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Nicolás Romero, Méx.— Hace un año fueron encontrados 10 cuerpos sin vida dentro de dos fosas clandestinas en la comunidad de San Francisco Magú, las cuales presuntamente eran utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que derivó en la posterior detención de 11 elementos de la policía municipal, quienes están vinculados a proceso por homicidio y extorsión; sin embargo, aún no reciben sentencia.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los cadáveres fueron localizados como parte de las tareas de investigación a raíz de reportes de desaparición.
Entre mayo y junio de 2024 la fiscalía detuvo a 10 oficiales, a un exdirector de Seguridad Pública y 11 civiles más que estarían ligados a las fosas, con lo que dio inicio el Operativo Enjambre, que consiste en la captura de funcionarios públicos presuntamente involucrados con el crimen organizado.
Los 10 cuerpos —en estado de descomposición, maniatados y segmentados— fueron hallados en pozos, cuya profundidad era de 40 metros, por policías del Grupo Especial de Rescate Vertical y Alta Montaña, así como por elementos de los Servicios de Urgencias del Estado de México, según lo informado por la fiscalía mexiquense.
El día del hallazgo todo había comenzado como un operativo de búsqueda de personas, en el que también participaron funcionarios de la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem).
En una de las fosas hallaron seis cadáveres y en el otro, ubicado a pocos metros de distancia, encontraron otros cuatro cuerpos. Los 10 varones eran conductores del servicio de transporte por aplicación.
Los 11 elementos policiales de Nicolás Romero detenidos mediante órdenes de aprehensión por agentes de la FGJEM, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional marcaron el comienzo del Operativo Enjambre. Entre estos detenidos se encuentra Adrián Mauricio “N”, quien fungía como titular de la dirección de Seguridad Pública y fue aprehendido en enero de este año en el estado de Michoacán.
Todos los asegurados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social en Barrientos, en Tlalnepantla, vinculados a proceso, a la espera de una sentencia.
Las diligencias de la FGJEM establecen que las víctimas fueron arrojadas a las fosas aún estando vivas, presentando algunos de ellos signos de tortura, indicios que se obtuvieron también de imágenes extraídas de los teléfonos móviles que les localizaron a los arrestados.
