.- El Gobierno de Armenia acusó a Azerbaiyán de haber llevado a cabo “una limpieza étnica” en y denunció que “no queda casi ninguna persona de etnia armenia” en el enclave.

En una intervención en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir que se tomen medidas provisionales, Yeghishe Kirakosyan, representante de Armenia, exigió proteger a las personas de etnia armenia en el enclave.

Lo anterior mientras se celebre en el máximo tribunal de Naciones Unidas, en La Haya, el juicio por el caso que enfrenta a ambos países sobre la Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

La CIJ reservó este jueves para escuchar los argumentos de ambos países sobre la necesidad de imponer medidas provisionales para proteger a los armenios que aún residen en Nagorno Karabaj, por lo que los jueces no entraron a escuchar los argumentos legales sobre las discrepancias existentes alrededor de la convención contra la discriminación racial.

“Hace menos de nueve meses, subí a este podio y advertí de que Azerbaiyán estaba poniendo en marcha un plan para limpiar étnicamente Nagorno Karabaj de todas las personas de etnia armenia. Me duele mucho deciros que eso ya se ha materializado”, denunció Kirakosyan. Ese territorio separatista azerbaiyano de mayoría armenia será reintegrado en el sistema legal y administrativo de Azerbaiyán tras la victoria azerí en una operación militar en septiembre.

Lamentó que “después de nueve meses de bloqueos impuestos en flagrante violación de las órdenes judiciales”, el pasado 19 de septiembre, Azerbaiyán “lanzó un ataque a gran escala contra Nagorno Karabaj” y luego “abrió cínicamente el corredor de Lachín (enlace con el sur de Armenia) por primera vez en nueve meses para dejar salir a más de 100 mil personas de etnia armenia que huían” del enclave.

“A pesar de haber supuesto durante milenios la gran mayoría de la población de Nagorno Karabaj, hoy en día no queda casi ninguna persona de etnia armenia en Nagorno-Karabaj. Si esto no es limpieza étnica, entonces no sé qué lo es”, reiteró Kirakosyan.

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Azerbaiyán ya rechazó rotundamente esta afirmación al recalcar que la salida de los karabajíes de Nagorno Karabaj “es una decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzosa”, y que les pidió públicamente que se quedaran como ciudadanos de Azerbaiyán.

No obstante, los karabajíes rechazan cualquier forma de convivencia con los azerbaiyanos tras dos guerras por el control de Nagorno Karabaj en las últimas tres décadas y temen que sus derechos y su seguridad no estén garantizados si permanecen en el enclave.

De acuerdo con las autoridades armenias, 100 mil 632 karabajíes de los aproximadamente 120 mil que residían antes de la operación militar en Nagorno Karabaj abandonaron sus hogares desde el pasado 24 de septiembre, de los que un 99.3% ya ha sido registrado e identificado en Armenia.

“Todavía hay tiempo para evitar que el desplazamiento forzado de personas de etnia armenia se vuelva irreversible y para proteger a los pocos residentes de etnia armenia que permanecen en Nagorno Karabaj, así como a los que han sido secuestrados y se encuentran hoy detenidos ilegalmente en las cárceles de Azerbaiyán”, añadió el representante armenio.

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Entre las medidas provisionales que Armenia pidió a la CIJ están el exigir a Azerbaiyán que se “abstenenga de tomar cualquier acción que directa o indirectamente tenga como objetivo o efecto desplazar a las personas de etnia armenia” que siguen en el enclave, así como que no impida el “regreso seguro y rápido a sus hogares de las personas desplazadas durante el reciente ataque militar, incluidos aquellos que han huido a Armenia o a terceros países”.

También exigió “la retirada de todo el personal militar o agentes del orden de todas las estancias civiles” en Nagorno Karabaj, así como que se “facilite y no imponga condiciones al acceso de Naciones Unidas y de sus agencias especializadas a las personas de etnia armenia” en ese enclave.

La CIJ es el máximo tribunal de Naciones Unidas y se ocupa de las discrepancias entre Estados sobre el derecho internacional y, aunque sus fallos son legalmente vinculantes, el tribunal en sí mismo no tiene mecanismos de aplicación, por lo que el cumplimiento de sus sentencias queda en manos de la voluntad y el respeto de los países a estos fallos.

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