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El diputado local de Movimiento Ciudadano Royfid Torres presentó una iniciativa para que sea obligatoria la realización de una consulta a personas con discapacidad, pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, cuando una iniciativa o acto de gobierno afecte su cotidianidad.
En la exposición de motivos de esta propuesta se señala que actualmente existen varios instrumentos de participación de estos sectores, como la iniciativa ciudadana, la propuesta de modificación o el parlamento abierto, pero no se prevé una medida con la que se de cumplimiento a la consulta, de acuerdo a los lineamientos establecidos a nivel nacional e internacional, ni establezcan su carácter de obligatorio.
“Esta situación se agrava, pues al tratarse de los grupos de consulta existen en el país acuerdos con diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen la obligación a cargo del Estado someter a la opinión de dichos grupos su opinión y conformidad con las medidas que sean susceptibles de afectarles”, dijo.
Dicha obligatoriedad ordena al Congreso de la Ciudad de México, al ser ente del Estado mexicano, a implementar consultas previas en aquellos casos que sean susceptibles de afectar la esfera jurídica de los grupos de consulta, tal como indica el decreto publicado el 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la iniciativa pretende establecer directrices que habrán de ser observadas cuando se adopten medidas legislativas susceptibles de vulnerar los derechos humanos de las personas con discapacidad, los pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas y afromexicanas residentes de la CDMX.
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“La iniciativa va en aras de garantizar el derecho a ser escuchados de estos sectores, pero también que la legislación que se plantee desde el Congreso tenga una perspectiva que atienda las necesidades de estos grupos de población y no quedarnos con el contexto general amplio abierto de la de la ley, sino que tenemos la obligación de pensar y de atender particularmente a estos sectores por las necesidades especiales que podrían presentarse en diferentes legislaciones”, aseveró el legislador.
Dicha propuesta se trata también de un derecho humano, cuya titularidad no es imputable a un sujeto o en lo individual, sino a un grupo de personas que guardan una especial condición frente al orden jurídico nacional, a través del cual pueden expresar su consentimiento o conformidad con alguna medida estatal establecida.
Entre los ejemplos recientes de una afectación por la ausencia o falta de consulta están la falta de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuya consulta terminó en la misma Comisión de Movilidad ante la omisión de la correspondiente, mismo caso para la del Sistema Integral de Cuidados.
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