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San José.— Colombia siguió hundiéndose esta semana en un explosivo pantano político con dos protagonistas directos—el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa—y dos indirectos—los cárteles del narcotráfico y la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN)—en una turbia escena de financiamiento electoral ilícito y amenazas de muerte.
Petro desmintió el martes anterior una alerta que Barbosa lanzó el 8 de este mes de acerca de que recibió información verificada de que sería asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla comunista de Colombia y de América y que el 3 de este mes inició un cese bilateral del fuego con el gobierno colombiano para detener sus acciones ofensivas.
“Nunca supimos de un plan de atentado en su contra sino por su propio comunicado público”, cuestionó Petro, en una virtual defensa del ELN en su cuenta de la red anteriormente llamada Twitter.
“Un alto funcionario del estado (Barbosa) se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo”, añadió.
Al subrayar que “el origen” del “engaño” se vincula con verificar fuentes, fustigó a Barbosa porque la información sobre el supuesto atentado llegó a la Fiscalía General y a la inteligencia militar del gobierno y, “sin mayor verificación”, el fiscal la “hizo pública”.
“El prejuicio y señalamiento irresponsable” de carácter político del fiscal al presidente “desdice del respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo de fiscal no se verifique”, agregó el mandatario.
El ELN garantizó el 9 de este mes que “es falsa la noticia” divulgada por el fiscal sobre la presunta conjura criminal y lo acusó de intentar sabotear el proceso de que el gobierno de Petro y esa insurgencia empezaron en octubre de 2002 para poner fin al conflicto armado de ambas fuerzas, que empezó en 1964.
Las amenazas de muerte del ELN también habrían sido contra la senadora María Fernanda Cabal, del opositor partido derechista Centro Democrático, y el general en retiro Eduardo Zapateiro.
El mensaje de Petro fue acompañado de un desmentido que la cúpula militar y policial colombiana y el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, emitieron el martes pasado.
Barbosa restó valor al alegato del ELN y, el miércoles anterior, respondió en forma enfática a los de Petro, el ministro y la jerarquía de la seguridad.
“Me parecen irresponsables las ligeras expresiones del presidente Gustavo Petro al considerar que el plan terrorista del ELN es un engaño. La Fiscalía será la que verificará con su investigación la hipótesis que tiene elementos probatorios”, recalcó el fiscal en declaraciones a la revista Semana, de Bogotá.
“Las expresiones del presidente Petro me preocupan tanto como el plan de atentado del ELN. Si eso le pasa al Fiscal, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano?”, puntualizó.
Tras sugerir que “creo que al que están engañando es al presidente Petro”, explicó que “no le están contando toda la verdad”.
“Este asunto, que es muy grave para el país, no se resuelve descalificando, sino asumiendo con responsabilidad lo que le corresponde al jefe de Estado y al ministro de Defensa”, señaló.
La vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera, atizó el choque con Petro al asegurar el pasado miércoles en rueda de prensa que “si la inteligencia de este país sale a desmentir un probable atentado contra tres personas, es una situación que nos pone a nosotros en un riesgo total en la seguridad de nuestro país”.
“Fuentes confiables entregaron detalles sobre el plan que estaría realizando la guerrilla del ELN para atentar contra la vida del jefe del ente investigador. Las fuentes detallaron que un comandante del ELN estaría moviendo su gente de confianza, reclutando y tramitando más de tres mil millones de pesos para la realización del plan”, insistió.
“Decir que no existe información de un atentado” contra Barbosa, Cabal y Zapateiro es un elemento de “preocupación para Colombia”, advirtió.
Barbosa basó su sorpresivo reporte de peligro a su vida en “tres fuentes de información”—inteligencia militar, policía judicial y Fiscalía—y reveló que, en julio de este año, hubo una reunión de “cinco altos mandos del ELN” en Venezuela, donde habría adiestramiento a guerrilleros para “un atentado con francotiradores”.
Dinero sucio
En el fondo del pleito Petro—Barbosa persistió el escándalo que estalló el 3 de este mes, cuando la Fiscalía reveló que Nicolás Petro, hijo del presidente, aceptó que recibió dinero del narcotráfico y otros orígenes ilícitos y lo infiltró a la campaña electoral por la presidencia de su padre en 2022. “No es casual” que ese día, el iniciarse el cese de hostilidades bélicas, “la Fiscalía haya lanzado la noticia” del hijo del gobernante, planteó el ELN.
El cuatrienio de Petro—primer presidente izquierdista de ese país—inició el 7 de este mes su segundo año bajo el asedio de las tormentas por el denunciado financiamiento electoral ilegal. El presidente reiteró insistentemente su inocencia y la limpieza de su campaña.
Petro hijo y su exesposa, Daysuris Vásquez, también presuntamente involucrada en el caso de las donaciones del narcotráfico, “seguirán siendo fuente de escándalos” para el Jefe de Estado, anticipó el abogado y socio—economista colombiano Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia.
“Si se siguen las distintas cuerdas serán muchos los que terminen en la cárcel”, pronosticó Nieto a EL UNIVERSAL.
“La Fiscalía no puede aflojar. El principio de oportunidad solo tiene sentido si caen los peces gordos”, narró.
