Vecinos desalojados del predio ubicado en Cuba 11 buscan impulsar iniciativa ciudadana para reformar leyes y códigos en CDMX

Vecinos desalojados hace dos meses del predio ubicado en la calle de Cuba 11, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, buscan presentar en próximos días una iniciativa ciudadana para reformar dos leyes y dos códigos de la Ciudad de México, a fin de que no se vuelvan a violar derechos humanos durante un desalojo, y que este no sea arbitrario.

Señalaron que previamente reunirán firmas de apoyo para que sea tomada en cuenta por el Gobierno capitalino, y "en su caso se pueda posteriormente convertir en una iniciativa ciudadana o en una Consulta Ciudadana".

Ahondaron que lo que se pretende reformar son la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, Código Civil capitalino, Código Penal local y Ley Registral de la Ciudad de México.

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En un pliego petitorio, las familias que fueron desalojadas el pasado 27 de agosto mediante supuestas irregularidades, solicitaron tipificar como delito el despojo simulado, cuando se utilice la infraestructura institucional para disfrazar despojos de desalojos.

Pidieron que un juez tenga la obligación de verificar la legalidad y de cuidar los derechos humanos de los afectados.

Así como la obligación para verificar que no existió fraude procesal previo a ordenarse o solicitarse un desalojo.

En caso de que se acredite un fraude procesal para la apropiación de un inmueble y que el mismo no sea reclamado por persona con derecho real de propiedad, se solicitará que se destine a vivienda social mediante el Instituto de Vivienda (Invi).

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También solicitaron que los desalojos sean la última opción, por lo que previamente se deberá "garantizar y comprobar que se hizo el esfuerzo por conciliar la entrega pacifica de un inmueble o el arreglo amistoso".

"Previo a cualquier ejecución de lanzamiento o desalojo se deberá informar con suficiente anticipación al Gobierno de la Ciudad de México y esté deberá publicar un informe en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que la orden sea pública", señalan.

Asimismo propusieron que "se deberá garantizar y comprobar que previamente las personas objeto del desalojo fueron oídas y vencidas en juicio y además notificadas de la orden de desalojo con un tiempo razonable para el retiro voluntario de un predio".

"Para que se pueda llevar a cabo un desalojo deberá contar con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Invi, de lo contrario no se podrá llevar a cabo", indicaron.

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