Miami.— Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el promedio diario de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos ha sido de aproximadamente 421 personas al día. En el primer mes de su mandato se reportaron 11 mil 379 expulsiones de connacionales. Aunque estas cifras son significativas, están por debajo del promedio diario de deportaciones durante la administración de Joe Biden; sin embargo, no deja de haber preocupación por la forma en que se está llevando a cabo y por la promesa inminente de incrementar estos números cada semana.
Los consulados mexicanos en EU han intensificado sus esfuerzos para apoyar a los migrantes mexicanos en situaciones críticas. Por ejemplo, se ha implementado la estrategia México te Abraza, que busca garantizar que los indocumentados que regresen a suelo mexicano puedan acceder a programas de bienestar, empleo, transporte y apoyo económico.
Sin embargo, la maquinaria migratoria de EU, rediseñada para expulsar con rapidez y mínima resistencia, ha provocado que los consulados mexicanos se conviertan en frágiles trincheras de defensa jurídica y humanitaria. Y lo hacen, en muchos casos, sin contar siquiera con un cónsul general oficialmente designado.
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Entre enero y marzo, la red de consulados mexicanos en EU apoyó a más de 42 mil 500 personas, con al menos 4 mil 672 asesorías legales formales.
El esfuerzo de los consulados mexicanos choca contra una maquinaria migratoria implacable, marcada por deportaciones expeditas, centros de detención remotos y jueces instruidos para limitar su discreción al máximo.
A lo largo y ancho de los 52 consulados de México en Estados Unidos, abogados y asesores han tenido que adaptarse a una realidad más áspera. “Estamos viendo procesos de deportación que se resuelven en menos de 72 horas, sin audiencia, sin defensa y sin tiempo para contactar a sus familias”, comenta un abogado voluntario a EL UNIVERSAL, del programa de Asesorías Legales Externas (PALE).
En el consulado de Dallas, una abogada contratada bajo PALE relató a este medio que “apenas nos llega la notificación de un detenido, muchas veces ya fue trasladado a otro estado o está firmando su salida. Todo sucede tan rápido que defenderlos a tiempo se ha vuelto una carrera contra un sistema diseñado para el silencio y la invisibilidad”.
El gobierno mexicano, anticipando una ola de deportaciones masivas, reforzó en diciembre pasado su red de defensa legal con la contratación de 300 asesores externos. Son, en su mayoría, abogados especializados en derecho migratorio, penal, familiar y de derechos humanos. Su trabajo se concentra en los consulados con mayor carga, por ejemplo, Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, Phoenix y Dallas, por mencionar algunos. Sin embargo, la contratación ha sido insuficiente. La demanda se desborda. Hay consulados que siguen sin cónsul titular, operando bajo interinatos que dificultan decisiones diplomáticas y operativas urgentes.
El programa PALE se articula con otras medidas, asesoría jurídica presencial y telefónica, redes comunitarias con iglesias, albergues, médicos, empresarios y organizaciones de defensa de derechos. Además, se lanzó en alianza con la UNAM la plataforma digital Acción Migrante, que canaliza solicitudes y ofrece información legal y sicológica en tiempo real. Incluso con estas herramientas, los consulados lidian con el miedo, la desinformación y la desconfianza. Muchos migrantes detenidos no avisan a nadie. Otros no saben que tienen derecho a comunicarse con el consulado. Algunos simplemente firman su salida.
La abogada especialista en inmigración Cristel Martínez, quien representa a menores detenidos en Nueva York, advierte, a través de este medio, que “este gobierno está desmantelando el acceso legal para los más indefensos. No se trata sólo de política migratoria, es una estrategia para borrar a los migrantes del proceso legal”. En marzo, casi 30 mil menores no acompañados quedaron sin acceso a representación legal. “Van a enfrentar solos a un juez. No saben inglés, no conocen la ley. Es como empujar a un niño a cruzar una autopista con los ojos vendados”, afirma Martínez.
Para quienes no son menores, pero llevan años en el país, la situación no mejora. El alivio más común, conocido como cancelación de deportación, requiere demostrar residencia continua por más de 10 años, buena conducta moral y la existencia de un familiar ciudadano (como un hijo o esposo/a) que sufriría un daño extremo si el migrante fuera deportado. El problema es que, incluso cumpliendo todos esos requisitos, los jueces tienen ahora menos margen para aprobar los casos. “Hemos tenido casos donde se cumplen estas prerrogativas legales y aun así han deportado a migrantes donde sus hijos estadounidenses están sufriendo un daño extremo”, señala la abogada.
En los primeros tres meses del gobierno, 35% de los solicitantes de asilo lograron obtener protección. Para los mexicanos, menos de 20% lo obtuvieron. Los jueces migratorios han sido reorientados por la administración para aplicar criterios más estrictos. En estados como Texas y Nuevo México, las tasas de denegación superan 80%. “La violencia generalizada en México no se considera suficiente para otorgar asilo. Quieren ver pruebas de persecución individual, cartas, amenazas, reportes policiales... y eso, en muchos casos, simplemente no existe porque allá denunciar puede costarte la vida”, explica a este medio una defensora en El Paso, Texas.
El gobierno de Trump reactivó el Quédate en México, obligando a solicitantes de asilo a esperar sus audiencias en territorio mexicano, donde son vulnerables a secuestros, extorsión y ataques. Y mientras se recrudece la política en Washington, en ciudades como Phoenix, Atlanta y Miami las redadas migratorias han regresado.
La figura del abogado o asesora consular adquiere un carácter casi heroico. “Nos han amenazado. Nos han cuestionado por qué ayudamos a supuestos criminales. Pero sabemos que no estamos salvando números, estamos salvando familias”, comenta la defensora de Texas.
Hay quienes logran quedarse. “En este país, donde el miedo se institucionaliza, defender a un migrante se convierte en un acto político, jurídico y profundamente humano”, refiere Martínez: Esa defensa, aunque agotada y sobrecargada, no está rendida; a pesar de los obstáculos, sigue ahí, viva, desbordada y decidida. Como los migrantes mismos y eso nos obliga a seguir adelante, a pesar de las adversidades”.