Miami.— Después de pasar meses intentando evitar la publicación de los expedientes del caso Jeffrey Epstein, el presidente estadounidense, , cambió de opinión y el miércoles firmó el proyecto, alegando que “no tenemos nada que esconder”. Se trata de un asunto explosivo para los , pero también para los demócratas.

El giro de Trump, afirma a EL UNIVERSAL el politólogo Pablo Salas, “no aplacó la tormenta que comenzó a hacer estragos entre los republicanos; lo que empezó como un expediente judicial se convirtió en un conflicto por el alma del Partido Republicano”. Los demócratas han puesto en el centro la cuestión de por qué los republicanos se han negado a difundir los documentos del caso, insistiendo en que sólo quien tiene miedo oculta.

Trump ahora dice que el caso Epstein es “otra estafa tipo Rusia, Rusia, Rusia, con todas las flechas apuntando a los demócratas”, refiriéndose a las elecciones de 2016, y afirma que “todos los amigos de Epstein eran demócratas. Los dos partidos tienen algo que perder.

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En el eje de la disputa dentro del Partido Republicano está la congresista Marjorie Taylor Greene, quien se rebeló al presidente, al empujar por la apertura total de los archivos. Trump la llamó “traidora” y “vergüenza para el Partido Republicano”. Greene respondió que a Trump “se le fue la cabeza”.

“Marjorie hace unos días quiso buscar una reconciliación, pero lejos de eso volvieron a romper y a soltar reclamos y adjetivos mutuamente”, señala Salas, y agrega que “lo que acaba de suceder con los señalamientos a los demócratas eleva el tema a un enfrentamiento sin reglas; ambos partidos están en el pantano de Epstein y ambos van a salir muy sucios”.

Pese a las declaraciones de inocencia de Trump, los documentos que ya se han dado a conocer le han causado más de un dolor de cabeza. La Casa Blanca ha tenido que desmentir nuevamente que Trump haya sabido de los actos criminales de Epstein, un financista acusado de abuso sexual y tráfico sexual de menores que se suicidó en prisión, en 2019, mientras esperaba juicio.

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Los republicanos ahora apuestan por desviar el escándalo y el costo político a los demócratas.

A petición de Trump, la fiscal general Pam Bondi anunció que encargaba al fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, una investigación específica sobre los vínculos de Epstein con adversarios demócratas del presidente, nombrando expresamente al expresidente Bill Clinton, al exsecretario del Tesoro Larry Summers y al empresario y donante Reid Hoffman.

Bondi lo presentó como una respuesta a las exigencias de transparencia, pero el propio despacho reconoció que, hasta ahora, ninguno de los demócratas mencionados ha sido acusado por las víctimas de haber cometido delitos; Clinton ha admitido que voló en el avión de Epstein, pero sigue negando cualquier conducta criminal, mientras Summers y Hoffman han expresado arrepentimiento por haber tratado con Epstein, y niegan haber participado en abusos.

Summers renunciará a la junta directiva de OpenAI y dejará de dar clases en Harvard tras aparecer en correos que lo vinculan con Epstein. El demócrata Ro Khanna, coautor de la ley que firmó Trump junto con el republicano Thomas Massie, dice que “publicar los archivos es una manera de unir al país, una nación que no puede exigir cuentas a hombres ricos y poderosos que abusaron de niñas ha perdido su brújula moral”.

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Massie puntualizó lo que está en juego para los republicanos, al decir que quienes votaran contra la publicación “quedarán grabados como quienes protegieron a pederastas”. Y fue igual de duro con la Casa Blanca, el Departamento de Justicia no puede invocar excepciones para esconder materiales por “vergüenza o sensibilidad política”, como ahora prevé el texto.

¿Qué pasa si los archivos nombran a Trump o a algún otro republicano o demócrata en hechos comprometedores? Según fuentes consultadas, primero hay que distinguir niveles probatorios. El memorándum conjunto del Departamento de Justicia y el FBI de julio de 2025 afirma que no existe una “lista de clientes” incriminatoria y que no se halló base para investigar a “terceros no imputados”. Eso no equivale a exonerar toda conducta, pero coloca el nivel probatorio muy alto y cualquier cosa que lo supere será noticia de primer orden.

En el terreno jurídico, la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia sostiene, desde 1973 y reafirmado en 2000, que “la acusación o procesamiento penal de un presidente en funciones socavaría inconstitucionalmente la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus funciones”.

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Eso significa que, “aun con hallazgos graves”, en caso de que hubiera acusaciones federales contra Trump “se pospondrían hasta que deje el cargo”, explica Salas.

En el fuero federal, los crímenes de abuso sexual contra menores tienen un régimen de prescripción ampliado: la ley permite procesar “durante la vida de la víctima o por 10 años después del delito (...)”, explica la Cornell Law School; todo depende de pruebas específicas, jurisdicción y si se trata de cargos federales o estatales, que no cubre un eventual indulto presidencial.

En el terreno político, un señalamiento sólido contra Trump activaría un juicio público de credibilidad. Hay tres ángulos sustantivos que determinarán si la liberación de los archivos Epstein es justicia o espectáculo, señalan analistas. El primero es el equilibrio entre transparencia y protección de víctimas.

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Como subraya la académica Rose Zoltek-Jick, “no se trata de elegir entre una cosa u otra. El deber del fiscal es con la seguridad pública”. Su alerta es que el tema de la seguridad de las víctimas no se use para encubrir fallas de rendición de cuentas.

El segundo ángulo es la cadena de custodia y la calidad probatoria. Jeremy R. Paul, exdecano de Derecho en Northeastern, recuerda: “Que alguien se haya relacionado con Epstein no significa que haya hecho algo ilegal”. El riesgo de sobrelecturas es real.

El tercero es financiero. De acuerdo con el propio Congreso estadounidense y el Departamento de Justicia, se deben priorizar anexos contables, órdenes de transferencia, reportes de actividad sospechosa y correspondencia bancaria, así, el relato se reescribe con números.

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Como Trump ya firmó la Epstein Files Transparency Act, el siguiente capítulo dependerá de la letra chica, qué se considera “clasificado”, cómo se cubre a las víctimas y testigos, y cuánta metodología, no sólo nombres, acompaña a cada etapa.

“Si publican los archivos poco a poco y sin un repositorio oficial con versiones claras, la gente va a desconfiar y se van a multiplicar los rumores; si publican en un solo sitio, con entregas regulares y explicando cada redacción, la gente va a confiar más. Si lo hacen caóticamente, la gente va a sospechar”, concluye Salas.

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