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A una semana de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, el 10 de septiembre, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha María Alcalde Luján, aseguró que se impulsará un proceso penal que priorice la reparación integral del daño a las víctimas; será a través de dicha institución que la empresa mantenga contacto con los familiares para el pago e indemnizaciones.
Dijo que, pese al deceso del conductor de la unidad, identificado como Fernando Soto Munguía —cuya muerte se confirmó la noche del 16 de septiembre—, la investigación y la causa penal continúan por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daños a propiedad.
Explicó que se investigan las condiciones operativas y el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa Silza, dueña de la pipa.
“Con base en estos elementos impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, dijo.
En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal detalló que la empresa ya compareció ante el Ministerio Público y ha colaborado con la investigación y manifestó disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas.
“Hasta el momento se han exhibido —como ya lo habíamos referido— cuatro pólizas de seguro vigentes que se ponen a disposición. No obstante, más allá de las pólizas de seguro, la empresa ha manifestado su voluntad de aportar recursos económicos propios para integrar los montos de reparación del daño”, expuso Alcalde Luján.
Ayer, Transportadora Silza afirmó a través de un comunicado que además de las cuatro pólizas de seguro vigentes que presentó ante la autoridad, destinará “recursos adicionales” para asegurar que las víctimas reciban una “reparación justa, digna y conforme a derecho”.
De acuerdo con la fiscalía, hasta el momento no hay denuncias por este hecho. Sin embargo, se han realizado 42 entrevistas con víctimas.
La fiscal dio a conocer que se instalaron cuatro ministerios públicos móviles en los hospitales Rubén Leñero, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el ISSSTE de Zaragoza y en Magdalena de las Salinas para recabar entrevistas con víctimas de la explosión.
Por su parte, Nadine Gasman, secretaria de Salud capitalina, informó que a las 10:00 horas de ayer miércoles había 20 fallecidos, 31 hospitalizados, de los cuales 15 se encuentran con diagnóstico de muy graves, y 33 personas han sido dadas de alta.
Apoyos
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un “comité de solidaridad”, que se encargue de recibir y administrar las donaciones y aportaciones para las familias de los afectados.
Hasta este 17 de septiembre, las autoridades han entregado 53 apoyos emergentes —algunos en coordinación con el gobierno del Estado de México—, de los cuales, 36 fueron para personas lesionadas (20 mil pesos cada uno) y 17 a familiares de personas fallecidas (por 50 mil pesos cada uno), precisó el secretario de Gobierno, César Cravioto.
