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AUSTIN, Texas.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, enfrenta este martes la más grave amenaza a su accidentada carrera, cuando el Senado estatal empiece a debatir un juicio político que podría excluir al veterano republicano de la política tras años de acusaciones de corrupción.
La suerte de Paxton, de 60 años, está en manos de los republicanos del Senado estatal, con quienes sirvió antes de ganar las elecciones para fiscal general en 2015.
Un puñado de partidarios de Paxton en camisetas rojas hicieron fila en la madrugada a las puertas del Capitolio, esperando a que la policía abriera las puertas para poder entrar y presenciar el primer juicio político en Texas en casi medio siglo.
“Se trata de un pantanal político”, expresó Kaci Sisk, líder de un grupo de activistas cerca de San Antonio que se dedican a buscar candidatos a que compitan en las primarias contra los republicanos favorezcan el juicio a Paxton. “Todo esto ha sido un fraude desde el comienzo”.
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En esta era de polarización política, el proceso contra Paxton es un caso inusual de un partido tratando de disciplinar a uno de los suyos por acusaciones de corrupción.
Paxton, célebre por librar batallas legales de alto perfil en EU
El juicio de hecho es un repentino reproche a Paxton, quien se ha vuelto célebre al librar batallas legales de alto perfil, incluso al tratar de revertir las elecciones presidenciales de 2020, y quien obtuvo un tercer período en 2022 a pesar de que pesaban sobre él cargos estatales y una investigación del FBI.
La Cámara de Representantes estatal, dominada por los republicanos, votó abrumadoramente para iniciar el proceso a Paxton en mayo, en gran parte debido a denuncias de que usó su poder para ayudar a un acaudalado contribuyente a cambio de favores, incluyendo contratar a una mujer con quien Paxton tuvo una relación extramarital. Los 20 artículos de juicio político incluyen abuso de confianza pública, ineptitud para ejercer el cargo y sobornos.
La votación de 121 contra 23 inmediatamente suspendió a Paxton de sus funciones y lo convirtió en apenas el tercer funcionario en la historia de Texas en ser sometido a juicio político.
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