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SEÚL, Corea del Sur— Los abogados que representan al presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien se encuentra suspendido del cargo, informaron el jueves que el mandatario se negará a nuevos interrogatorios después de que fue detenido por funcionarios anticorrupción por su decreto de ley marcial del mes pasado, asegurando que la investigación es ilegal.
Yoon ejerció su derecho a guardar silencio mientras se sometía a más de 10 horas de interrogatorio el miércoles en la sede de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, después de un enorme operativo policial para detenerlo en su residencia oficial en Seúl.
Se tiene previsto que los investigadores procedan a arrestarlo en los próximos días.
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La agencia anticorrupción, la cual encabeza una investigación conjunta con la policía y el ejército sobre si el decreto de ley marcial de Yoon equivalía a un intento de rebelión, tiene 48 horas para solicitar una orden judicial para su arresto formal o, en caso contrario, para liberarlo.
Los abogados de Yoon han argumentado que la orden de detención que emitió la Corte del Distrito Occidental de Seúl es inválida y han solicitado al Tribunal del Distrito Central de Seúl que considere su liberación.
El tiempo para que se emita la orden de arresto está en pausa mientras el tribunal revisa su solicitud, lo cual puede tomar hasta 48 horas. Existe la posibilidad de que Yoon pueda asistir a una audiencia en la Corte del Distrito Central como parte de la revisión. Los registros judiciales mostraron que la audiencia estaba programada para las 5 de la tarde del jueves, lo que indica que la decisión podría producirse en el transcurso de la noche.
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Presidente destituido desata la peor crisis política del país desde 1960
Yoon desató la crisis política más grave del país desde su democratización a finales de la década de 1980 cuando intentó poner fin a un estancamiento legislativo mediante una declaración de ley marcial y desplegando tropas alrededor de la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre. La medida permaneció en vigor apenas unas cuantas horas, hasta que los legisladores lograron atravesar el bloqueo y votaron para levantar la declaratoria.
Sus poderes presidenciales quedaron suspendidos cuando la asamblea dominada por la oposición aprobó llevarlo a juicio político el 14 de diciembre, acusándolo de rebelión. Su destino ahora recae en manos de la Corte Constitucional, la cual ha comenzado a deliberar sobre la posibilidad de destituirlo o rechazar los cargos y reinstalarlo.
Yoon y sus aliados han cuestionado los intentos por investigar su papel en el caos del 3 de diciembre. El mandatario ignoró durante varias semanas las solicitudes de comparecer para ser interrogado, permaneciendo en su residencia oficial para evitar que fuera detenido mientras sus abogados rechazaban a la policía, argumentando la existencia de una ley que impide que lugares posiblemente vinculados a secretos militares sean registrados sin consentimiento de la persona a cargo —en este caso, Yoon. También afirmaron que la agencia anticorrupción no tenía autoridad legal para investigar las acusaciones de rebelión.
Yoon también resistió a un intento de detención después de que el servicio de seguridad presidencial levantó una barricada en la residencia. Finalmente fue puesto bajo custodia después de que cientos de investigadores anticorrupción y policías allanaron el complejo presidencial en un operativo de unas cinco horas durante su segundo intento.
En un mensaje en video grabado poco antes de ser escoltado a la sede de la agencia anticorrupción, Yoon lamentó que “el estado de derecho ha colapsado por completo en este país”. Reiteró los argumentos de sus abogados de que la agencia anticorrupción no tiene la autoridad para investigar sus acciones, pero dijo que aceptó la detención para evitar la violencia.
Tras el interrogatorio del miércoles, sus abogados solicitaron a la Corte Constitucional que retrase una audiencia programada para el jueves, mencionando las complicaciones que crea su detención. Aún es posible que Yoon ejerza su derecho a asistir, incluso mientras se encuentra detenido.
Si un tribunal concede una orden para el arresto formal de Yoon, los investigadores anticorrupción pueden extender su detención hasta por 20 días, durante los cuales transferirán el caso a la fiscalía pública para una acusación formal.
Si la fiscalía toma la decisión de acusar a Yoon por los posibles cargos de rebelión y abuso de poder, podría permanecer bajo arresto hasta el primer fallo judicial, que generalmente se emite dentro de seis meses, dijo Park Sung-bae, un abogado especializado en derecho penal. Según la ley de Corea del Sur, el líder de una rebelión puede enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
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