La lucha contra la violencia de género en el mundo registra uno de sus retrocesos más grandes por culpa de un hombre: Donald Trump.
Desde su segunda llegada a la Casa Blanca, el mandatario ha desmantelado una serie de instituciones, programas y recursos que tenían el objetivo de apoyar la lucha sobre derechos humanos y ayuda humanitaria, entre ellos el combate a las diferentes formas de maltrato hacia niñas, adolescentes y mujeres, pero ahora, sin fondos y personal de apoyo, esta contienda se verá enormemente afectada y nadará a contracorriente no sólo alrededor del mundo, también en México.
En julio, el mandatario cerró por completo las operaciones de la histórica Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), creada en 1961 y considerada durante décadas como el mayor distribuidor de ayuda humanitaria internacional. Desde entonces, redujo drásticamente su personal de 10 mil a sólo 294 empleados y la congelación de casi 100% de sus fondos, lo que ha impactado en la continuidad de muchos programas, incluidos aquellos relacionados con la violencia de género.
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De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno estadounidense financió cerca de 47% de los recursos humanitarios a nivel global en 2024, lo que representaba una cifra estimada en dos mil 300 millones de dólares. La falta de fondos afectará directamente a organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos feministas, redes de apoyo y asociaciones que apoyan a víctimas de violencia, y que necesitaban ese capital para subsistir y trabajar en esta lucha.
Internacionalmente, USAID aportó dinero a programas e iniciativas como la Estrategia WPS (Women, Peace and Security por sus siglas en inglés) o la Coalición para la Acción contra la Violencia de Género, liderada por OMS y ONU Mujeres, donde contribuyó a financiar acciones para erradicar la violencia.
Además, entregó recursos en 43 países, siendo América Latina una de las regiones que más apoyo recibió, al tener presencia de varios programas a través de diferentes organizaciones en Colombia, Perú, Ecuador, México y Centroamérica.
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Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, en 2018 impulsó el Programa de Mejora de Unidades de Atención a Víctimas, el cual tenía como objetivo mejorar la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Santo Domingo. Mientras que en 2021, en Bolivia, apoyó para realizar seminarios de formación e intercambio de experiencias en Cochabamba, dirigidos a autoridades y asociaciones locales para abordar este tema.
“El USAID era el financiador más grande de todo el mundo. Este cierre no sólo afecta a México o América Latina, también a otros lugares del mundo, y esto para las violencias de género y las violencias feminicidas también va a repercutir”, aseveró Carolina Aguilar, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.
En el caso de México, nuestro país era uno de los más apoyados por la agencia, ya que financió programas y proyectos de diversas organizaciones y gobiernos para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres, incluyendo el proyecto Ni Un Feminicidio Más, apoyado por el Centro de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, y el cual busca fortalecer la capacidad de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar este delito.
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El cierre de estas políticas también afectará a Estados Unidos. A través de su blog, la organización Humans Rights Watch advirtió que los recortes también serán un “boomerang” para el gobierno norteamericano, ya que en consecuencia, cientos de niñas y mujeres que buscan auxilio y huyen del maltrato se han quedado solas; señala que incluso se podría disparar el número de feminicidios en la Unión Americana a menos que se reviertan estas políticas.
Un mensaje preocupante
Pero el cierre de USAID no sólo significa retirar dinero a organismos de otras latitudes, también manda un mensaje perturbador y preocupante para la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En palabras de Mary Kapron, investigadora en Amnistía Internacional (AI), dejar de financiar este tipo de programas incluso puede generar y reforzar discursos de odio, ya que estas acciones —y omisiones— envían una señal de que estos temas son irrelevantes, “pueden hacer pensar a las personas que no es un problema y eso está mal porque puede ligarse a discursos distorsionados”.
Adicionalmente, se percibe un discurso de que se pueden vulnerar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres para acceder a la búsqueda de justicia y una vida libre de cualquier clase de maltratos, sin que haya un castigo por parte de las autoridades y una impunidad flagrante en estos aspectos.
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Kapron también advierte que lo más preocupante de las acciones de Trump es que podrían influenciar a otros gobiernos o líderes mundiales para distanciarse de esta lucha contra la violencia, la cual mata cada 10 minutos a una niña o mujer a manos de su pareja u otro miembro de su familia alrededor del mundo.
Pérdidas de empleos y sin espacios para la atención
El apoyo que daba la USAID a organizaciones civiles, además de brindar ayuda humanitaria y combatir muchas desigualdades, permitía que estos espacios abrieran fuentes de trabajo para psicólogos, abogados o trabajadores sociales. Tras los recortes por el cierre tuvieron que despedir hasta 80% de su personal o algunos, cesar por completo. Al recortar este tipo de servicios, explica la investigadora de AI, como atención legal, psicológica o programas para niños, las víctimas se sentirán en completa indefensión, además de que las dejarán sin herramientas para enfrentar el camino y así como un duro golpe para su salud mental:“Hemos visto el cierre de muchos albergues, el primer impacto es el cierre de estos espacios, ya que sin ellos, sin estos espacios las personas no tienen a dónde ir, los impactos ya han sido gravísimos”, advirtió Kapon.
A decir de la investigadora de la UNAM, en algunos casos, dichos recursos representaban más del 50% de su presupuesto,y ahora al atravesar esta situación desfavorable, tienen que prescindir de personal especializado que ayudaba en esta lucha.
“Si se los recortan quedaron en un limbo económico severo”, advierte. Señala que al sufrir esos recortes, las instituciones beneficiadas tambien recortan: “Esto aplica a todos los albergues tanto en México como en Centroamérica: la mayoría hace recortes”, explicó.
Para Aguilar, cuando ya no hay un espacio donde las víctimas se puedan refugiar, quedan más expuestas tanto a las violencias de las que vienen huyendo como de las que se encuentran en el camino. Incluso esto, dijo, podría desencadenar en un aumento en las cifras de violencia de género, ya que al no haber albergues en donde puedan resguardarse se quedan expuestas y sin la ayuda necesaria que ofrecían estos espacios.
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Las otras pérdidas
Los recortes del USAID también afectarán el tener estadísticas y registros sobre el combate a la violencia de género. De acuerdo con las expertas, al cerrar estos espacios, las víctimas ya no podrán hacer denuncias, lo que va a limitar en términos de obtener datos y estadísticas de cuántas mujeres y niñas sufren maltratos.
“Nos va a limitar en términos de conocer números ya que antes estas organizaciones hacían estos cálculos a partir de las personas que recibían, pero ahora, al no tener la capacidad de hacer estos registros, no vamos a saber bien cuántas mujeres y niñas están sufriendo violencia y están desplazándose por este motivo”, aseveró la especialista en materia de género por parte de la UNAM.
Como la mayoría de estos datos venía de organizaciones de la sociedad civil y como van a tener menos personal, explicó, va a costar más trabajo conocer los datos más precisos, al menos de investigadores y organizaciones que trabajan directamente con estas mujeres.