Miami.— Con el ir y venir frustrante y apabullador del tema de los aranceles mundiales con los que Donald Trump parece divertirse a más no poder, el mundo ha dejado de voltear a ver cómo su administración ha desplegado una maquinaria de control migratorio sin precedentes. Ayer un juez de Estados Unidos autorizó deportar a Mahmoud Khalil, el activista que lideró las protestas propalestinas y, pese a que deportaron a un hombre por error, el gobierno de Trump se niega a rendir cuentas ante la justicia.
Bajo nuevas órdenes ejecutivas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) opera con una lógica de “disuasión por terror”: “Estaban en la puerta cuando abrí a las cinco y media de la mañana. Me preguntaron por mi esposo, no traían una orden judicial, sólo una lista con nombres. En medio de la sorpresa me esposaron a mí también, les pregunté qué sucedía, les dije que mis hijos eran ciudadanos. No me respondieron nada, no les importó”, contó Maribel a su abogado desde un centro de detención a donde fue llevada; es mexicana y madre de tres hijos que se quedaron en custodia de una vecina, en Dallas, Texas.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) acusan que estas acciones son una forma de “limpieza social preventiva”, donde la residencia prolongada o el arraigo familiar no ofrecen defensa.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) se justifica la política: “Ninguna presencia ilegal puede ser ignorada”, pero no es sólo una cuestión de estatus “porque están persiguiendo, deteniendo y deportando a todo no ciudadano, con o sin papeles, con o sin antecedentes penales”, dice a EL UNIVERSAL la ACLU.
Mientras, bajo la plataforma CBP Home, el gobierno estadounidense busca la autodeportación.
Abogados y defensores de derechos humanos consultados por este diario han coincidido con Clara Long, abogada del Human Rights First, quien dijo a este medio: “Estamos ante la criminalización retroactiva de la legalidad. Les están persiguiendo por haber seguido las reglas; ¿qué lógica hay en todo esto?”, pregunta la experta.
Una de las medidas más controvertidas de este periodo ha sido la reactivación de espacios extraterritoriales de detención para inmigrantes. Desde febrero, reportes de medios nacionales e internacionales reportaron oportunamente cuando el DHS ha transportado a migrantes hispanos a su base naval en Guantánamo, en Cuba.
Además, se ha confirmado que migrantes han sido enviados desde la base de Guantánamo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Ccecot) en El Salvador.
Los migrantes enviados han sido señalados de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, aunque organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado que muchos de ellos no tienen antecedentes penales y han sido detenidos arbitrariamente: “El problema no es sólo el encierro, sino que se realiza fuera del alcance de las cortes estadounidenses”, afirma Andrea González, abogada estadounidense de derechos humanos con experiencia en procesos migratorios.
Apenas ayer, una jueza federal criticó duramente a un abogado del gobierno de Estados Unidos que no pudo explicar qué ha hecho —en caso de que haya hecho algo— el gobierno de Trump para organizar el regreso de un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador. La jueza federal de Distrito Paula Xinis ordenó a Estados Unidos dar actualizaciones diarias sobre el estado de sus planes para traer de vuelta al hombre.
También, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) llegó a un acuerdo con el DHS para intercambiar datos confidenciales de los contribuyentes y ayudar a encontrar a inmigrantes indocumentados.
Ayer, The Washington Post informó que la administración de Trump ha incluido a más de 6 mil migrantes, en su mayoría de latinos, en la base de datos de gente fallecida, eliminando sus opciones para trabajar legalmente o solicitar beneficios sociales. La reverenda Anne Walsh, desde una red de iglesias metodistas en Arizona, comunicó que “han convertido el único puente de confianza que quedaba en una trampa. No se castiga la ilegalidad, se castiga el acto de confiar y de cumplir con una obligación como el pago de impuestos”.
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Desde marzo pasado, comenzó en los puertos de entrada el programa Huella Digital Extendida que ha permitido al DHS, CBP y ICE monitorear la actividad digital de no ciudadanos. Ayer también entró en vigor el registro obligatorio para extranjeros en Estados Unidos: “No importa lo que hagas. Importa lo que hayas dicho, compartido o pensado. Estamos ante una naturalización condicional sujeta a simpatía ideológica”, escribió la abogada Teresa León en un análisis publicado por Just Security.