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Minneapolis, Minnesota. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Minnesota, a sus dos ciudades más grandes y un condado, por las llamadas políticas santuario que, según la agencia, interfieren con la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de migración.
La demanda presentada el lunes se dirige al estado, a las ciudades de Minneapolis y St. Paul y al condado Hennepin, que incluye Minneapolis. La demanda alega que sus políticas resultan en la liberación de criminales peligrosos que de otro modo estarían sujetos a deportación. La queja solicita a un tribunal federal que invalide las leyes y políticas estatales y locales que, según dice, impiden la aplicación de las leyes migratorias.
“Los funcionarios de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que los extranjeros ilegales eludan el proceso legal”, dijo en un comunicado la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
"Responderemos en los tribunales”, responden en Minnesota
Minnesota es la jurisdicción más reciente en ser objeto de la administración del presidente Donald Trump, que también ha demandado a Colorado, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y varias ciudades, incluidas Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva York y Rochester, Nueva York, por sus políticas.
El secretario de Justicia de Minnesota, Keith Ellison, expresó que su estado no está impidiendo que el gobierno federal colabore con las fuerzas del orden locales para procesar a individuos peligrosos.
“Esta demanda infundada es solo más represalia política contra Minnesota y responderemos en los tribunales”, manifestó en un comunicado.
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La demanda cita una opinión consultiva no vinculante que Ellison emitió en febrero, que decía que ni la ley estatal ni la federal autorizan a las autoridades estatales o locales a retener a individuos por órdenes de inmigración si de otro modo no estuvieran bajo custodia. La demanda dice que muchos condados citan esa opinión como una razón para no entregar a personas que podrían estar sujetas a deportación. El estado también prohíbe compartir datos de licencias de conducir para aplicar leyes migratorias, señala la demanda.
Minneapolis “acoge con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias"
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que su ciudad “acoge con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias que buscan oportunidades” y no retrocederá.
“Donald Trump ha construido su carrera atacando a los inmigrantes y dividiendo a los estadounidenses, y ahora está arrastrando a nuestra ciudad a los tribunales con una demanda motivada por el miedo y la política”, señaló Frey en un comunicado.
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El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue uno de los tres gobernadores demócratas convocados por un comité de supervisión de la Cámara de Representantes en junio para ser interrogados sobre las políticas de inmigración de sus estados. Walz rechazó la afirmación de que Minnesota sea un estado santuario. El estado no tiene una ley que proteja de la deportación a los inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente.
Sin embargo, Minneapolis, St. Paul y Hennepin restringen el grado en que sus oficiales y otros empleados cooperan con las leyes migratorias, señaló la demanda. La cárcel del condado Hennepin, por ejemplo, no retiene a personas únicamente por órdenes de detención administrativa de inmigración y no notifica a las autoridades federales de inmigración cuando se libera a individuos sujetos a esas órdenes.
No existe una definición legal de una jurisdicción santuario, pero el término generalmente se refiere a gobiernos con políticas que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. Los tribunales han ratificado previamente la legalidad de tales leyes.
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Minnesota estaba entre los 14 estados y cientos de ciudades y condados listados a principios de este año por el Departamento de Seguridad Nacional como “jurisdicciones santuario que desafían la ley de inmigración federal”. La lista fue eliminada posteriormente del sitio web del departamento después de críticas que señalaban que incluía erróneamente a algunos gobiernos locales que apoyan las políticas de inmigración de Trump.
ss/mcc
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