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Baton Rouge, Luisiana. Autoridades federales informaron que tres jefes policiales actuales o anteriores de Luisiana están acusados de recibir cientos de sobornos a cambio de presentar informes policiales falsos que permitirían que no ciudadanos buscaran obtener una visa que permite que ciertas víctimas de delitos permanezcan en Estados Unidos.
Los informes falsificados indicarían que el inmigrante había sido víctima de un delito, afirmó el fiscal federal Alexander C. Van Hook en una conferencia de prensa en Lafayette. Dijo que los funcionarios policiales recibieron cinco mil dólares por cada nombre, para el cual proporcionaron informes falsificados, y que había cientos de ellos.
“Había una concentración inusual de robos a mano armada de personas que no eran de Luisiana”, dijo Van Hook, y añadió que hay dos acusados más en el presunto complot.
“De hecho, los robos a mano armada nunca ocurrieron”, manifestó.
A principios de este mes, un jurado federal de investigación en Shreveport presentó una acusación con 62 cargos en los que a los cinco demandados se les imputan delitos como conspiración para cometer fraude de visa, fraude de visa, soborno, fraude postal y lavado de dinero, dijo Van Hook.
Los acusados son el jefe de la policía de Oakdale Chad Doyle, el jefe policial de Forest Hill Glynn Dixon, el exjefe policial de Glenmora Tebo Onishea, Michael “Freck” Slaney, policía de Oakdale, y Chandrakant “Lala” Patel, un empresario de Oakdale.
Víctimas de delitos en EU pueden obtener visas temporales
Algunas víctimas de delitos, y sus familias, pueden ser elegibles para obtener visas temporales y, en algunos casos, para tener una vía a la ciudadanía.
Unas 10 mil personas obtuvieron estas “U-visas” en el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 2022, el más reciente para el cual el Departamento de Seguridad Nacional ha publicado datos.
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Estas visas especiales están dirigidas específicamente a víctimas de ciertos delitos “que han sufrido abuso mental o físico” y son "útiles para las fuerzas del orden o funcionarios gubernamentales en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas", según una descripción del programa publicada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
¿Corrupción? Programa de U-visas, susceptible de fraude
Al menos dos de los jefes policiales habían sido arrestados hasta la mañana del miércoles, cuando se realizó la conferencia de prensa, dijeron las autoridades.
Cuando se le preguntó sobre su papel en el caso, Lester Duhé, portavoz de la oficina del fiscal general de Luisiana, dijo que esa oficina ayudaba a los agentes federales con “actividades autorizadas por la corte”.
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Los jefes de policía actuales o anteriores trabajaron en pequeños municipios del centro de Luisiana, muy cercanos unos de otros. Se encuentran en una parte del estado que alberga múltiples instalaciones de detención de inmigrantes. Aunque Luisiana no comparte frontera con un país extranjero, cuenta con nueve instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que albergan a casi siete mil personas.
Medios de comunicación locales informaron haber visto a agentes del ICE y del FBI entrando en las casas de dos de los jefes.
Van Hook y otros funcionarios dijeron en la conferencia de prensa que los arrestos no significan que los departamentos de los jefes acusados sean corruptos.
En 2021, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) advirtieron que el programa de U-visas era susceptible de fraude cuando una auditoría de la Oficina del Inspector General reveló que no habían abordado las deficiencias en su proceso.
En la auditoría se encontró que la agencia aprobó varias firmas sospechosas de las fuerzas del orden que no se compararon con una base de datos de firmas autorizadas, según el informe de la oficina. Tampoco se dio un seguimiento riguroso a los resultados de los casos de fraude, el número total de U-visas otorgadas por año, y no se gestionaba efectivamente el atraso, lo que llevó a que las víctimas de delitos esperaran casi 10 años antes de recibir una U-visa.
ss/mcc
