Bruselas.— El Comité de Naciones Unidas sobre Desaparecidos (CED, siglas en inglés) inició en Ginebra su sesión ordinaria con la propuesta de hablar a puerta cerrada sobre el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Está previsto que en ese contexto se toque el tema de México, país al que se le activó dicho artículo en abril de 2025 con el objetivo de determinar si hay indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática.
De confirmar esta situación, el Comité llevará la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de adoptar las medidas pertinentes con carácter urgente. Entre colectivos de defensa de las garantías individuales y familiares de víctimas existe la confianza de que a la “brevedad” el caso será transferido.
Entre las últimas comunicaciones enviadas a los miembros del comité, encabezado por el ecuatoriano Juan Albán Alencastro, para reforzar la sospecha de que en México hay una crisis de desaparición forzada, se encuentra una misiva enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, por más de 60 organizaciones civiles y decenas de académicos, activistas y familiares de víctimas. El documento reporta al titular de la ONU que un informe fue entregado al Comité con información que demuestra que en México existe una situación generalizada de desapariciones en diversas regiones y la impunidad es casi absoluta.
Reconoce que México ha modificado la ley para adecuarla a los compromisos asumidos en la Convención, creado instituciones, centros de identificación humana, fiscalías especializadas y un sistema nacional de búsqueda. “No obstante todos los cambios normativos, la falta de recursos humanos y financieros y la omisión de atender la problemática desde una perspectiva estructural, como ha recomendado el CED, los resultados han sido pocos”. Por ejemplo, existen más de 72 mil cuerpos y miles de fragmentos óseos sin identificar acumulados en instalaciones gubernamentales, y sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025. Señala que, pese a visitas de relatores de la ONU, comunicaciones individuales y observaciones emitidas desde 2019, las desapariciones continúan y en escala ascendente. En 2024 ocurrían a un ritmo de 26 al día, mientras que en el primer semestre de 2025 a más de 45 diariamente.
Asegura que la desatención del Estado mexicano por prevenir y hacer justicia en la materia se ve reflejada en el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones del CED. También se hizo evidente en la “reacción muy agresiva por parte del Estado” al anuncio del CED de iniciar el procedimiento del artículo 34.
“Se espera que en breve el CED se dirija con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de su oficina (…) sugerimos proponga a la Asamblea General su aprobación para la creación de un mecanismo internacional de apoyo al Estado mexicano, con participación de la sociedad civil (...) Se esperaría que, con el apoyo y supervisión internacionales, el Estado mexicano responda positivamente para crear mecanismos conjuntos que prevengan y erradiquen de fondo las causas de las desapariciones, garanticen la verdad, la justicia, la reparación, la búsqueda en vida y la correcta y rápida identificación de cuerpos y restos humanos”.
México registra 133 mil personas desaparecidas entre enero de 2006 y marzo de 2026 y encabeza la lista global de peticiones de búsqueda de acción urgente emitidas por el Comité. De 2012 al 16 de septiembre, el país ha sido objeto de 779 solicitudes, por delante de Irak, que acumula 663 casos. México concentra 37% de todos los llamados de auxilio judicial emitidos por el órgano internacional.
El último informe sobre las peticiones de acción urgente señala: “El Comité valora el empeño demostrado por las autoridades de Colombia, Ecuador y México, que queda reflejado en la información detallada aportada en sus respuestas (...) No obstante, al Comité le preocupa especialmente que algunas respuestas sean meras respuestas estándar y no proporcionen ninguna información sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes para buscar a las personas desaparecidas, esclarecer su paradero e investigar la presunta desaparición”.
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