Cobrar multas a deportados, la misión imposible de Trump

Miami.— El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere que los migrantes sigan pagando las consecuencias de su estancia irregular en Estados Unidos incluso después de haber sido deportados. Su política migratoria ahora incluye buscarlos en los países donde están rehaciendo sus vidas para reclamarles multas que dejaron pendientes.

Con ese propósito contrató a cuatro empresas privadas que operarán en México, Guatemala y Honduras, con un presupuesto máximo de 36 millones de dólares. Sin embargo, Washington mantiene sin explicar cómo pretende obligarlos a pagar en territorios donde la autoridad y las leyes estadounidenses no aplican.

Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group obtuvieron contratos por hasta nueve millones de dólares cada uno. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) encargó la operación, cuyas adjudicaciones fueron reportadas en agosto y contemplan dos años de servicios. “Lo que el gobierno -de Estados Unidos- está comprando es capacidad para localizar personas deportadas, verificar su identidad y hacerles llegar reclamaciones económicas que dejaron pendientes y que los mecanismos anteriores no consiguieron cobrar”, dice a EL UNIVERSAL el economista Iván González.

Los contratos obligan a las empresas a respetar las leyes del país donde reside el deudor y les prohíben representar judicialmente a Estados Unidos. En otras palabras, pueden ubicar a un deportado y entregarle una multa, pero no pueden quitarle su vivienda, descontarle dinero del salario o retirar fondos de una cuenta bancaria local. Para cobrar por la fuerza sobre esos bienes, el gobierno estadounidense necesitaría una vía legal admitida por el país correspondiente; los documentos disponibles no explican cómo conseguiría hacerlo.

El expediente identifica a 66 mil 387 personas expulsadas con multas o sanciones pendientes y menciona un monto estimado de 423 millones de dólares en cargos administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La búsqueda también incluye a quienes abandonaron Estados Unidos mediante salida voluntaria; no existe un desglose público que permita conocer cuántos mexicanos, guatemaltecos u hondureños serán buscados. “Es una operación de migración en el exterior”, cuya legalidad, al implicar a otros países, habría que revisar, explica la abogada de inmigración Ana González, “pero la falta de precisión impide medir cuánto afectará cada país y cuántas personas podrían recibir una reclamación estadounidense después de la deportación”.

Estados Unidos tiene más posibilidades de recuperar dinero cuando el afectado conserva bienes o tiene pagos pendientes dentro de la jurisdicción estadounidense. Según los requisitos legales de cada caso, las autoridades pueden acudir a tribunales o retener determinados pagos del gobierno, como devoluciones de impuestos. Esas facultades no se aplican automáticamente a una cuenta bancaria o un salario en México, Guatemala u Honduras. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, si el deportado tiene todos sus recursos en su país y rechaza pagar, localizarlo no basta para recuperar la deuda.

Las empresas ya iniciaron la búsqueda a partir de información proporcionada por Washington para confirmar dónde vive cada persona; podrán revisar domicilios y reunir comprobantes de residencia o empleo, lo que puede exigir visitas a las comunidades donde los deportados trabajan o viven. Project Salt Box documentó que, en julio, las tres agencias privadas que ya realizaban cobranza para la autoridad fronteriza no habían localizado a ningún deudor fuera de Estados Unidos. La nueva operación busca superar esa dificultad; las notificaciones podrán entregarse por distintos medios, incluido el correo electrónico. Para comprobar que llegaron al destinatario, la autoridad puede aceptar una respuesta con el número de seguimiento de la deuda, una fotografía de la persona o ambos elementos; no se exige una firma en todos los casos.

Las compañías cobrarán por verificar que encontraron a la persona correcta y que le comunicaron la reclamación. Su remuneración no depende de recuperar la multa.

“No le veo lógica a este sistema de aparente recuperación de dinero que va a tener un costo para los contribuyentes” de Estados Unidos, señala González.

El economista apunta a otro problema: ¿Cómo pagarían los deportados que no tengan cuenta bancaria en Estados Unidos?

El sistema previsto exige una cuenta estadounidense y, cuando las compañías preguntaron qué alternativa habría, la autoridad reconoció que no tenía otra. También rechazó darles más tiempo para preparar sus propuestas. El contrato permite que un familiar u otra persona pague por el deportado, lo que podría trasladar la presión a quienes permanecen en Estados Unidos; todavía falta saber cuántas familias aceptarían hacerlo. “Para alguien que perdió su empleo y salió de la Unión Americana deportado y está intentando sostenerse en su país, una reclamación de cientos de miles de dólares puede resultar imposible de pagar, incluso mediante parcialidades” subraya González.

Algunos deportados mexicanos ya recibieron cartas de cobro en México, según Juan Cuellar Torres, de la organización humanitaria Iniciativa Kino para la Frontera. Los avisos advierten que la deuda puede aumentar por intereses y ser considerada en futuras solicitudes migratorias. Esa advertencia puede presionar especialmente a quienes esperan volver legalmente a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración mexicano respondió el 8 de septiembre que no participa en el programa ni tiene conocimiento de él; tampoco anunció medidas para impedir o supervisar los cobros. Hasta el momento, no hay posturas oficiales equivalentes de Guatemala y Honduras. Sigue sin aclararse qué autoridades vigilarán a los cobradores extranjeros y dónde podrán denunciar los migrantes si reciben amenazas o reclamaciones indebidas.

La magnitud de las multas se explica, en parte, por el cobro diario que el gobierno trumpista aplica cuando considera que una persona incumplió deliberadamente una orden definitiva de deportación. La regulación publicada el 27 de junio de 2025 establecía un máximo de 998 dólares por día: a esa tarifa, un año representa más de 364 mil dólares. La norma también modificó el procedimiento para imponer las sanciones y dejó su revisión administrativa en manos del Departamento de Seguridad Nacional. “Se trata de multas por infracciones migratorias que no requieren una condena penal; recibir una reclamación de este tipo no significa que un tribunal haya declarado delincuente al afectado” subraya la abogada González.

El cálculo retroactivo de varios años ha producido cuentas superiores a 1.8 millones de dólares por migrante. La Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York examinó el programa mediante encuestas a 195 personas, entre afectados y representantes legales, realizadas durante abril y mayo. Su informe describe el propósito que atribuye a las sanciones: “Crear una cultura de miedo entre los inmigrantes tan intensa que elijan autodeportarse porque resulta imposible quedarse”. La investigación documenta inseguridad económica y dificultades para responder a las multas; González advierte que “solo pensar en una deuda de ese tamaño puede condicionar las decisiones, personales, familiares y legales mucho antes de que el gobierno consiga recuperar un solo centavo”.

Antes de exigir el pago, también debe resolverse si la multa fue impuesta correctamente. María L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, figuran como demandantes en una acción presentada el 20 de noviembre de 2025; sus abogados sostienen que recibieron sanciones enormes mientras mantenían contacto con las autoridades y buscaban vías legales para permanecer en Estados Unidos. Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de la Sociedad de Asistencia Legal, declaró entonces que “las personas a las que atendemos están haciendo exactamente lo que exige la ley: buscar protección legal ante tribunales y agencias de inmigración”. La demanda denuncia que las autoridades impusieron multas sin notificar adecuadamente, sin pruebas suficientes y con obstáculos para impugnarlas.

La deportación puede dificultar todavía más esa defensa; una persona podría recibir una exigencia de pago en su país sin haber tenido antes una oportunidad real de explicar por qué considera injusta o equivocada la sanción. “Desde el extranjero, resulta más difícil conseguir sus documentos, contactar a un abogado en Estados Unidos y responder dentro del plazo exigido”, señala la abogada.

Dick Durbin y Alex Padilla, senadores demócratas, reclamaron explicaciones el 17 de julio. “Una determinación individualizada es necesaria para notificar adecuadamente el fundamento de una infracción y ofrecer una vía efectiva para impugnar las sanciones”, escribieron. Cuestionaron que una antigua orden de expulsión sea suficiente para demostrar que alguien incumplió deliberadamente su obligación de salir. Algunas personas, señalaron, pueden tener autorización posterior para permanecer o solicitudes de protección pendientes. También preguntaron por el daño económico a familias con integrantes estadounidenses. Su exigencia consiste en revisar cada caso y comprobar que existen razones legales para imponer la sanción antes de iniciar el cobro.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional publicadas por Bloomberg, desde el regreso de Trump hasta el 16 de julio se emitieron más de 103 mil multas civiles por más de 84 mil millones de dólares; se habían cobrado 1.2 millones; ese balance corresponde al programa general, no exclusivamente a las deudas de quienes ya salieron del país. El abogado de inmigración David Leopold declaró a Bloomberg que “entrar en estos países y perseguir a personas que han sido deportadas es un paso más para aterrorizar a la gente sin motivo”. Durbin también cuestionó el gasto: “La administración Trump está malgastando dinero de los contribuyentes para perseguir a inmigrantes que siguieron sus instrucciones de abandonar el país”, dijo al medio WIRED.

En Guatemala, la abogada Ana Gabriel Urizar informó que dos mujeres que regresaron voluntariamente a principios de 2026 seguían recibiendo avisos sobre multas de 1.8 y 2.3 millones de dólares. “Nadie sabe cómo se calcularon esas cantidades ni si incluyen errores o cargos adicionales”, denuncia Iván González.

El temor a perder la posibilidad de regresar puede llevar a algunos migrantes a buscar dinero, aunque el gobierno no haya demostrado cómo les cobraría por la fuerza en sus países. La abogada González advierte que “si alguno de los migrantes fichados en estos cobros esperaba poder regresar legalmente a estados Unidos, recibir alguno de esos avisos perjudicaría una nueva solicitud y lo obligaría a buscar dinero para pagar”. Sin embargo, subraya que “liquidar la multa no le garantiza una nueva visa ni cancela las restricciones que pueda tener por sus antecedentes migratorios”.

Te puede interesar

Deportados de EU a Guinea Ecuatorial fueron arrestados y golpeados por la policía, acusa ONG; ven represalia en expulsión a ese país

España rechaza petición para frenar campamento de migrantes en Ceuta; persiste tensión por la crisis migratoria

Tribunal de apelaciones en EU restringe deportaciones a terceros países; "deben recibir previo aviso", advierte

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.