el Estado de México dos de los mayores epicentros del fenómeno. En el Estado de México, aproximadamente 40% de las personas desaparecidas son mujeres. “Grandes ciudades como Acapulco, Ecatepec y Toluca son focos críticos donde el crimen organizado aprovecha el anonimato y el caos urbano para actuar con total impunidad.
“Paralelamente, en localidades más rurales como Chilpancingo y Tlapa, las desapariciones se inscriben en un contexto de control territorial por parte de grupos criminales que se aprovechan de las condiciones de pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones locales para realizar sus actividades ilegales”.
A la par de las desapariciones, México vive una normalización de la violencia hacia la mujer, 17 mil feminicidios se registraron entre 2018 y 2022, 70% de las mexicanas ha sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida y más de 30% de los casos documentados en el informe sobre Guerrero, las mujeres desaparecidas ya habían sido víctimas de alguna forma de violencia.
Aunque la cifra real de la problemática en México es mucho mayor, debido a la subestimación de los datos, denuncia la FIDH.
“Las autoridades mexicanas no registran sistemáticamente los casos en bases de datos oficiales, especialmente cuando la desaparición está relacionada con otros delitos o se produce en el contexto de la migración, lo que impide reflejar la magnitud real del fenómeno”.
“Además, muchas familias de las víctimas prefieren no denunciar las desapariciones debido al temor a represalias, el miedo a ser juzgadas socialmente, a la falta de independencia y transparencia de las autoridades locales, así como a la ineficacia sistémica de las instituciones judiciales”.
Detrás de muchas desapariciones está la trata sexual, la explotación para asumir tareas de cuidado y los servicios en beneficio de narcotraficantes, como el trabajo doméstico en casas de seguridad.
Entre los métodos más empleados, está la manipulación amorosa, el engaño laboral y el chantaje, en contextos de vulnerabilidad sicológica, emocional y socioeconómica. Entre las herramientas utilizadas están las redes sociales, aplicaciones como Litmatch y Discord, y videojuegos como Roblox, Zepeto y Free Fire, con las que los traficantes, bajo la apariencia de una relación amorosa, aíslan a las víctimas de sus familias. “Las autoridades, presuponiendo que las víctimas actuaron por su propia voluntad al desaparecer para unirse a un novio, ignoran el carácter viciado del consentimiento al considerar estos casos como desapariciones voluntarias”.
El reporte recomienda garantizar procedimientos rápidos y accesibles, fortalecer la eficacia de las investigaciones adoptando un enfoque de género, fortalecer la cooperación interinstitucional y el trabajo forense, así como acabar con la convivencia entre autoridades y la delincuencia organizada. “Las fuerzas del orden a menudo cierran los ojos ante sus actividades, recibiendo en ocasiones pagos para entorpecer las investigaciones o ocultar información crucial”, al tiempo que muchas familias que denuncian son blanco de represalias.