Miami. Después de los actos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Angeles, California, donde hubo masivas muestras sociales en contra de las detenciones sin ordenes judiciales, pero especialmente por el nivel de violencia, Donald Trump ha colocado ahora, en el centro de su persecución gubernamental, a Chicago y otras áreas de Illinois con una amenaza que se mueve entre lo legal y lo político: invocar la Ley de Insurrección para imponer, por la fuerza, lo que define como “una fuerte presencia” federal en una ciudad que su propia administración describe como “zona de guerra”.
Desde la sala de máquinas de la Casa Blanca, la idea es sencilla y contundente: si las protestas, los cercos a instalaciones federales y las “obstrucciones” hacen “impracticable” la aplicación de la ley, el presidente Trump puede proclamar la insurrección, federalizar a las tropas y usar a la Guardia Nacional (GN) como policía. En la práctica, esa jugada colocaría a la GN de Illinois bajo Título 10, quitándosela de las manos al gobernador y subordinándola a un mando militar federal. En Estados Unidos cada gobernador está al mando de su propia GN, pero el presidente puede invocar determinadas circunstancias y relevarlo del mando.
Unos 200 soldados de la Guardia Nacional enviados por Texas se encuentran ya instalados en Chicago, listos para ser desplegados, y a ellos se suman otros 300 miembros de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días.
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Si el presidente Trump cruzara esa línea y usara la Ley de Insurrección, el procedimiento ordena una proclamación para dispersar a quienes se manifiesten públicamente pacíficamente en un plazo breve, incluidos quienes se reúnan durante una redada o detención para exigir a los agentes cualquier petición de legalidad; y después viene la activación de poderes que permiten emplear tropas federales para “ejecutar las leyes” cuando haya “obstrucciones” o “rebelión” que vuelvan inútiles los cauces ordinarios. Ese es el corazón de la Insurrection Act. “Todo esto puede sonar solo al discurso de un manual, pero en la calle significa que unidades bajo mando federal podrían cerrar accesos, patrullar perímetros, apoyar detenciones y sostener toques de queda” explica el politólogo Pablo Salas; “significa también que las barreras administrativas locales, como las llamadas ‘zonas libres de ICE’ que el alcalde de Chicago decretó para impedir que ICE monte bases en bienes municipales sin orden judicial, quedan en la línea de una orden federal superior”.
Pero si el gobierno ha convertido Chicago en zona de guerra, incluyendo las operaciones más agresivas que se han visto hasta ahora contra los migrantes, los demócratas la han hecho el bastión de su rebelión contra Trump.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, denunció lo que llamó “invasión de Trump… No hay razón para que un presidente envíe tropas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento o cooperación”.
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El 6 de octubre su fiscalía, junto con la ciudad de Chicago, presentó una demanda para frenar el despliegue; el alcalde Brandon Johnson blindó el terreno urbano con su orden ejecutiva: parques, bibliotecas, estacionamientos, escuelas y predios de la ciudad no pueden usarse como plataformas para aplicación civil de inmigración. “Los parques y las bibliotecas son para jugar, aprender y descansar, no para que ICE instale puestos de control”, dijo.
Ambos han prometido resistir, mientras en las cortes se define si Trump puede o no desplegar a la Guardia Nacional.
El choque comenzó con el anuncio de la Casa Blanca de la operación “Midway Blitz” para perseguir a quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) califica de “los peores de los peores”.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y ICE han protagonizado redadas diarias en el área metropolitana de Chicago. “Jamás creí ver algo así en mi ciudad, pero, además, ejecutado por nuestras autoridades” comenta a EL UNIVERSAL un testigo.
La imagen que resume lo que está pasando es la de la entrada nocturna, el sábado pasado, en South Shore, con helicópteros sobrevolando, con un descenso en una azotea, con granadas aturdidoras, puertas reventadas y 37 arrestos.
El gobierno afirma que en el edificio había gente del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana a la que designó Organización Terrorista Extranjera. Pero los vecinos lo cuentan de otra manera; Ebony Sweets Watson vio “niños salir desnudos y separados de sus madres” y Pertissue Fisher, ciudadana de 54 años, preguntó con la voz aún temblorosa: “Tengo hijos y nietos.Si me hubieran matado, ¿quién va a responder?”.
Al día siguiente, cuatro personas fueron detenidas en el refugio Bright Star de Bronzeville; su directora habló de un episodio “traumático” que cambió el pulso del barrio. Los agentes no han dudado en usar agentes químicos en sus persecuciones, incluso cerca de escuelas; en Cicero, un grupo terminó esposado en fila en el estacionamiento de un Walmart antes de subirlos a camionetas sin rótulos. En el registro quedó también Franklin Park, donde el 12 de septiembre un agente disparó y mató a Silverio Villegas González de 38 años, minutos después de dejar a sus hijos en la escuela. La versión oficial dice que embistió con su auto a un agente; los videos y un testigo hablaron de una huida en reversa y “un corte menor” en la rodilla del agente.
La concejal de Chicago Jessie Fuentes terminó esposada en un hospital por haber pedido a los agentes que irrumpieron en el lugar que mostraran una orden judicial para detener a una persona que se había roto la pierna mientras era perseguida.
El director interino de ICE, Todd M. Lyons, le escribió a la alcaldesa de Broadview que los cánticos de “shoot ICE” (disparen al ICE) y los intentos de irrumpir en la instalación “no pueden verse como protesta pacífica” y lanzó un ultimátum: o “siguen siendo parte del problema” o “se unen a la solución”.
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El mando itinerante del CBP, Gregory Bovino, admitió que, en el centro de Chicago, la selección de a quién detener se hizo “en parte por cómo se ven” una declaración que fue confirmada a EL UNIVERSAL por parte de un agente activo de CBP. Esto incendió la discusión sobre perfilamiento racial y que hoy aparece citada en demandas y quejas.
La resistencia en Chicago no viene solo de los demócratas. La ACLU de Illinois (Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo estatal) advirtió que los oficiales federales “no deben responder a actividad amparada por la Primera Enmienda con fuerza física ni disparando proyectiles”, y calificó de “último escalamiento” el intento de mandar a la GN a Chicago “para intimidar y enfriar la protesta”.
Desde el Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, Hina Shamsi dijo que el plan “pone a la Guardia Nacional en riesgo legal y ético” al provocar conflicto con gente que ejerce derechos protegidos. “No se trata de una opinión personal, en los tribunales, cada gas lacrimógeno y cada bala de pimienta lanzados o disparados se vuelve un señalamiento para una demanda” comenta a este diario uno de los abogados de ACLU.
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El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC) y la ACLU presentaron recursos en los que Mark Fleming, director Asociado de Litigios Federales en el NIJC, describe “arrestos cada vez más violentos y peligrosos… sin respeto por la seguridad ni los derechos constitucionales”.
The Resurrection Project (TRP) trata de convertir el miedo en esperanza de justicia. Su vicepresidenta, Eréndira Rendón, asegura que “no permitiremos que este terror se barra bajo la alfombra”. El Gremio Nacional de Abogados de Chicago (NLG) documentó lo que llama “violencia severa” contra quienes protestaban en Broadview, con “uso indiscriminado de gas lacrimógeno y balas de pimienta”, lo que dejó gente con problemas respiratorios, erupciones químicas y moretones. “Esos son los expediente civiles que va a llegar a los jueces mientras Trump habla de “insurrección”.
El DHS presume más de 900 arrestos desde septiembre y habla de “depredadores”, “traficantes” y “pandillas”, con el Tren de Aragua incluido. Pero la transparencia no acompaña lo dicho; solo se han dado a conocer alrededor de 50 nombres de detenidos con delitos graves en listados públicos; el resto han sido fichados por su estatus migratorio. Activistas y periodistas han identificado incluso ciudadanos estadounidenses entre los detenidos.
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Para Trump, Chicago es un símbolo que le permite mirar más lejos: Los Ángeles y California en general, junto a su ley santuario estatal, son el otro epicentro donde choca su agenda. Allí, la alcaldesa Karen Bass criticó la militarización urbana como una medida que “provoca” y erosiona la confianza y el Ayuntamiento consolidó su condición de ciudad santuario con límites estrictos a la cooperación con ICE. El mensaje político es que, si la Insurrection Act se planteara como herramienta de presión contra bastiones demócratas, la respuesta será institucional (demandas, ordenanzas, control del espacio público y comunitaria; así como líneas de apoyo, verificación de abusos y defensa legal).
El alcance real de Trump contra los estados demócratas se medirá en esa doble vara: lo que la ley permite y lo que los jueces toleran. Con Oregon marcando límites e Illinois activando su defensa, invocar la Insurrection Act luce como un salto jurídicamente frágil y políticamente costoso. Puede ser un megáfono para reforzar el relato de mano dura, pero en el terreno abre la puerta a un rosario de suspensiones, audiencias y órdenes que recortan, una por una, las pretensiones de “enviar tropas a cualquier lugar, en cualquier momento”
Chicago, mientras tanto, actúa como laboratorio y baluarte donde un extremo, el gobierno, recurre a toda su violencia para aplicar sus operativos migratorios y amenaza con ir más allá, mientras el otro busca proteger a la gente del ICE con “zonas libres” y demandas.¿Hasta dónde podría llegar Trump contra los estados demócratas? Salas responde: “En Chicago se está escribiendo, párrafo a párrafo, la contranarrativa legal y cívica que define cuánto de todo lo que estamos viendo resiste en una democracia que se dice la más fuerte y libre del mundo”.