Amplían programa que regresa a México a solicitantes de asilo

Tucson.— El gobierno de Estados Unidos amplió a Arizona el polémico programa Protocolo de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), y un grupo de nueve venezolanos que solicitaron asilo en la frontera de Nogales ya fue enviado a Laredo, Texas, para ser devuelto a México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó oficialmente del primer caso de familias migrantes que fueron procesadas en Nogales bajo este programa, conocido como Quédate en México, que hasta ahora estaba activo en parte de California y Texas.

El pasado miércoles, tres unidades familiares y dos adultos originarios de Venezuela se presentaron en el puerto de entrada de Nogales tras cruzar a través de los carriles destinados a los vehículos, informó CBP en un comunicado.

Los migrantes que sean arrestados en la frontera de Arizona serán transportados hasta El Paso, Texas, donde serán enviados de regreso a México para esperar a que se complete su proceso de asilo político, como les ha ocurrido ya a decenas de miles de personas.

Esto fue lo que ocurrió con el grupo de nueve migrantes venezolanos, quienes, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ya fueron regresados a México.

La administración Trump anunció en enero pasado la implementación en parte de la frontera de este programa, cuyo futuro se analiza en las cortes después de que fuera denunciado ante la justicia por varias organizaciones.

La Corte Suprema permitió en julio que el controversial programa continuara mientras es debatido en las cortes inferiores.

Mientras tanto, la llegada de MPP a la frontera de Arizona con México ha causado un fuerte repudio entre grupos y defensores de los migrantes que por años han operado albergues para brindar asistencia.

“La actual política no proporciona protección a los más vulnerables; por el contrario, los ha puesto en un gran peligro al enviarlos a ciudades que no pueden asistirlos de forma adecuada”, afirmó el arzobispo de la Diócesis de Tucson, Edward J. Weisenburger.

La organización Human Rights First (HRF) publicó ayer un informe en el que se asegura que cientos de migrantes son “secuestrados, torturados, violados y violentamente atacados”, mientras esperan en México a que se resuelvan sus casos de solicitud de asilo en Estados Unidos, debido al programa.

El reporte indica que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones, de los cuales, al menos 138 son de raptos e intentos de secuestro de menores de edad.

A principios de esta semana, la Ciudad de Tucson, liderada por la primera alcaldesa latina de esta ciudad, Regina Romero, aprobó una proclamación para suspender la implementación del MPP.

La organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera también condenó la ampliación del programa Permanecer en México, en la frontera de Arizona calificándolo como un “intento más” de la administración Trump para dificultar aún más el proceso de solicitud de asilo político.

Las detenciones a migrantes con antecedentes de delitos graves ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años, a pesar de aumentar el número de personas sin documentos apresados para su deportación, según reveló un estudio difundido ayer.

El reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa, Nueva York, reflejó que en marzo de 2015 se detuvo a 7 mil 401 migrantes con antecedentes penales por delitos graves (47% del total); en abril de 2019 esa cifra bajó a 6 mil 48 personas (34%).