Corte Suprema de EU, escéptica ante aranceles

Washington.— La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema se mostraron escépticos ayer sobre la capacidad del presidente Donald Trump para imponer unilateralmente aranceles, poniendo en riesgo una piedra angular de su agenda en la mayor prueba legal hasta el momento de su mandato.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, comenzó ayer a celebrar audiencias para determinar si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una “amenaza” durante “una emergencia nacional”, faculta a Trump para imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México, país al que el republicano acusa de permitir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, con implicaciones potencialmente multimillonarias para la economía mundial.

Los tres magistrados liberales, de los nueve que componen el Supremo, también mostraron su escepticismo. Una de las cuestiones claves que se debate en el alto tribunal es la “doctrina de las cuestiones importantes”, según la cual, el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado.

El fiscal general John Sauer, que defiende al gobierno, dijo a los nueve magistrados que esta doctrina no aplica debido al amplio abanico de competencias inherentes al cargo de presidente y advirtió que la anulación de los aranceles expone a Estados Unidos a “represalias comerciales implacables” por parte de otros países. “Los impuestos son competencia del Poder Legislativo (...) y los aranceles son impuestos”, declaró la jueza progresista Sonia Sotomayor.

El presidente utiliza esta ley de emergencia “para imponer aranceles aduaneros independientemente del producto y del país de origen, eligiendo el importe y la duración”, señaló el juez conservador John Roberts, presidente del tribunal, lo que, a su juicio, confiere una “autoridad mayúscula” al presidente. La misma preocupación expresaron los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Esta última destacó que el estatuto por el que se han dado poderes a los mandatarios no había sido usado como Trump lo ha hecho.

“Está bastante claro que el Congreso estaba tratando de limitar los poderes de emergencia del presidente”, no expandirlos, indicó.

Un tribunal falló en mayo que el presidente excedió su autoridad al imponer los aranceles, aunque la apelación del gobierno permitió que permanecieran temporalmente en vigor. Luego, un tribunal de apelaciones federal falló en agosto que los gravámenes eran ilegales, lo que llevó al gobierno a elevar el caso a la Corte Suprema.

Una cuestión importante que planeaba sobre los argumentos era si las empresas tendrían derecho a reembolsos por el pago de los gravámenes si los jueces fallan en contra del uso de poderes de emergencia por parte de la administración Trump para imponerlos.

En una entrevista con Fox Business, Trump advirtió que si la Corte Suprema fallaba en su contra, “tendríamos que devolver el dinero”. Barrett le preguntó al abogado Neal Katyal, quien representa a las empresas que demandaron a Trump por los aranceles, cómo podría funcionar ese proceso, una señal de que podría tener reservas sobre las implicaciones prácticas de fallar en contra de la administración. “¿Sería un completo desastre?”, preguntó.

El juez conservador Samuel Alito pareció sugerir un interés por resolver cuanto antes el asunto de los reembolsos, puesto que la demora únicamente aumentaría la recaudación arancelaria y la complejidad del proceso. Hasta el momento, el Tesoro ha recaudado casi 90 mil millones de dólares por los aranceles impuestos bajo la IEEPA.

A la audiencia acudió en representación de Trump el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre Estados Unidos. En X, Bessent insistió en que Trump busca “reequilibrar décadas de comercio desleal contra Estados Unidos, recuperar la industria manufacturera y equilibrar los déficits”.

Se espera que el Supremo dicte una sentencia a finales de junio, al cerrar el curso político, aunque es posible que dada la importancia del caso llegue antes.