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La Corte Suprema aceptó el viernes la petición del gobierno de Trump de recortar cientos de millones de dólares en fondos para capacitación docente como parte de sus esfuerzos contra la diversidad, equidad e inclusión (DEI), mientras continúa una demanda.
Los jueces se dividieron 5-4, y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales en su desacuerdo.
Los recortes a más de 100 programas habían sido bloqueados temporalmente por un juez federal de Boston, quien determinó que ya afectaban a los programas de capacitación destinados a abordar la escasez nacional de docentes. El tribunal federal de apelaciones de Boston rechazó una apelación de la administración para permitir su reanudación.
La apelación de emergencia se encuentra entre varias que el tribunal superior está considerando en las que el Departamento de Justicia argumenta que los jueces de tribunales inferiores han obstruido indebidamente la agenda del presidente Donald Trump.
La orden del viernes fue la primera vez, en tres intentos, que el tribunal más alto del país le dio a la administración lo que quería en forma de emergencia.
El juez de distrito estadounidense Myong Joun emitió una orden de restricción temporal solicitada por ocho estados liderados por demócratas que argumentaron que los recortes probablemente fueron impulsados por los esfuerzos de la administración de Trump para eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión.
El presidente republicano también firmó una orden ejecutiva que pide el desmantelamiento del Departamento de Educación, y su administración ya comenzó a revisar gran parte de su trabajo, incluido el recorte de docenas de contratos que descartó como "despiertos" y derrochadores.
Los dos programas en cuestión —la Alianza para la Calidad Docente y el Apoyo al Desarrollo Eficaz de Educadores— otorgan más de 600 millones de dólares en subvenciones para programas de formación docente, a menudo en áreas como matemáticas, ciencias y educación especial, según argumentan los estados. Añadieron que los datos demuestran que los programas han contribuido a un aumento en las tasas de retención docente y han garantizado que los educadores permanezcan en la profesión más allá de los cinco años.
A pesar de la conclusión de Joun de que los programas ya se estaban viendo afectados, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo dictaminó que los estados pueden mantener los programas en funcionamiento con sus propios fondos por ahora. En cambio, la mayoría declaró en una opinión sin firmar que el gobierno federal probablemente no podría recuperar el dinero si finalmente gana la demanda.
La jueza Elena Kagan escribió en disidencia que no había motivos para la intervención de emergencia del tribunal.
“En ningún lado de sus documentos el Gobierno defiende la legalidad de cancelar las becas educativas en cuestión aquí”, escribió Kagan.
En una opinión separada, el juez Ketanji Brown Jackson escribió: “Es más que desconcertante que la mayoría de los jueces consideren la solicitud del gobierno como una emergencia”.
La administración suspendió los programas sin previo aviso en febrero. Joun, designado por el presidente demócrata Joe Biden, concluyó que las cancelaciones probablemente violaban una ley federal que exige una explicación clara.
El panel de apelaciones que rechazó la solicitud de suspensión de la administración también estuvo compuesto por jueces designados por demócratas.
California lidera la demanda en curso, a la que se suman Massachusetts, Nueva Jersey, Colorado, Illinois, Maryland, Nueva York y Wisconsin.
Las Escuelas Públicas de Boston ya han tenido que despedir a varios empleados a tiempo completo debido a la pérdida de subvenciones, y el College of New Jersey también ha cancelado el resto de su programa de residencia docente. La Universidad Estatal de California ha cancelado el apoyo a dos docenas de estudiantes de un programa similar y ha eliminado la ayuda financiera para 50 estudiantes de nuevo ingreso.
desa/bmc
