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Brasilia. La Justicia brasileña comenzó a juzgar este martes a 10 militares acusados de planificar el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades, en el marco del intento de golpe liderado por el exmandatario Jair Bolsonaro, ya condenado a 27 años de cárcel.
El caso está directamente vinculado con el proceso que llevó a la sentencia dictada en septiembre pasado contra el líder de la ultraderecha, hallado culpable de conspirar para intentar impedir la investidura de Lula tras la victoria del actual mandatario en las elecciones de octubre de 2022.
Según una investigación de la Policía Federal que sirvió de base para las acusaciones formuladas por la Fiscalía, los 10 militares llegaron a planear asesinar a Lula, al actual vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes, quien en la época era el jefe de la Justicia electoral y hoy es relator del proceso.
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El juicio se desarrollará en la Primera Sala de la Corte Suprema, la misma que condenó a Bolsonaro, en cuatro sesiones que deberán concluir el próximo 19 de noviembre.
Los acusados de ese supuesto y frustrado magnicidio eran en su mayoría miembros de un grupo de élite del Ejército brasileño y, de acuerdo con la Fiscalía, llegaron a presentarle sus planes al propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando el líder de extrema derecha aún ocupaba la Presidencia.
"Las evidencias recogidas indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento del plan operacional" y que los militares vigilaban en esos días los pasos de Lula, Alckmin y De Moraes, con la meta de estar preparados para cuando se decidiera proceder con los asesinatos, sostuvo la Fiscalía General en sus acusaciones.
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La investigación se apoyó en "los registros de entrada y salida de visitantes al Palacio de la Alvorada", residencia oficial de la Presidencia, en "el contenido de diálogos entre interlocutores del núcleo próximo" del líder ultraderechista y en el "análisis de fechas y reuniones" celebradas en la época.
El autor intelectual de ese plan, bautizado como "Puñal Verde Amarillo", habría sido el general de la reserva Mario Fernandes, que entonces ejercía como viceministro de la Secretaría General de la Presidencia brasileña.
Diversos documentos obtenidos por la Policía describen "todos los datos necesarios para la ejecución" del magnicidio, que incluía el uso de integrantes de un grupo de élite del Ejército, conocido como 'kids pretos', y armas de guerra contra vehículos blindados.
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Por los planes para impedir la investidura de Lula, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Jair Bolsonaro y otras 36 personas, todas en la época estrechos colaboradores del expresidente.
Hasta ahora, han sido condenados a penas de entre dos y 27 años de cárcel el propio líder de la ultraderecha y otros siete acusados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares.
La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de Bolsonaro y los otros siete reos, con lo que el proceso entró en fase de ejecución de la sentencia, lo cual pudiera ocurrir este mismo mes.
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En el caso de Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde agosto pasado por incumplir diversas medidas cautelares dictadas en el marco del proceso, se presume que será recluido en un penal de Brasilia.
Sin embargo, sus abogados ya han adelantado que solicitarán la manutención de la prisión domiciliaria, debido a que el expresidente tiene 70 años de edad y una salud debilitada por las secuelas de una puñalada que le asestó un enfermo mental en septiembre de 2018, en medio de la campaña para las elecciones que lo llevaron al poder.
Además de las consecuencias de ese atentado, hace dos meses le fue detectado un incipiente cáncer de piel, que reforzaría la petición de prisión domiciliaria que pretende presentar su defensa.
ss
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